A juicio dos empresarios por la muerte de un trabajador en un accidente en Chiclana
Tribunales Cádiz
El empleado, al que cambiaron el uniforme por ropa de calle antes de llevarlo a un centro de salud, carecía de contrato y de equipos adecuados
La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para cada uno de los acusados e inhabilitación para la gestión de sociedades relacionadas con la construcción
La Guardia Civil investiga a varios empresarios por el homicidio imprudente de un trabajador
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Cádiz/Enero de 2019. La Guardia Civil de Cádiz investiga a dos empresarios responsables de una mercantil de Chiclana dedicada al montaje de casetas por la muerte de uno de sus empleados durante la jornada laboral. El accidente de trabajo en el que A.S.S. pierde la vida con 42 años de edad ocurre seis meses antes, en julio de 2018. Queda atrapado en el mecanismo elevador de la carga de un vehículo fenwick. Tras el siniestro, al hombre lo despojan del uniforme de la empresa y lo visten con ropa de calle antes de llevarlo al médico. Cuando llegan al centro de salud de La Longuera, la información que se da a los facultativos de urgencia es que ha sufrido una caída fortuita, una versión que se mantiene hasta su traslado al Hospital Universitario de Puerto Real, donde fallece poco después.
Ahora los empresarios, el administrador y representante legal de la empresa y el gerente, se sientan en el banquillo de los acusados como responsables de un delito de homicidio imprudente en relación con un delito contra los derechos de los trabajadores. La Fiscalía pide para cada uno de ellos cuatro años de cárcel e inhabilitación especial para la gestión y administración de empresas relacionadas con la construcción.
En un principio, estaba previsto que el juicio se celebrase este mes de diciembre, sin embargo, la vista se suspendió y se ha terminado señalando para enero de 2025, esto es, dentro de un año, lo que da cuenta de la carga de trabajo y del elevado número de casos pendientes que se acumulan en los juzgados y tribunales de la provincia de Cádiz.
Sin prevención ni formación
En este procedimiento, la Fiscalía sostiene que 17 de julio de 2018 se encontraban trabajando en las instalaciones de la citada empresa cinco empleados, entre ellos A.S.S., “todos sin estar dados de alta como trabajadores asalariados”.
Además, “los acusados, como empresarios, no habían procedido a integrar la prevención laboral en su actividad, no habían realizado ninguna actuación en materia de prevención, no habían organizado actividad preventiva de ninguna de las maneras legalmente previstas y no habían cumplido con la obligación de informar y proporcionar instrucciones adecuadas a sus trabajadores”, a quienes, además, les entregaron “equipos de trabajo inadecuados e inseguros” como una carretilla elevadora, precisa el fiscal en sus conclusiones provisionales.
Sobre las 19:00 horas, prosigue el escrito de calificación de la acusación pública, A.S.S. y otro trabajador se encontraban descargando un camión de la empresa con una carretilla marca Mitshubishi sin matrícula ni placa identificativa ni documentación alguna. En un momento dado, el compañero se ausentó por un breve periodo de tiempo en el que A.S.S. quedó atrapado entre el mástil y el pórtico de seguridad de la carretilla, lo que ejerció sobre él “una presión que terminó causándole la muerte”.
En el transcurso de la investigación de esta causa fue imprescindible que especialistas del Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal de Cádiz detectaran durante la práctica de la autopsia que las lesiones que le provocaron la muerte a A.S.S. no se correspondían con una simple caída fortuita. Por ello, ante la posibilidad de que pudiera tratarse de un homicidio, alertaron a la autoridad judicial para que ordenase una investigación.
Asimismo, a finales del mes de octubre de 2018 los familiares del empleado fallecido presentaron una denuncia ante la Inspección de Trabajo.
Las primeras actuaciones de la Guardia Civil derivaron en una propuestas de sanción ante la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana y ante la Inspección Provincial de Trabajo, habida cuenta del desprecio que los responsables de la empresa demostraban en cuanto a la normativa vigente en materia de riesgos laborales.
La investigación de la Benemérita permitió conocer que el fallecimiento del trabajador se debió a una nula formación en el manejo de la maquinaria que estaba utilizando, así como una carencia absoluta de prendas de protección personal, planes de seguridad o planes de evacuación.
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