La ordenanza para la regularización de viviendas entra en vigor en Chiclana

Chiclana/El proceso de regularización de viviendas es ya una realidad, desde que el pasado viernes 28 de septiembre el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicara la nueva ordenanza encargada de regular este procedimiento, una normativa que, una vez superado este trámite, entró en vigor al día siguiente, el sábado 29.

Una vez en vigor este importante marco legal, con el que se inaugura una etapa histórica para el diseminado de la localidad tras décadas de promesas, proyectos e intentos infructuosos por dar solución a uno de los problemas más importantes del término municipal, el de las viviendas irregulares y su acceso a los servicios básicos, comienza ahora la primera fase del proceso, la que permitirá a los propietarios de 635 parcelas de diferentes zonas del extrarradio acceder a las redes de saneamiento y abastecimiento, si así lo solicitan.

Para ello, desde el Consistorio se pone en marcha a partir de ahora unja campaña de información para hacer llegar a estos propietarios las posibilidades con las que cuentan en sus zonas, los trámites a seguir y el coste del proceso en cada caso concreto. Cabe recordar en este sentido que, según los cálculos hechos públicos en varias ocasiones por parte del equino de gobierno y reiterados hoy por la portavoz municipal, estos costes estarían en torno a los 9.000 euros de media para una parcela de unos 500 metros cuadrados, en lo que a la urbanización primaria para acceder a las redes de abastecimiento y saneamiento se refiere, y unos 21.000 euros para la totalidad del proceso.

Así lo han anunciado la portavoz del equipo de gobierno y delegada municipal de Diseminado, Cándida Verdier, y la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, congratulándose en primer lugar por la puesta en marcha definitiva de un proceso que calificaron de “clave para el futuro de la ciudad y para los miles de propietarios del extrarradio”.

“A partir de ahora, 635 parcelas podrán incorporarse de forma inmediata a este proceso para acceder a los servicios básicos, siendo éstas las que se encuentran al borde de los suelos urbanos de la localidad”, explica Verdier a este respecto, al tiempo que recuerda que “éste es un proceso voluntario, ya que la ordenanza recoge la posibilidad de que la administración actúe de oficio pero no es intención municipal hacerlo en estos momentos, por lo que ya estamos trabajando junto con los técnicos municipales para informar a los propietarios que se encuentran en las zonas afectadas por esta primera fase del proceso para que aquel que lo desee pueda incorporarse al mismo, de forma que en los próximos meses tendría acceso a los servicios básicos una vez completados los trámites necesarios”.

Quedarían así para una segunda fase del proceso aquellas viviendas que no se encuentran al borde de los suelos urbanos, para las que los trámites son más laboriosos, según explica la delegada de Urbanismo, “circunstancia pese a la cual ya tenemos varias solicitudes de propietarios de estas zonas para incluirse en el proceso y ponerlo en marcha en la mayor brevedad”, asegura González.

Por otra parte, Verdier insiste en que se están buscando la mejor fórmula para encontrar una respuesta acorde con las demandas planteadas por los afectados sobre uno de los aspectos que mayor controversia ha generado en este proceso, los cambios introducidos en la ordenanza en relación con el 10% del aprovechamiento tras las alegaciones. A este respecto, la portavoz municipal explica que “estamos buscando junto con los técnicos la forma de poder revertir el ahorro del 10% del aprovechamiento en los costes una vez que nos vemos obligados por la normativa vigente a derogar el acuerdo inicial sobre este asunto con los vecinos y firmar uno nuevo”. Queda por tanto por concretar de qué concepto se restaría dicho ahorro, ya que tras las alegaciones presentadas y los cambios introducidos por la regulación vigente este abaratamiento quedó descartado para su aplicación en lo que a la primera fase de la urbanización respecta.

En este sentido, cabe recordar que este extremo fue uno de los que más quejas suscitaron por parte de los propietarios afectados tras el anuncio de la aprobación definitiva de la ordenanza, una vez incorporadas las alegaciones estimadas, unas discrepancias que llevaron a los colectivos de vecinos a anunciar la creación de una plataforma que aglutine a los propietarios de todas las zonas afectadas para negociar éste y otros aspectos. Por su parte, desde el equipo de gobierno se ha insistido en reiteradas ocasiones, la última durante la intervención de hoy, en que el proceso se ha desarrollado en todo momento de la mano de los afectados y que éstos estaban informados de los cambios y de las obligaciones impuestas por la normativa aplicable.