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Aumento del precio de la electricidad
Sevilla/El desbocado precio de la luz se ha convertido por méritos propios en un debate nacional de primer orden del que ningún agente social quiere quedarse al margen. Ayer, la organización en defensa del consumidor Facua señaló en un estudio de elaboración propia que el recibo de la luz del usuario medio ha aumentado un 85,7% en los últimos 15 años.
"Con las tarifas vigentes en agosto de 2018, la factura mensual representa 80,73 euros, frente a los 43,47 euros que suponía en 2003. La diferencia supone nada menos que 37,26 euros", explicó el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez.
El usuario medio para esta organización es aquel que consume 366 kWh mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kW.
Pero aún más sorprendente por su dimensión fue el dato ofrecido sobre el encarecimiento de la parte fija (la que mayormente está compuesta por tasas impuestas por el Gobierno) en este mismo periodo.
Desde 2003, este área de la factura de la luz, que es la que tiene más enjundia al representar alrededor del 65% del total (y normalmente también es la más inextricable), ha subido un 155,8%.
En cuanto a la parte variable del recibo, el precio del kWh de energía consumida se ha encarecido en un 71,5% desde de 2003.
Esto explica, en parte, cómo a pesar de que las grandes subidas del MWh sea un fenómeno más propio de los dos últimos años (principalmente por el aumento del coste de generar energía con carbón y gas), el mayor encarecimiento de la factura del recibo medio la luz se produjo entre 2008 y 2013. "Tomando en cuenta las tarifas semirreguladas, ha pasado de los 43,47 euros de 2003 a 55,31 euros en 2008, 74,81 euros en 2013 y 80,73 euros en 2018", afirmaron desde Facua.
La subida es muy superior a lo correspondiente si se aplica la variación del IPC entre agosto de 2003 y el mismo mes de 2018, que según el INE fue del 32,1%.
Con ese índice, la factura analizada por Facua debería de haberse incrementado en 13,9 euros, en vez de en 37,2 euros en los últimos 15 años.
La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía reclamaron ayer una regulación eléctrica con “tarifas más justas para los regantes” porque la escalada de los precios “merma la competitividad de las explotaciones y asfixia a los productores”. Entre sus reivindicaciones históricas están un IVA reducido o poder firmar con las eléctricas dos contratos al año con potencias diferentes. La desaparición de la tarifa especial de riego agrícola en 2008 provocó que estos costes en las comunidades de regantes se duplicaran.
Por ello, Facua ha pedido al Gobierno que baje el IVA de la electricidad al 4% para las familias, lo que permitiría un ahorro al usuario medio de cerca de 130 euros anuales.
El PP también anunció ayer que pedirá en el Congreso que se elimine el impuesto de generación eléctrica con el fin de frenar "la subida constante de la luz" y abaratar, según sus cálculos, un 3% la tarifa de electricidad. El impuesto a la generación eléctrica fue creado en 2012 por el primer gobierno de Mariano Rajoy dentro de su reforma del mercado eléctrico.
Mientras tanto, el precio de la electricidad en el mercado mayorista registrará hoy un nuevo máximo anual de 75,93 euros el MWh, con lo que superará al pasado miércoles cuando alcanzó los 75,39 euros.
El porcentaje de emisiones de dióxido de carbono (CO2) gravadas con un nivel de impuestos que compense el daño climático que producen se limita al 12%, indicó ayer la OCDE en sus previsiones para 2018.
El informe sobre las tasas efectivas del carbono apunta que es el mismo porcentaje que el registrado en 2015. Según la OCDE, los daños climáticos resultantes de la emisión de una tonelada de dióxido de carbono (CO2) pueden estimarse, de forma muy conservadora, en 30 euros.
Según sus cálculos, el 13% de las emisiones están sujetas a una tasa inferior a 5 euros, el 29% entre 5 y 30 euros por tonelada, y sólo un 12% supera ese nivel mínimo. El documento analizó la situación en 42 países de la OCDE y del G20, que representan en total un 80% del consumo energético mundial y de las emisiones de CO2.
La organización añadió que el 46% de las emisiones ni siquiera tiene fijado un precio, una medida que a su juicio es un medio eficaz y de bajo coste para provocar su reducción, aunque no baste para lograr la disminución necesaria para limitar los riesgos del cambio climático.
El secretario general de la OCDE, Angel Gurría, destacó que la diferencia actual entre los precios fijados y el coste de las emisiones para nuestro planeta "es inaceptable".
El coste del derecho de emisión de CO2, que actualmente está entre 20 y 25 euros por tonelada, en la UE es uno de los factores que está provocando que la generación de electricidad se esté encareciendo de forma constante desde hace meses, y como consecuencia la factura de la luz de los consumidores finales.
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