Una Unión Europea más competitiva

EN el informe Draghi publicado hace unas semanas una cuestión central que afecta a todos los países de la Unión y a muchos de los sectores considerados estratégicos es el tamaño del mercado único y de sus empresas. Si queremos ganancias de productividad, las empresas tienen que ganar escala.

En la década de los ochenta, el gobierno del PSOE se dedicó a cerrar grandes empresas industriales heredadas del franquismo que se encontraban en una situación financiera catastrófica. El enfoque era muy simple. Parar las pérdidas que afectaban gravemente a los presupuestos y cerrar empresas que carecían de futuro industrial. La mejor política industrial es la que no se hace, afirmaba el entonces Ministro de Industria, Carlos Solchaga.

Pero una década más tarde, con gobiernos del PP, se produjo un cambio de perspectiva acerca de las empresas que estaban controladas por el Estado. No se cerraron empresas estatales, pero se vendieron en el mercado las participaciones públicas. Siguiendo una clara línea ideológica liberal, se esperaba una mejor gestión de esas grandes empresas a través de la desaparición de las participaciones estatales. Unas empresas gestionadas con criterios estrictamente privados, tendrían un mejor comportamiento que las heredadas del pasado con participación pública. Esto dio lugar a situaciones paradójicas. La holandesa KPN estuvo a punto de fusionarse con Telefónica y hubiese provocado que el estado holandés pasara a ser el principal accionista. Rato paró la fusión con el argumento de que el sector público –en este caso el estado holandés– se convirtiera en el accionista de referencia.

Sin embargo, los intentos de varias grandes compañías españolas de adquirir otras extranjeras de gran tamaño, se toparon con la actitud de gobiernos extranjeros de impedirlo. La catastrófica situación de Telecom Italia llevó a los dos accionistas de referencia –las familias Benetton y Pirelli– a solicitar que Telefónica se hiciera con el control y gestión de la empresa. El gobierno italiano paró la operación.

Unos años antes, BBVA y Santander tomaron posiciones de control en dos de los principales bancos italianos. Unos meses más tarde, ambos abandonaron el mercado italiano haciendo pública una nota en la que denunciaban la insoportable presión de las autoridades italianas. Pero la paradoja es que durante el mismo periodo, Enel –empresa pública transalpina de electricidad– adquirió Endesa, sin que el gobierno español pusiera obstáculo alguno.

La experiencia más reciente apunta a un cambio de visión acerca del papel que las grandes empresas pueden jugar. Ya no se trata de vender más participaciones públicas, sino de proteger a las empresas consideradas estratégicas de intentos de adquisición por parte de grandes empresas o inversores extranjeros. Las dificultades que ha tenido Naturgy para mantener su independencia lo ponen de manifiesto y más claramente la adquisición del 10% del capital de Telefónica por parte de Saudi Telecom. Este movimiento parece haber hecho despertar al Gobierno español que, a través de la SEPI, ha adquirido una participación en Telefónica utilizando como argumentos un lenguaje muy diferente del usado en el pasado. La frustrada compra de Talgo por parte del principal operador ferroviario húngaro, también se alinea con el nuevo enfoque.

Ahora, desde el Gobierno, se habla de la participación de Telefónica en sectores estratégicos como Defensa o desarrollo de la sociedad digital y no como una fuente de dividendos que contribuyan a reducir el déficit público.

Naturgy, Telefónica, Endesa, Repsol, Red Eléctrica, Iberia, CASA, Argentaria y Tabacalera. Estas empresas ya no existen en manos del Estado. La privatización parcial o total, considerando exclusivamente los ingresos financieros, ha sido un gran error en el que no deberíamos insistir. Las pocas grandes que permanecen vivas deberían ser sometidas a seguimiento por parte del Gobierno para evitar que caigan en manos de grandes empresas industriales extranjeras.

Los retos de la globalización y el trepidante cambio tecnológico exigen contar con grandes grupos industriales y tecnológicas capaces de competir con empresas del mismo sector ubicadas en China y EE.UU. Es lógico abrigar el temor a que esas empresas de gran tamaño ejerzan poder de monopolio en sus mercados de referencia. También el que las empresas, si tienen participación pública, utilicen un modelo de gestión burocrático que impida ser empresas innovadoras y dinámica.

En el caso español, Telefónica es un buen ejemplo de empresa que ha tenido participación pública pero que ha operado con criterios privados. La razón fundamental fue el entorno muy competitivo en el que operó como consecuencia de la intensa liberalización que estimuló mejoras en la eficiencia de las operadoras existentes y a alentar la entrada de otras nuevas. Es posible con una participación pública pequeña garantizar la españolidad de las compañías y al mismo tiempo operar bajo criterios estrictamente privados.

La pandemia causó estragos en los balances de muchas empresas. Para evitar que estas cayeran en manos de grupos industriales extranjeros, el Gobierno levantó un escudo antiopas que eliminaría una vez controlada la pandemia. Pero el Ejecutivo la ha mantenido, decisión que aplaudimos.

Si no se hubiesen privatizado la mayoría de los entes públicos industriales, la economía española contaría ahora con grandes empresas como palanca para operar en nuevos sectores y geografías.

La economía española y sus empresas necesitan ganar tamaño para expandirse fuera de nuestras fronteras y adentrarse en nuevos sectores. Si no se acometen reformas que la impulsen, las operadoras francesas, italianas y alemanas lo harán por nosotros. Es la hora de una nueva política industrial ajustada a nuestro tiempo.