El Gobierno deniega el indulto a Eva Corrales

Cádiz/El Gobierno ha decidido no conceder el indulto a Eva Corrales, ex alcaldesa de Rota por el Partido Popular condenada en firme a cuatro años y medio de prisión por el conocido como caso Horas Extra. La respuesta negativa del Consejo de Ministros a esta medida gracia se ha dado a conocer casi dos años y medio después de que la ex regidora roteña la solicitase. El Ejecutivo, por tanto, ha tardado bastante más de lo habitual en pronunciarse.

Durante todo este tiempo, el fiscal Anticorrupción, Manuel Luis Arjona, ha formulado varios requerimientos para que Eva Corrales ingresase, a la mayor brevedad posible, en un centro penitenciario, lo que de momento aún no ha ocurrido. La Audiencia Provincial de Cádiz le ha concedido a la ex alcaldesa de Rota un plazo de diez días para que entre en prisión.

El caso de Eva Corrales es especialmente singular, ya que reúne una serie de circunstancias jurídicas “excepcionales”, según fuentes consultadas. En primer lugar, el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia de Cádiz la condenó en mayo de 2015 por adjudicar irregularmente contratos de suministro a un funcionario del Ayuntamiento de Rota entre 2004 y 2010 para la elaboración de trabajos de bordados para las damas y ninfas de las fiestas locales por valor de 42.300 euros. Pues bien, ese mismo tribunal que la envió a la cárcel emitió a principios de 2018 un informe a favor de su indulto.

Dicho informe señalaba cuatro factores por los que Eva Corrales merecía no ingresar en prisión: la falta de peligrosidad de la ex alcaldesa del PP, la antigüedad de los hechos juzgados, la ausencia de antecedentes penales en el momento en que se formalizó el indulto y, la más significativa, la “severidad” de la pena impuesta (cuatro años y medio de cárcel) respecto al delito cometido (falsedad en documento oficial).

A la hora de elaborar ese informe, el tribunal de la Sección Cuarta entendió que el caso Horas Extra había arrojado una condena “desproporcionada” para la primera mujer en acceder a la Alcaldía de Rota en relación con los hechos que quedaron probados y confirmados por el Tribunal Supremo en mayo de 2016.

Pocas semanas después de que el Alto Tribunal ratificase la condena de Corrales, ésta alegó problemas de salud para no entrar en la cárcel, si bien los médicos forenses que la valoraron determinaron que las patalogías que sufría la ex alcaldesa no le impedían cumplir su condena.

En un principio, se pensó que a Eva Corrales podría beneficiarle el hecho de que los seis funcionarios del Ayuntamiento de Rota condenados en el mismo procedimiento que ella, lograron el indulto parcial del Gobierno en febrero de 2017. La diferencia estaba en que los seis exculpados eran empleados públicos mientras que Corrales, en el momento de los hechos, ocupaba un cargo electo, concretamente, el de concejala de Fiestas y luego, de Relaciones Institucionales (Lorenzo Sánchez Alonso, de Roteños Unidos, era entonces alcalde de Rota).

Eva Corrales dejó la política en el verano de 2015 tras conocer la condena en primera instancia del caso Horas Extra. Posteriormente, en mayo de 2016, la ex dirigente popular se sentó de nuevo en el banquillo de los acusados por el caso Uniformes. En esta ocasión fue condenada a siete años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación, si bien quedó absuelta del delito de negociaciones prohibidas.

La ex regidora roteña tendrá que volver a la Audiencia de Cádiz para ser juzgada por un tercer procedimiento, Convenios Urbanísticos, con el que se pretende esclarecer la adjudicación arbitraria –según el fiscal– de diversas obras públicas al empresario Felipe Castellano a cambio de que éste comprase materiales de construcción y equipos de protección a las empresas de Lorenzo Sánchez. Eva Corrales, concejal delegada de Planeamiento cuando ocurrieron estas supuestas irregularidades, se enfrenta en este proceso a 12 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.