La Capitanía Marítima ha sancionado con multas de hasta 1.800 euros a más de 70 embarcaciones en el caño de Sancti Petri

Capitanía Marítima de Cádiz ha impuesto sanciones a más de 70 embarcaciones amarradas en el caño de Sancti Petri, con multas de entre 600 y 1.800 euros. Estas embarcaciones no habrían cumplido la normativa al no exhibir la señal de fondeo reglamentaria: una bola negra de 60 cm, exigida por el Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes en el Mar (RIPA).

El repentino endurecimiento de las inspecciones ha generado alarma entre los clubes náuticos de la zona, cuyas directivas y socios se declaran sorprendidos y descontentos por la falta de previo aviso. La medida ha provocado que en el mercado local se agoten las bolas de fondeo requeridas, ya que algunos propietarios comenzaron a adquirirlas para evitar sanciones adicionales.

Para muchos miembros de los clubes náuticos Gallineras, Chanarro y Sancti Petri, la actuación de Capitanía Marítima ha sido una sorpresa. Según uno de los afectados, nunca se había requerido formalmente la señal de fondeo, ya que el caño de Sancti Petri siempre ha sido considerado una instalación de amarre fijo. “Siempre se interpretó que no necesitaba cumplir con la normativa de señalización, pero ahora, sin previo aviso, nos encontramos ante sanciones que implican costos muy altos por cada embarcación", afirma uno de los afectados.

Este jueves, los presidentes de los clubes han convocado una reunión de emergencia, con el apoyo de asesoría legal, para evaluar los pasos a seguir y diseñar una respuesta coordinada a lo que consideran una medida administrativa excesiva y sin previo aviso, que se impone tras años de intentos por consolidar los permisos necesarios para la creación de campos de boyas autorizados en la zona.

Por su parte, Capitanía Marítima ha justificado su decisión señalando que esta medida responde a problemas de seguridad y preservación del entorno natural. En los últimos años, el caño ha registrado incidentes relacionados con el hundimiento de embarcaciones y la actividad sospechosa de algunas lanchas utilizadas para abastecer de combustible a embarcaciones involucradas en actividades ilícitas, además de la invasión de áreas protegidas en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

Pese a estas explicaciones, los afectados argumentan que esta actuación ha sido arbitraria. Manuel Herrero Villanueva, presidente del Club Náutico Sancti Petri, cuestiona los criterios de selección utilizados para imponer las sanciones. Según él, todas las embarcaciones sancionadas son de bandera española y, en su mayoría, de vela, mientras que otras embarcaciones cercanas, que tampoco cumplen con las normativas, no han sido sancionadas. “Se han centrado en barcos de vela y no en los de motor, sin una motivación clara”, comenta Herrero.

Asimismo, el presidente asegura que los clubes llevan años en diálogo con Capitanía Marítima y la Agencia Pública Puertos de Andalucía, con el fin de proponer proyectos de regularización de fondeos. A pesar de estas iniciativas, afirman que la falta de respuesta ha sido una constante. “Llevamos dos años esperando respuestas para nuestro proyecto de campos de boyas, y mientras tanto, esta sanción repentina afecta desproporcionadamente a quienes venimos trabajando en una solución a largo plazo”, señala Herrero.

El descontento entre los socios y presidentes es notable. Afirman que, de haber recibido advertencias previas, habrían podido realizar las adaptaciones necesarias, como la instalación de las bolas de señalización en sus embarcaciones. “Si se nos hubiera informado con antelación, podríamos haber cumplido con las normativas. Esto se siente como un acto injusto que ignora los esfuerzos que llevamos años haciendo por la seguridad y la legalidad en el caño”, expresa el afectado, quien añade que esta actuación tiene un efecto desmotivador entre los propietarios.

Llamado a una mesa de trabajo y demanda de medidas coordinadas

Los afectados insisten en la necesidad de una mesa de trabajo en la que participen el gobierno local, la Junta de Andalucía y Capitanía Marítima, para garantizar la regulación de los fondeos en el caño de Sancti Petri y dotar a los clubes de zonas de amarre claramente delimitadas.

Asimismo, acusan a Capitanía Marítima de falta de gestión en el control del canal de navegación y el uso del caño. El afectado comenta que, en otras ocasiones, Capitanía suele emitir avisos al inicio de la temporada sobre requisitos de seguridad, como el número de chalecos salvavidas y otros elementos de seguridad, algo que en este caso no ha ocurrido. La percepción general es que la actuación ha sido repentina y sin un criterio de fondo claro, lo que aumenta la frustración entre los propietarios.

Los afectados cuestionan la eficacia de los procesos administrativos y lamentan la falta de comunicación por parte de Capitanía y otras instituciones. Herrero manifesta que en estos momentos su club está a la espera de respuesta para la ampliación de la zona de amarre, algo que han solicitado reiteradamente en los últimos dos años.

Herrero señala además que, de haber sido avisados previamente, los clubes habrían iniciado las adaptaciones necesarias, como la colocación de las bolas de señalización. “Queremos soluciones, no enfrentamientos. La dejadez administrativa no puede seguir afectándonos a nosotros”, concluye Herrero.

La reunión de este jueves será clave para decidir las próximas acciones de los clubes y los afectados, quienes advierten que están dispuestos a emprender acciones legales si no se alcanza una solución satisfactoria.