Chiclana afronta con firmeza la reordenación de su territorio

Hasta hace casi tres años, la biblia que regía el crecimiento de cualquier localidad andaluza era su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Un municipio que quisiera cambiar su fisonomía o diseñar un nuevo modelo de ciudad debía tener un PGOU en vigor. Sin embargo, con la aprobación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) la cosa cambió. Obviamente, sigue siendo necesario un documento urbanístico que ordene el suelo, pero para ello se ha de utilizar, en lugar de uno, dos instrumentos independientes: un Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), que se refiere al suelo rústico, y un Plan de Ordenación Urbana (POU), que incluye el suelo urbano. Como se puede observar, esta norma establece también dos únicas clasificaciones de suelo: rústicos y urbanos.

Asimismo, es importante señalar que una de las ventajas que supone disponer de dos herramientas de este tipo radica en que impide la impugnación y anulación del planeamiento en su totalidad, como ha ocurrido en Chiclana, al igual que en otras muchas localidades andaluzas, provocando un efecto devastador en la ciudad.

Con estos mimbres y dada la situación que atravesaba el municipio, la Delegación de Urbanismo se puso de inmediato manos a la obra e inicio el proceso de licitación para la redacción de estos dos documentos, del que resultó adjudicataria la empresa Territorio y Ciudad. Actualmente, el POU es el que está más avanzado, debido, principalmente, a que es el que menos complejidad entraña, “el de la ciudad consolidada”, como lo calificó el alcalde, José María Román, el día de su presentación. No en vano, se refiere a tan solo 2.140 hectáreas de las 20.545 que componen la localidad. Ahora bien, no hay que restar méritos a sus redactores, ya que, si los procesos siguen el ritmo actual, posiblemente Chiclana se convierta en la primera ciudad de Andalucía en contar con este planeamiento.

Sin embargo, aún queda un arduo camino por recorrer y no todo depende de la voluntad de sus impulsores. Tras aprobarlo inicialmente la Junta de Gobierno Local el pasado 28 de octubre, fuentes municipales aseguran que actualmente el Ayuntamiento está diligenciando el POU y se dará cuenta de él en el pleno de noviembre, para su debate con los grupos políticos, que accederán a este con anterioridad.

Una vez que finalice el trámite administrativo, el plan se publicará en la web municipal, en el portal de transparencia, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y se establecerá un plazo de 45 días hábiles para la presentación de alegaciones, a la par, el Ayuntamiento solicitará los informes sectoriales preceptivos a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España.

Cuando se resuelvan las alegaciones, las admitidas junto a las indicaciones que recojan estos informes se incorporarán al documento urbanístico, que se enviará a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, para su aprobación y la emisión del Documento Ambiental Estratégico (DAE).

Superada esta fase, el POU ya se podrá someter a pleno para su aprobación definitiva por parte de la Corporación Municipal.

PGOM

El Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) tiene un recorrido similar al anterior, pero se halla más rezagado, tal y como se apuntó anteriormente. En concreto, aborda en estos momentos la etapa de avance y se encuentra publicado en la web municipal a título meramente informativo. En breve, se abrirá un periodo de consulta pública, en el que se podrán presentar sugerencias, a la vez que se enviará a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul para que formule el documento de alcance que, junto a las sugerencias, se incorporará a este.

Llegados a este punto, este instrumento para los suelos rústicos emprenderá el mismo recorrido que el POU, una tortuosa travesía que se iniciará con su aprobación inicial y finalizará, evidentemente, con su aprobación definitiva.

A pesar de que va más retrasado que el Plan de Ordenación Urbana, Chiclana también es de las ciudades andaluzas que más avanzado tiene este documento.

Sobre posibles fechas de entrada en vigor de ambos, fuentes municipales prefieren mantener cierta cautela al respecto. Y tiene lógica. La evolución del proceso depende de los informes sectoriales. En muchos casos, la ley no contempla plazos para la emisión de estos por parte de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. Pero, es más, incluso aquellos que sí los incluyen a veces se retrasan, tal y como ocurrió con el documento de alcance del POU, para el cual la Consejería de Medio Ambiente disponía de tres meses, que se dilataron hasta los trece.

Viviendas irregulares

Estos son a grandes rasgos los dos planes que determinarán el futuro del desarrollo urbanístico de Chiclana. Sin embargo, con esa reordenación del territorio en la que se encuentra inmersa la ciudad y en la que se trabaja desde el Ayuntamiento también se persigue dar solución a buena parte de las miles de edificaciones sin licencias que existen en su término.

No hay que olvidar que es uno de los que posee un mayor número de viviendas de este tipo, construidas año tras año en suelo rústico.

Para solventar este asunto, se contemplan dos herramientas que se incluyen en la LISTA: la ordenanza para la regulación de la situación de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO) y los Planes Especiales. Ambas, tal y como no se cansa de repetir el Ayuntamiento, permiten dotar a estos inmuebles de servicios básicos: luz, agua y alcantarillado, pero en ningún caso supone la regularización. La normativa AFO, administrativa y fiscal, se aprobó el pasado martes en el pleno. Es ide resaltar que con anterioridad se dio luz verde a la modificación de otra ordenanza, que incluía la posibilidad del pago fraccionado de las tasas correspondientes, con el objeto de facilitar a la ciudadanía su adhesión. Ya solo queda para su entrada en vigor que, tras las gestiones administrativas correspondientes, se publique en el BOP.

Unas 1.300 viviendas irregulares que tienen las acometidas de a pie de parcela podrán acogerse a esta medida y, de no hacerlo voluntariamente, el Ayuntamiento puede obligar a sus propietarios a ello, ya que la norma prevé que se actúe de oficio.

Por otro lado, para aquellas edificaciones que no tienen los suministros en las inmediaciones se han habilitado los Planes Especiales de Adecuación Ambiental y Territorial. Hoy por hoy, a instancias de las asociaciones de vecinos, se están desarrollando dos cercanos a la carretera de El Marquesado. El primero se sitúa en la zona de Campillo y camino Cártama, mientras que el segundo se ubica en los caminos Ardales y Navarrete. Con ellos, se beneficiarán unas 200 viviendas, en una superficie de 290.000 metros cuadrados.

Asimismo, desde el Consistorio, desvelan que actualmente hay aproximadamente una docena de estos que se encuentran en estudio.

Se ha de tener en cuenta que tanto las edificaciones que pretendan acogerse a la ordenanza de los AFO como a los Planes Especiales deben estar acabadas y el delito urbanístico prescrito, al haber transcurrido el plazo de seis años que marca la normativa.

Precintos

Por otra parte, en los últimos tiempos, tanto la Junta de Andalucía como el gobierno municipal han redoblado la presión para que la bolsa de viviendas ilegales no vaya en aumento en ela ciudad, al percibir un repunte de estas. Así, ambas administraciones en los últimos meses han procedido al precinto de parcelas en diversas zonas del diseminado.