El PP de Chiclana llevará a Pleno solicitar la derogación del nuevo registro obligatorio de viajeros
Asegura que “está generando un creciente descontento entre los operadores hoteleros, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos de nuestra localidad”
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El Partido Popular de Chiclana anunció hoy que ha presentado al Pleno del Ayuntamiento una propuesta para instar al Gobierno central a derogar el Real Decreto 933/2021, del 26 de octubre, que regula el nuevo registro obligatorio de viajeros, que deben cumplir las agencias de viajes, empresas hoteleras y de arrendamiento de vehículos a motor.
Esta normativa, que afecta especialmente al sector turístico, “está generando un creciente descontento entre los operadores hoteleros, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos de nuestra localidad”, aseguraron desde la organización política.
El PP añadió que “impone una carga administrativa desproporcionada y una recolección masiva de datos personales, que ponen en riesgo tanto la privacidad de los turistas como la competitividad de nuestras empresas locales”
En opinión de su presidenta, Ascensión Hita, “la normativa es un ataque directo del gobierno de Pedro Sánchez al turismo de calidad, imponiendo barreras que otros países europeos no exigen y dejando a nuestras empresas en clara desventaja”.
Según el PP, dicho decreto “exige recopilar hasta 80 datos en el caso de empresas de alquiler de vehículos y más de 40 en los alojamientos turísticos, algo que, además de dificultar la operativa diaria, vulnera derechos fundamentales como la privacidad y la intimidad de las personas”.
Por su parte, para la vicesecretaria de Turismo, Deportes y Juventud del PP de Chiclana María José Campos, exigió “al Gobierno Central que establezca canales de diálogo con los operadores hoteleros, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos, que son los principales perjudicados. Además, es necesario que se aceleren las modificaciones necesarias para contrarrestar sus efectos en la principal industria de la ciudad”.
En este sentido, para María José Campos, “este decreto no solo afecta a los viajeros internacionales, sino también a los ciudadanos españoles que se desplazan por cuestiones laborales o vacacionales, incrementando las complicaciones administrativas y afectando negativamente a su experiencia”.
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