El equipo de Gobierno aprueba en solitario el plan de ajuste municipal

El pleno extraordinario de ayer, en el que se aprobó el Plan de Ajuste diseñado por el Gobierno Central para la financiación del pago de la deuda que mantiene el Ayuntamiento con proveedores y empresas, estuvo marcado por la tensión. El equipo de Gobierno y el PSOE se enzarzaron en un debate dialéctico que a punto estuvo de llevar a los socialistas a pedir la impugnación de la sesión, a la que asistió numeroso público que puede verse afectado por las medidas aprobadas. Finalmente, el plan salió adelante sólo con los votos del PP y el PA, mientras PSOE e IU votaron en contra e IP se abstuvo. El objetivo del plan de ajuste, exigido por el Ministerio de Hacienda, es el pago de 68 millones de euros a proveedores y empresas, para lo cual el área Económica ha validado 4.339 facturas y una serie de medidas en las empresas municipales. Esa cantidad será financiada con un crédito ICO a un interés de 4,5%, en un plazo de 10 años, de lo que resulta al final el pago de 88 millones de euros, 20 millones en intereses.

Para poder hacer frente al pago de esa deuda, Intervención y el área Económica han elaborado un paquete de 100 medidas para reducir gastos y captar recursos por parte del Ayuntamiento. La oposición denunció la falta de participación en la elaboración de dichas medidas, así como la escasez de tiempo para estudiar la documentación, que estaba incompleta incluso en el momento de comenzar el pleno.

Por parte del equipo de Gobierno la concejala de Economía, Leocadia Benavente, aseguró que el mecanismo puesto en marcha por el Gobierno Central "viene a salvar a los ayuntamientos". Aseguró que la financiación para pagar el crédito se obtendrá de la venta parcial de Apemsa y del Plan General, además de la subida de las tasas de basura en un 7,8 % para el próximo año, (lo que generará 530.000 euros), y el incremento de las tasas de Cementerio y Mercado de Abastos. Paralelamente, se reducirán gastos en protocolo, comunicación, vigilancia de edificios, reciclaje y habrá cambios en el modelo de gestión del CRA.

Por su parte el PSOE, por medio del edil David de la Encina, no coincidió con la visión de la concejala y expuso otras medidas incluidas en el paquete que tendrán mayor impacto social, como la subida del IBI Urbano, la revisión de los valores catastrales para 2014 y el cierre de la residencia de mayores de la calle Nevería en 2013. De la Encina pidió al alcalde Enrique Moresco y a Leocadia Benavente "la seguridad de que el plan de ajuste no es una pantalla tras la que se ocultan despidos de trabajadores", instándoles a que "firmen que no habrá despidos en las empresas adjudicatarias de servicios municipales". Finalmente, su grupo votó en contra del plan de ajuste, aunque Benavente actuando como alcaldesa accidental no le permitió explicación de voto, dando por levantada la sesión, lo que produjo un rifirrafe entre el PSOE y el equipo de Gobierno. En nota de prensa posterior De la Encina explicó que el pleno "ha evidenciado que las medidas esconden recortes y despidos", y que "el Gobierno local nos ha querido someter al trágala de votar un plan de ajuste que nos va a hipotecar a esta Corporación, a las dos próximas, y a los 89.000 vecinos de El Puerto, que somos responsables de devolver 88 millones de euros de aquí al 2022". Propuso otras medidas de ingresos y ahorro desde la óptica socialista, que fueron aplaudidas por el público, entre ellos las trabajadoras del piso asistido, que se marcharon del salón de plenos indignadas al conocer el posible destino de este servicio municipal.

Por su parte, la concejala de IU, Ángeles Mancha señaló que el decreto del Gobierno "es un ataque a las políticas sociales, a lo público y al municipalismo". Para IU, la consecuencia de la aprobación de este plan de ajustes, "es que el Ayuntamiento dejará de prestar buena parte de los servicios públicos. Ejemplo es el inminente cierre del piso asistido, la eliminación de subvenciones a asociaciones que trabajan con drogodependientes y a cultura y deportes". Sin negar la necesidad de sanear las cuentas públicas, añadió que este plan "supondrá una carga para los ciudadanos ya que aumentarán los impuestos", concluyendo que "una vez más la falta de control de gastos en el Ayuntamiento en los últimos años cae sobre las espaldas más débiles, los ciudadanos". Por último, denunció que "lo único que no se ajusta ni se reduce son los sueldos de los concejales del equipo de gobierno y sus cargos de confianza".

Por su parte, la portavoz del Gobierno municipal, Patricia Ybarra, lamentó el "numerito de los concejales del PSOE", y acusó a David de la Encina de "demagogia y falsedad, alcanzando un límite que no podemos aceptar", según subrayó. Para Patricia Ybarra, el equipo de Gobierno "no puede permitir que un representante de los ciudadanos, en un pleno, hable de recortes y de despidos sin el más mínimo pudor, cuando debería saber que no son ciertos", instando al concejal socialista "a pedir públicas disculpas y que reconozca su error".