'Mafia del diésel': los gasolineros andaluces dicen estar "libres de sospecha"

El escándalo de la ‘mafia del diésel’ ha vuelto a salir a la palestra tras el ingreso en prisión de Víctor Aldama, empresario implicado en el ‘caso Koldo’ al que el juez atribuye varios delitos relacionados con el fraude del IVA de los combustibles, en su caso por importe de 182 millones de euros.

La investigación abierta por la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) y las autoridades de Competencia estima que el fraude de la trama que opera en España desde hace más de 13 meses le cuesta a las arcas públicas 1.900 millones de euros anuales. Sin embargo, los gasolineros aseguran que este fraude se remonta a hace más de una década y supera con creces los 10.000 millones de euros defraudados hasta la fecha, sin que en todo este tiempo se hayan adoptado medidas para ponerle cerco.

Entre tanto, la presencia del ‘diésel ilegal’ gana peso en el mercado, donde según datos de la Agencia Tributaria y del propio sector, ha pasado de representar un 5% de las ventas totales de combustible en 2022 al 15% a finales de 2023, mientras que en la actualidad se estima que puede alcanzar ya el 25%, es decir, uno de cada cuatro litros del diésel que se vende en España.

Los investigadores y Hacienda han enviado ya 400 requerimientos a empresas del sector para exigirles los detalles de sus pagos del IVA y descartar así un posible delito de receptación por la compra del 'diésel pirata' con conocimiento de causa.

El modus operandi de la mafia del diésel comienza con la alteración de la nacionalidad del combustible, que procede de países sancionados con límites de exportación como Rusia. El diésel ya refinado llega a Turquia o Marruecos, donde se mezcla con parte de carburante de origen europeo para darle entrada e inundar el mercado.

Del resto se encargan ‘operadores fantasmas’, que se dan de alta como mayoristas para vender el producto a precio más bajo y luego desaparecen antes de pagar el IVA, encontrando fácil salida para el combustible en estaciones de servicio, que en unos casos compran a sabiendas del delito y en otros, no.

Antonio Felices da la cara por el medio millar de asociados con los que cuenta la Federación Andaluza de Empresarios de Estaciones de Servicios (Fedaes) que preside, la mayoría abanderados bajo la fiscalización de las petroleras, pero también hay gasolineras low cost, en las que se concentran las sospechas, a las que defiende con el mismo ímpetu porque “no se puede generalizar”.

“Conozco el tejido empresarial al que represento y puedo poner la mano en el fuego por las abanderadas y por las blancas y pequeñas sin bandera, que están libres de sospecha”, asegura Felices, quien subraya que “no tenemos conocimiento de que ninguno de nuestros asociados haya recibido el requerimiento”. Es más, añade, “desde la asociación provincial de Almería presentamos una denuncia contra una estación de servicio por el fraude del diésel, pero nos dijeron que no estábamos legitimados, por lo que lo pusimos en conocimiento de la Guardia Civil, con la que mantenemos una estrecha colaboración en este y en otros asuntos, como el abastecimiento de combustible a las narcolanchas”, también de actualidad tras los asesinatos en Barbate de dos agentes de la Benemérita el pasado mes de febrero.

Para prevenir esta práctica ilegal, los empresarios del sector a nivel estatal llevan nueve años reclamando el cobro del IVA a la retirada del producto y no en diferido a los tres meses como marca la legislación actual, pero hasta la fecha no han recibido respuesta, lamenta Felices.

El presidente de la patronal andaluza de estaciones de servicio explica que el ‘diésel ilegal’ no es difícil de detectar, pues “la alerta salta cuando alguien ofrece el producto por debajo de costes”. “La diferencia de precio con una gasolinera de bandera puede alcanzar los 40 o 50 céntimos por litro, ya que no pagan IVA ni la tasa de biocombustibles”, apostilla Felices, quien recuerda que las estaciones de servicio no son el único canal de venta, ya que también están las empresas con distribución directa, que cuentan con surtidor y tanque en sus instalaciones, y “en las que es más fácil colar el producto”.