Los agricultores promueven mociones en los municipios contra el decreto de convergencia de la PAC

Las organizaciones representativas del sector agrario de Andalucía -Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias- no abandonan la presión para que el Gobierno dé marcha atrás sobre la Política Agrícola Común (PAC), y no parece que lo vayan a hacer hasta conseguir su objetivo.

En un nuevo comunicado conjunto, las cuatro asociaciones afirman que están pidiendo por carta a los 778 ayuntamientos andaluces que aprueben en sus plenos una moción de rechazo al decreto de transición de la PAC, en el que se fija un modelo de ayudas para 2021 y 2022 que acelera la convergencia entre agricultores dentro de una misma región productiva.

La convergencia -que tiende a la igualación de las ayudas a agricultores- perjudica especialmente, según el sector, a aquellos con más derechos por un histórico de producción en el pasado. Según el comunicado, 80.000 perceptores "perderán al menos el 10% (del pago básico de la PAC) en dos años" De ellos, unos 40.000 -"que han generado derechos más altos por haber invertido en mejoras tecnológicas y formación para producir más y generar empleo y riqueza", dicen las asociaciones- sufren una merma de entre el 20% y el 50%, entre ellos muchos ganaderos con poca base territorial y regadíos.

Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias insisten en que sacarán los tractores a la calle en cuanto la situación sanitaria lo permita (a nivel local ya hay anunciada una tractorada el próximo 19 de marzo en Jerez) y alertan de que la aceleración de la convergencia es la antesala de la reforma de la PAC que prepara el Gobierno a partir de 2023. El sector asegura que "el principal objetivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pasa por reducir el número de regiones (ahora mismo hay 50) y por impulsar un modelo en el que todas las hectáreas cobrarán igual para finalizar eliminando los derechos nominativos de los agricultores y permitiendo la entrada en el régimen de ayudas de superficies que, salvo excepciones, nunca han producido".

Esto supondría, según sus cálculos y en el peor de los escenarios, una pérdida de alrededor del 50% de los 1.300 millones de euros que reciben actualmente entre pago básico y pago verde, los más de 232.000 perceptores andaluces, el 34% del total español.