"El poder traducido en derechos" . José María González y David de la Cruz en Contexto

Para entender las movilizaciones de los trabajadores y trabajadoras de la Bahía de Cádiz que sacuden hoy a la ciudad de Cádiz hay que remontarse en el tiempo. Y no una semana, con el último anuncio del cierre de la planta de Airbus Puerto Real. Ni tampoco a 2013, con los diez detenidos de Astilleros que exigían carga de trabajo. Ni siquiera a 2007, con el cierre de Delphi. Para entender estas movilizaciones hay que remontarse mucho más atrás. En concreto, a finales de la década de los setenta y principios de los ochenta.

Si hubiera que elegir una foto que ilustrara el conflicto, nos quedaríamos con una pintada en la carretera industrial. En el mismo escenario en el que hoy cortan el tráfico a la entrada de la factoría de Navantia, en la misma que hoy prenden el fuego que tanto sorprende en Madrid y que ha provocado que por fin pongan el foco en el sur, había por entonces una pintada en la fachada con dos palabras: “Felipe cabrón”.

Aquel Felipe era González. Aquel cabrón, en realidad, significaba traidor. Porque fue en aquellos años cuando se llevó a cabo la reconversión industrial de nuestra bahía que aún hoy arrastramos y sufrimos. Porque fue en aquel momento en el que pusieron la puntilla a nuestra tierra y la condenaron a un destino de precariedad, inestabilidad laboral y a una economía basada en un sector tan estacionalizado y tan frágil como el turismo, cesto en el que colocaron todos los huevos.

La reconversión industrial que puso en marcha el PSOE y que luego ha continuado y ha profundizado el PP trajo lentamente consigo el desmantelamiento de gran parte de la industria pesada. Aunque muchos y muchas piensan que fue un tajo limpio, no fue así. Se trató de una herida que, poco a poco, con el transcurso del tiempo, sigue desangrándonos hasta llegar ahora mismo. Cuando afirmamos que ha sido necesario el humo para que nos tengan en cuenta, nos referimos a esto: a un conflicto que lleva latente más de cuarenta años. A un verano y a unos últimos meses en los que se han sucedido las manifestaciones pacíficas, en los que hemos pedido una y otra vez una reunión con las ministras de Trabajo, Industria y Economía sin recibir siquiera una respuesta. Ahora, precisamente ahora, es cuando Nadia Calviño, por fin, se ha asomado al conflicto de Cádiz y no precisamente para apoyar a las plantillas.

En estos últimos meses, Airbus ha anunciado el desmantelamiento de la fábrica de Puerto Real. La única planta, curiosamente, que va a cerrar en toda Europa, pese a los 2.635 millones de euros de beneficios que tuvo la multinacional en el último año. Y a pesar de que ha sido una factoría modélica, con los mejores datos de absentismo a nivel mundial, apenas un 1%. El único motivo real es que se llevan la producción a Getafe, donde se han invertido 400 millones de dinero público. Pedidos y trabajo hay, lo que no existe es un reparto equitativo entre los diferentes territorios.

Por eso, la lucha que se desarrolla estos días no puede limitarse a la negociación de un nuevo convenio laboral, que también, sino que se trata de una pelea contra la precariedad sistemática a la que condenaron a esta tierra. Se trata del presente y el futuro de la Bahía. Se trata de no perder las migajas y de recuperar la esperanza. Se trata de las décadas encadenadas de pérdidas en las condiciones laborales. El nuevo convenio al que quieren someter a las plantillas no sólo no recoge ni una mínima mejora salarial, sino que, muy al contrario, propone la pérdida de poder adquisitivo, y ataca la dignidad de los trabajadores porque pretende legitimar y legalizar una situación que roza el régimen de semiesclavitud.

Contaba un trabajador del metal en un pequeño vídeo de apoyo a sus compañeros que el objetivo de las movilizaciones es “adquirir poder”, un poder traducido en derechos. El poder y el derecho a unas vacaciones sin miedo a perder el trabajo, el poder y el derecho de acudir a la mutua después de un accidente laboral, el poder y el derecho de asistir a un familiar enfermo.

Por cierto, el vídeo al que hacemos mención lo grababa el compañero del metal a cientos de kilómetros de su hogar, porque ha tenido que emigrar para poder poner el pan de su familia encima de la mesa. ¿Lo entienden ahora?

Y estas condiciones de semiesclavitud o el cierre de una fábrica en Puerto Real son cuestiones políticas. Porque, en el caso de Airbus, por ejemplo, existe una implicación directa del Gobierno, que a través de la SEPI se sienta en su consejo de administración y que ha comprometido ayudas públicas para la misma empresa que cierra una planta modélica en el corazón de la Bahía de Cádiz. Y en el caso de Navantia, hablamos de una sociedad pública que, a base de perpetuar la subcontratación y externalizar las contrataciones, ha atomizado los niveles de los trabajadores y ha troceado sus derechos. Lo que demuestra que la violencia a veces es sistemática y de guante blanco.

Tener que mentir en el servicio de urgencias tras un accidente laboral y asegurar que ha sido un percance doméstico es violencia. No poder acompañar a un familiar enfermo en el hospital es violencia. Un sueldo que no te permite llegar a fin de mes mientras tu empresa se lleva numerosas ayudas en dinero público es violencia. La subida de la luz, el gas, el IPC mientras congelan tus ingresos es violencia. Tener que emigrar de forma regular a cientos y miles de kilómetros de tu hogar es violencia. Y esa violencia la sufren por norma, y desde hace décadas, la clase trabajadora de esta provincia. Y decimos la clase trabajadora, en su plenitud, sin excepciones. Porque en estos días de movilizaciones, se ha unido el conjunto obrero de la Bahía. Desde la naval a la aeroespacial. Desde la plantilla de Navantia a la de las auxiliares. Y qué quieren que les diga, todos los obreros y obreras no pueden equivocarse. Algo de razón tendrán.

La industria naval y aeroespacial penden de un hilo en Bahía, el sector industrial agoniza. Urge cambiar el modelo productivo y apostar de verdad por la reindustrialización. Se trata de elegir entre depender únicamente del turismo, lo que supone tener que someter a las nuevas generaciones a un chantaje permanente entre la precariedad y la emigración, o apostar por un futuro de reconversión ecológica justa, de ciencia, de innovación, de valor añadido y de empleos de calidad. Eso es lo que nos jugamos. Y es urgente.

En aquella década de los ochenta, los barrios obreros se convirtieron en bastiones de apoyo, los vecinos aplaudían desde los balcones y la ciudad se volcó a sabiendas de que se encontraba en juego el destino de toda una bahía. El jueves, desde las ventanas, volvieron a respaldarse las marchas de la gente currante. Hay cosas que, por suerte, tampoco cambian, como la lealtad de los gaditanos y las gaditanas. Borraron la pintada de la carretera industrial, pero no borraron el sentimiento de identidad y comunidad con nuestros trabajadores porque “las causas por las que luchamos son difíciles, pero tan justas que algún día las ganaremos”, tal y como dijo Diamantino García.

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José María González es alcalde de Cádiz.

David de la Cruz es miembro del equipo de Gobierno municipal de Cádiz.