La Junta fulmina las previsiones y pide un rescate al Gobierno de 4.906 millones

La Junta de Andalucía desveló este martes la incógnita sobre la cifra millonaria que solicitará al Gobierno para solventar sus problemas de liquidez, sólo unas horas después de que el Ministerio de Hacienda informase a las comunidades de las condiciones para acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que previsiblemente abrirá en octubre. Serán 4.906,8 millones, una cantidad superior a la que se ha venido barajando, de unos 3.700 millones, y que pone de relieve las serias dificultades financieras para afrontar pagos que tiene la Administración andaluza.

La petición la anunció la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, en declaraciones a las agencias de noticias Efe y Europa Press. De este fondo procederán los 600 millones que de manera urgente (el 4 de octubre) tiene que afrontar la Junta por el vencimiento de su deuda.

Además, Aguayo vio muy cerca la concesión del anticipo de mil millones que desde hace semanas reclama la Junta por valor de mil millones. "Puede estar resuelto en los próximos días", dijo la consejera. Aunque, como dijo el ministro Cristóbal Montoro, este anticipo de lo que corresponde a Andalucía de su participación en los ingresos del Estado podría estar "buena parte" inserto en el propio FLA.

Desvelada la cifra por la consejera -y aunque Martínez Aguayo aún define como "muy probable" la petición de rescate-, las dudas se manifiestan sobre las condiciones que asumirá la Junta por reclamar este préstamo que también han solicitado públicamente Cataluña (5.023), Comunidad Valenciana (4.500) y Murcia (unos 300). En total, las cuatro comunidades consumirían casi tres cuartas partes de los 18.000 millones que el Gobierno destina a este mecanismo para auxiliar a las comunidades con problemas financieros.

Esas dudas no parecen importunar a la Junta, que desde el lunes por la noche estudia el documento entregado por el Gobierno a los consejeros de Presidencia y que hoy remitirá las alegaciones. "En principio, del documento parece derivarse un mecanismo normalizado", avanzó Aguayo.

Una de las condiciones más destacadas es la reducción del sector público.

Andalucía tiene, con datos a 1 de junio del Ministerio de Hacienda, 372 entes. El proceso que se inició en 2010 de reforma del sector público contempla la extinción de 121 entes y la creación de 10, de los 380 existentes hace dos años. De esas 111 a extinguir, 96 son los denominadas Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt).

La Junta busca la fórmula jurídica para la extinción de estos consorcios y asegura que el proceso culminará con éxito a 31 de diciembre, por lo que tras la reestructuración el número ascenderá a 269. Fuentes de la Consejería entienden que ese esfuerzo es suficiente, aunque desde diversos sectores cunde la inquietud de que el ajuste podría tener una segunda fase con la reducción de más empresas públicas, lo que conllevaría el despido de empleados públicos.

Los técnicos de la Junta estudiaron durante la jornada de ayer el documento y, en una primera valoración, vieron "luces y sombras", en palabras de Martínez Aguayo. Entre las primeras estarían el pago a proveedores con cargo a este fondo y entre los aspectos a matizar la falta de transparencia en los criterios de reparto, que "tienen que ser más claros". De hecho la primera y tímida reacción de la Junta, transmitida por el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, al término del Consejo de Gobierno, fue que la Junta reclamaría "transparencia y equidad" en el "reparto" -desde la Junta se reniega del término rescate- y en las condiciones que se impongan. Los acuerdos, según el documento, pueden ser bilaterales.

Una vez que se impone la "lealtad institucional" entre ambas administraciones y el anticipo deja de ser elemento de conflicto, la estrategia de la Junta se orienta hacia los Presupuestos Generales del Estado que se presentan mañana y que deben comprometer un 17,8% de la inversión a Andalucía, porcentaje que puede volver a incumplirse.

A última hora de la tarde, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas consideró en una nota "muy positivo" que la Junta, como el resto de comunidades autónomas, "haga pública sus necesidades de financiación" y apostilló que ahora se analizará exactamente el desglose de la cantidad "para comprobar si los diversos conceptos que se han debido incluir son susceptibles de ser financiados".