Hacienda confirma que los trabajadores que cobren el SMI tributarán en el IRPF tras la subida

Madrid/El Consejo de Ministros ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, una cuantía que por primera vez no estará exenta de tributar y que ha generado posturas encontradas en el seno del Gobierno de coalición.

El Gobierno ha dado luz verde a una subida del 4,4% (o 50 euros más al mes) del SMI que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero y que fue acordada por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, pero no por la patronal.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido este incremento que ayuda a reducir la desigualdad y que beneficiará a 2,4 millones de trabajadores asalariados, el 12,9% del total.

A España "le sienta muy bien" subir el SMI, ya que está permitiendo "el crecimiento robusto que hoy tiene" y facilita que el país "camine en la buena dirección", ha remarcado la vicepresidenta segunda, quien ha añadido que ésta "es una historia de éxito".

Este nuevo salario mínimo (16.576 euros brutos anuales) no estará exento de IRPF como venía sucediendo hasta ahora, ya que el Ministerio de Hacienda ha decidido no ajustar el impuesto, una decisión que justifica porque el tributo ya se ha reducido para las rentas bajas.

Aun así, muchos de los perceptores del salario mínimo seguirán sin tributar, algo que dependerá de su situación personal: un contribuyente con pareja y un hijo menor de tres años no sufrirá ninguna retención, igual que ahora, pero si es soltero y no tiene hijos se le retendrán 300 euros al año, casi la mitad de los 700 euros en que se incrementará su retribución (21,5 euros de 50, en el caso del cómputo mensual).

Díaz afea la falta de comunicación y deliberación

La ministra de Trabajo ha insistido, tal y como ha defendido en las últimas semanas, en la necesidad de que los trabajadores que perciben el SMI sigan exentos de tributar y ha afeado a Hacienda que no haya habido "ni comunicación" de la decisión "ni deliberación" de la misma en el Consejo de Ministros.

"Hay que hacer pedagogía fiscal", ha apuntado Díaz, pero "creemos que la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo".

En ese sentido, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido que la recaudación "va en beneficio de mejorar las políticas públicas y los servicios públicos" de los que todos los ciudadanos "hacemos uso".

En respuesta a la decisión de Hacienda, Sumar anunció la presentación de una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para garantizar que el SMI esté exento de tributación al IRPF. Podemos y el PP se le adelantaron y registraron ayer sendas proposiciones de ley en el Congreso (en el caso del PP, también en elSenado) en el mismo sentido. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de querer “hacer caja a costa de los que cobran el salario mínimo” quedándose la mitad de la subida aprobada este martes a través del IRPF.

Mujeres, jóvenes y de Andalucía, beneficiarios del SMI

Del total de beneficiarios del SMI, buena parte de ellos residentes en Andalucía (476.100), aunque Extremadura es la región con un mayor porcentaje de empleados que cobran el SMI (20,8%).

La distribución geográfica está relacionada con los sectores productivos con mayor incidencia del salario mínimo, que son la agricultura (31% de los trabajadores) y los servicios (14,3%), ha señalado Díaz.

La vicepresidenta ha insistido en que esta subida beneficiará a las mujeres -el 17,6% de las trabajadoras cobran el salario mínimo, frente al 8,5 % de los trabajadores varones- y a los jóvenes -el 26,8% de los trabajadores menores de 24 años cobra el salario mínimo-.

Así, la vicepresidenta segunda ha calificado esta subida del SMI como "una herramienta feminista por excelencia".

El aumento del SMI fue pactado hace dos semanas con UGT y CCOO, que reclamaban un alza del 6%, sin que fuera posible acercar posturas con la patronal, que pedía un incremento del 3% con el que no fue posible el acuerdo.

Esta medida demuestra que el diálogo social "goza de muy buena salud en nuestro país", ha dicho la titular de Trabajo, aunque ha reconocido que le hubiera gustado contar con el apoyo de la patronal.

Las organizaciones agrarias alzan la voz: "Es inasumible"

La subida del salario mínimo tiene especial repercusión en el campo, donde está bastante generalizado. El secretario de organización de la organización agraria Asaja, Juan José Álvarez, ha asegurado que el nuevo aumento del SMI les resulta "inasumible a no ser que haya alguna bonificación o compensación para los empresarios agrarios, que están sufriendo una subida acumulada del 80% desde 2017".

Sobre el incremento de costes, Asaja ha estimado que el coste real para el empresario agrícola será de 1.925 euros por trabajador, de los que 720 euros se descontarán en cotizaciones e IRPF.

"Estamos de acuerdo en que los trabajadores tengan mejores salarios y subidas adecuadas para su bienestar, pero pedimos unas bonificaciones que las compensen", ha afirmado Álvarez, para quien esta medida "impuesta por decreto dinamita la negociación colectiva de los convenios negociados y los que quedan" pendientes.

El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha apuntado que la mano de obra se está convirtiendo en el "principal coste de las explotaciones" y que la subida salarial de 2025 tendrá una repercusión de unos mil millones de euros sobre el sector.

"A lo productores no nos ponen los precios por real decreto en un mercado en el que en muchos casos no llegamos a cubrir los costes de producción", ha añadido Padilla.

Se ha mostrado a favor de que los trabajadores tengan un sueldo digno, pero ha criticado a la Administración de no cumplir su promesa de dar compensaciones teniendo en cuenta que "muchas explotaciones no están para hacer milagros".

La organización UPA ha considerado "positivos" los avances en materia laboral, salarial y social que beneficien al conjunto del sector agrario, pero ha advertido de que la subida del SMI "deberá repercutirse hacia delante en la cadena alimentaria y no recaer nunca sobre las espaldas de los agricultores y ganaderos".

En ese sentido, ha resaltado que los salarios son un coste más y deben ser cubiertos, como establece la Ley de cadena alimentaria.

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha precisado que el rendimiento neto obtenido por la actividad de los profesionales del campo está "bastante alejado" del SMI aprobado cada año por el Gobierno (en 2022 el rendimiento neto fiscal fue de 12.441 euros, el 11 % por debajo de los 14.000 euros de salario mínimo).

La organización ha criticado al Gobierno que "no reconozca el esfuerzo de los autónomos agrarios al asumir estas subidas para hacer frente a las campañas agrícolas".