El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros lamenta que se cuestione constantemente a la interventora municipal

El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) ha salido al paso de las constantes referencias por parte del equipo de Gobierno con respecto a la labor de la interventora municipal, María Dolores Guerrero.

El último episodio que no ha gustado a la entidad profesional que agrupa a secretarios, interventores y tesoreros ha sido el de las últimas declaraciones del concejal de Economía y Hacienda, Javier Bello, con respecto al periodo medio de pago a proveedores, que ha crecido en los últimos meses hasta situarse en 136, 56 días.

Aunque los propios proveedores achacaban este retraso a la falta de personal en el área de Contabilidad, el concejal afirmaba que " el elevado periodo medio de pago a los importantes trámites burocráticos y al sistema de fiscalización implantado por la Intervención municipal en el Ayuntamiento de El Puerto".

El primer pronunciamiento público de Cosital se producía hace algunas semanas, también tras un pronunciamiento el Gobierno local tras el rechazo, por parte del Ministerio de Hacienda, de un préstamo solicitado por la empresa municipal El Puerto Global.

En aquellas declaraciones desde dicha empresa se afirmaba que el Ayuntamiento le adeuda a la sociedad "casi un millón de euros, y no por falta de liquidez municipal, sino debido fundamentalmente a los informes de reparo de la interventora, que retrasan los pagos hasta 220 días".

Desde Cosital consideran que "las alusiones a la interventora del Ayuntamiento están fuera de lugar y carecen de justificación". En concreto, sobre el rechazo al préstamo solicitado en su día por El Puerto Global, la entidad recuerda que "la cancelación de la línea factoring por falta de autorización del Ministerio de Hacienda es una cuestión de estricta legalidad, efectuada por la Administración estatal, y no por la interventora, que no tiene funciones de autorización", y añaden que "la situación de falta de liquidez de la empresa tampoco puede ser achacable a la interventora, que no tiene competencias para paralizar pagos".

El colegio profesional considera "desafortunado que se pretenda cuestionar a través de los medios de comunicación el ejercicio de las funciones legalmente previstas por los funcionarios de habilitación nacional".