Las industrias que quieran deslocalizarse deberán devolver las subvenciones recibidas

Madrid/El Gobierno ha aprobado este martes la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que espera sea un "cambio de paradigma" tras 32 años, ya que la legislación sectorial vigente en la actualidad se aprobó en el año 1992.

Así lo ha confirmado la ministra Portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros, donde también ha señalado "la capacidad tan importante de atracción de inversión" que tiene España.

"Hemos conseguido después de mucho debate y mucho diálogo poner en marcha esta nueva Ley de Industria para nuestro país", ha comunicado Alegría.

En concreto, dicho proyecto de ley ha sido presentado este martes con el fin de comenzar su andadura hacia el Congreso de los Diputados, donde deberá ser aprobada.

De su lado, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha resaltado que el objetivo de esta nueva legislación es la reindustrialización, así como potenciar la autonomía estratégica de España, dando especial relevancia a la colaboración entre entidades públicas y privadas.

"La reindustrialización en Europa es una necesidad y es una enorme oportunidad para España, de manera que, en este contexto actual, la política industrial activa ha vuelto con fuerza para ocupar un espacio en la agenda política y pública", ha manifestado el titular del ramo, justificando la "gran necesidad" de dicha nueva ley.

Preaviso para deslocalizar

Entre las novedades de la ley figura que cualquier empresa que pretenda deslocalizar sus instalaciones industriales en el país deberá preavisar al Gobierno con nueve meses de antelación, momento en el que el Ejecutivo convocaría una mesa de reindustrialización con sindicatos y la comunidad autónoma afectada para estudiar alternativas a esta salida.

Y en el supuesto de que estas empresas hubieran recibido subvenciones para la implantación de su actividad, deberán devolverlas si reducen en más de un 65% su producción o en 500 personas o más su plantilla. En concreto, las empresas que hayan recibido ayudas públicas superiores a tres millones de euros, tendrán que devolverlas si ponen fin a su actividad antes del periodo establecido en la ley tras su concesión.

Serán cinco años en el caso de grandes empresas, tres años en el caso de las medianas empresas y dos años en el caso de las pequeñas empresas. Con estas medidas, el Ejecutivo pretende asegurar las inversiones realizadas en España.

"La Ley no se limita a poner al día la norma actual, sino que supone un antes y un después de la industria española, a través de nuevos instrumentos de política y gobernanza industrial", ha detallado Hereu, quien también ha señalado esta nueva legislación aportará "modernización, certidumbre y eficiencia".

"Esta ley tiene vocación al servicio del país y buscaremos el máximo consenso con los grupos políticos, ya que España está ante una gran oportunidad ante el desarrollo de una política de reindustrialización", ha subrayado.

Así, el Gobierno ha remarcado que la nueva ley consolida y refuerza los instrumentos en los que se basa la participación de la industria española en el mercado interior europeo, manteniendo entre sus objetivos la garantía y protección de la libertad de establecimiento de empresas industriales, así como la protección de la libre circulación de productos industriales, la garantía de la unidad de mercado y la coordinación administrativa.

Autonomía estratégica como objetivo

Además, la Ley incorpora nuevos objetivos alineados con la estrategia industrial europea, como son la planificación y promoción de una mayor autonomía estratégica, resiliencia, salvaguardia y crecimiento de la base industrial, el fomento del talento y la cultura industrial, la protección de la propiedad industrial y su uso estratégico o el impulso de ecosistemas, proyectos tractores y estratégicos.

Asimismo, la norma aprobada este martes también tiene en cuenta el crecimiento y la internacionalización de la empresa industrial y el fomento de un entorno favorable al desarrollo de empresas industriales y a su adaptación a los cambios estructurales, al tiempo que considera el fortalecimiento institucional y el impulso de la participación de los agentes sociales, el diálogo social y la negociación colectiva.

Igualmente, la Ley da especial importancia al aspecto de la transformación digital del sector industrial, incluyendo a los servicios, infraestructuras y otras actividades relacionadas, así como la transformación hacia una industria de cero emisiones netas de aquí a 2050, compatibilizando la actividad industrial con la protección del medio ambiente, la transición energética y la descarbonización de la economía.

Por otra parte, dicha norma recoge diferentes elementos para la gobernanza, como son la Estrategia de la Industria y Autonomía Estratégica, que se elaborará tras un proceso de consultas con comunidades autónomas y agentes económicos y sociales, o el Plan Estatal de Industria y Autonomía Estratégica, que será el instrumento del Ejecutivo para la consecución de los objetivos de la estrategia y tendrá una vigencia de tres años.

Además, se creará el Consejo Estatal de Política Industrial (CEPI), un órgano consultivo y de asesoramiento para la coordinación entre los distintos ministerios.

Otra de las partes más relevantes de la nueva legislación otorga una especial protección a la industria intensiva en energía (eléctrica o gas), ya que el Gobierno establecerá medidas de apoyo que faciliten la descarbonización de sus procesos y su transición energética.

Los Perte, más allá de los fondos Next Generation

Igualmente, se institucionalizará una figura similar a los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Perte) más allá de los fondos Next Generation, cuya fecha de finalización prevista es el 30 de junio de 2026. El foco estará puesto en impulsar los ecosistemas industriales en España y proyectos concretos necesitados de financiación.

Asimismo, se creará la Reserva Estratégica de las Capacidades Nacionales de Producción Industrial, la Recapi, un fondo de productos y capacidades estratégicas susceptibles de movilizarse con rapidez ante una situación de crisis. Esta hoja de ruta demuestra la necesidad de generar una nueva autonomía estratégica a nivel europeo, evitando procesos de deslocalización y desindustrialización a fin de reducir las dependencias de grandes centros productivos a nivel mundial y evitar posibles crisis de abastecimiento como la sufrida durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19 con el material médico.

Por último, se detalla el régimen de infracciones y sanciones, siendo el plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta ley de cinco años para las muy graves, tres para las graves y uno para las leves. Sin embargo, los importes de las sanciones se mantienen, estableciendo para las infracciones leves multas de hasta 60.000 euros, para las infracciones graves multas de hasta seis millones de euros y para las infracciones muy graves multas de hasta 100 millones.

Este proyecto en el que trabaja el Ejecutivo central viene a sustituir a la Ley de industria de 1992 en un contexto muy diferente al de los primeros años de la década de 1990, en la que España se preparaba para entrar en la Comunidad Económica Europea en plena eclosión de la globalización sin matices, donde la competitividad venía ligada a la longitud de la cadena de logística y en un mundo en el que era indiferente dónde producir.