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El Puerto/El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta a raíz de la denuncia presentada en agosto de 2020 por la comunidad de propietarios Blegamar, de Valdelagrana, contra el alcalde, Germán Beardo, y varios miembros de su equipo de gobierno, así como contra el entonces jefe de la Policía Local, Rafael Muñoz Leonisio, por los posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y delito medioambiental, en la instalación sin licencia de varias atracciones de feria en una de las bolsas de aparcamiento de la urbanización.
Lo curioso del asunto no es que se haya archivado la causa por no haber indicios de irregularidades, sino que se ha tomado esta determinación por la lentitud del sistema judicial, toda vez que se han sobrepasado los tiempos previstos para la investigación y la toma de declaraciones en la Ley.
Así, en el auto que se ha dictado hace unos días se indica que “recabados los informes necesarios, se estaba a la espera de practicar ciertas declaraciones testificales esenciales para un mejor conocimiento de los hechos y, posteriormente, tomar declaración como investigados a los posibles responsables de los mismos. Durante este periodo han transcurrido los plazos de instrucción previstos en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, haciendo imposible dirigir el procedimiento contra persona alguna, por lo que, de acuerdo al artículo 641.2 del Código Penal procede decretar el sobreseimiento y archivo provisional de las actuaciones”.
Contra esta decisión los denunciantes pueden ahora interponer, ante el mismo Juzgado, un recurso de reforma en plazo de tres días y, subsidiaria o directamente sin necesidad del anterior, recurso de apelación en plazo de cinco días, cosa que ya han dicho que harán en los plazos indicados.
El alcalde, Germán Beardo, se ha felicitado públicamente en sus redes sociales por el sobreseimiento y archivo de la causa, aunque sin decir que el auto ni siquiera había llegado a entrar en el fondo del asunto, sino que se ha militado a una cuestión formal.
Las diligencias previas por esta causa comenzaron a practicarse en el mes de abril del pasado 2021 con la declaración ante el juez de los denunciantes y de algunos de los denunciados, pero por lo que parece no se pudo tomar declaración a la totalidad de las personas implicadas.
Los vecinos se unieron en su día ante lo que consideraron “un atropello por parte del Ayuntamiento “ y ya declararon entonces que están dispuestos a seguir hasta el final para que se depuren responsabilidades. “Vamos a llegar hasta el Supremo o hasta donde haga falta”, decían, ya que quieren evitar que otra situación similar pueda volver a ocurrir en el futuro.
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