Los presupuestos de 2025 elevarán el techo de gasto un 3,2% y bajarán el déficit al 2,5%

Madrid/El Gobierno ha aprobado este martes las cifras básicas de los Presupuestos de 2025, que aumentarán el techo de gasto un 3,2%, hasta 195.353 millones de euros, cifra compatible con una reducción del déficit al 2,5% del PIB "sin recortes", gracias en buena medida a un crecimiento económico previsto del 2,2%.

Al incluir las transferencias europeas de fondos Next Generation, el techo de gasto sube a 199.171 millones, en un ejercicio en el que llegarán menos subvenciones y más préstamos asociados al desarrollo de la adenda del plan de recuperación, que computan en otro apartado presupuestario.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado en rueda de prensa que la negociación de los presupuestos ya está en marcha, que se presentarán "en tiempo y forma" y que no espera "ninguna turbulencia política" que impida su aprobación, porque descarta una repetición electoral en Cataluña que frustre las cuentas de 2025 como ya ocurrió con las de 2024.

Montero ha considerado que el aumento del gasto será compatible con la reducción de medio punto del déficit público -respecto al 3% del PIB con el que se prevé cerrar 2024-, porque los ingresos del Estado van a aumentar un 5,4%, una previsión que ve muy prudente teniendo en cuenta el crecimiento de los últimos ejercicios.

En esa previsión influye la mejora del crecimiento económico previsto al 2,4% en 2024 y al 2,2% en 2025, gracias a elementos como el aumento del consumo privado -que recauda IVA- y el dinamismo del mercado de trabajo -que paga IRPF-, ha explicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

El consumo privado será robusto en todo el periodo y la inversión se acelerará en 2025, mientras que las exportaciones aflojarán el ritmo de crecimiento a lo largo de periodo, lo que provocará que la contribución de la demanda externa sea negativa a partir del año próximo.

En este contexto, la economía "aterrizará" en su zona de crecimiento potencial en 2026 y 2027, con avances del 2% cada año, mientras que el mercado de trabajo seguirá sumando ocupados, con la previsión de que se llegue a 22 millones en 2025 y que la tasa de paro baje al 8,9% en 2027, una cifra "cercana al pleno empleo, solo vista anteriormente en situaciones de crecimiento desequilibrado o burbuja", ha dicho Cuerpo.

Esfuerzo fiscal centrado en la administración central

Los objetivos de déficit público acordados en Consejo de Ministros supondrán rebajarlo del 3% del PIB calculado para este año, al 2,5% en 2025, 2,1% en 2026 y 1,8% en 2027, una senda que tendrá que ser aprobada por las Cortes Generales, aunque ya sin capacidad de veto por parte del Senado, suprimida a través de una enmienda a la ley de paridad que quedará definitivamente aprobada la semana que viene.

En esta senda, la administración central asumirá "todo el esfuerzo fiscal", según Montero, dejando más margen a las comunidades autónomas y las entidades locales respecto a la senda vigente que les obligaba a terminar el periodo en superávit.

Las comunidades autónomas podrán incurrir en un déficit del 0,1% del PIB cada uno de los tres años, mientras que las corporaciones locales tendrán que estar en equilibrio presupuestario todo el periodo 2025-2027.

Para la administración central se fija un déficit del 2,2% del PIB en 2025, del 1,8% en 2026 y del 1,8% en 2027.

La Seguridad Social mantiene una meta de déficit del 0,2% del PIB para cada año del periodo, "compatible con la revalorización anual de las pensiones" y con la sostenibilidad garantizada a través de una transferencia del Estado que crece un 7%, hasta 22.881 millones, para cubrir los gastos impropios del sistema.

Esta senda fiscal permitirá rebajar la deuda pública al 105,1% del PIB en 2024, al 103,6% en 2025, al 101,8% en 2026 y al 99,7% en 2027.

El escenario fiscal sin recortes es compatible, según Montero, con las nuevas reglas fiscales europeas, que obligan a España a presentar a finales de septiembre un plan de ajuste que tendrá que plasmar la hoja de ruta para que la deuda avance hacia el objetivo del 60% del PIB, con evaluaciones que ya no estará centradas en el déficit sino en la evolución del gasto primario neto.