El Alambique
Belén Domínguez
El río que nos lleva
Pleno municipal
El salón de plenos de ha llenado este viernes de una manera poco habitual en los últimos tiempos, con el aforo completo por la presencia de varios colectivos: los vecinos de la barriada de la Playa y trabajadores de varias contratas municipales como la de la limpieza urbana, autobuses y centro de reciclaje.
La sesión sirvió para que los concejales socialistas Carmen Ojeda y Víctor Raposo se despidiesen de sus compañeros de Corporación, tras haber renunciado a su acta mediante un escrito presentado hace algunas semanas. Carmen Ojeda, que venía siendo edil del PSOE desde 2015, primero en el gobierno y ahora en la oposición, destacó que era tiempo de retirarse para dejar paso a nuevos compañeros, agradeciendo a colectivos, técnicos municipales y concejales el trato recibido en estos años. También tuvo palabras de agradecimiento para el ex alcalde socialista David de la Encina, al igual que su compañero Víctor Raposo.
En este último caso Raposo no llegó a formar parte del gobierno municipal, al incorporarse al salón de plenos en 2019. Raposo pidió disculpas a los votantes que votaran al PSOE por su pertenencia a la candidatura socialista, aunque como dijo "la política necesita de una dedicación que yo ahora no puedo ofrecer". También agradeció el trato de los colectivos sociales y tuvo una mención especial para Alexandra García, la secretaria del grupo municipal socialista.
Los portavoces de los distintos grupos municipales les dedicaron unas cariñosas palabras, deseándoles lo mejor en esta nueva etapa, lo mismo que el alcalde, Germán Beardo, que les agradeció su apuesta por el estatuto de Gran Ciudad.
Tras aprobarse el punto con su renuncia, ambos ediles abandonaron el salón de plenos.
El siguiente punto de debate fue el que se introdujo por urgencia, para realizar compromisos de financiación a largo plazo para dos asuntos, el nuevo puente rodado desde Bahía Mar a Las Pescadería y el nuevo pliego de limpieza urbana, que según anunció el alcalde saldrá a licitación la semana próxima.
Como anunció Beardo la licitación la realizará la Junta de Gobierno Local, y no el pleno, dentro de las nuevas competencias de El Puerto como Gran Ciudad.
En el caso del puente rodado, el compromiso afecta a reservar 732.000 euros para distintos trabajos previos a las obras, como la elaboración del anteproyecto y el proyecto, así como la dirección de obra y el estudio de seguridad.
En el caso del pliego de la limpieza, que ya se aprobó pero que fue anulado, se trata de consignar un gasto anual de 14,6 millones de euros durante diez años, un gasto que cuenta con informes negativos de la intervención municipal, que recomienda fijar el plazo en ocho años.
En cuanto al punto fuerte del pleno fue sin duda la moción conjunta de la oposición para abordar el problema de las obras del tanque de tormentas, que ya se debería haber terminado pero al que aún le quedan bastantes meses por delante.
Los vecinos de la zona estuvieron presentes en el debate y los portavoces de los grupos de la oposición coincidieron en destacar la preocupación de los vecinos, las dudas que tienen sobre los posibles daños que puedan sufrir sus viviendas y el seguimiento de los trabajos.
La encargada de intervenir por el equipo de gobierno fue Marta Rodríguez, quien recordó que ya se dieron explicaciones en una asamblea celebrada a finales del mes de mayo y dijo que ya hay creada una comisión de seguimiento en la que estarán representantes de los vecinos y también los grupos de la oposición.
La edil reconoció que en este asunto la participación ciudadana es fundamental, recordando que hay un correo de Apemsa al que se pueden trasladar todas las incidencias que aparezcan. "No les vamos a abandonar", les aseguró a los vecinos, tras reconocer el gran impacto que la obra tiene sobre la zona afectada.
Hace unos días se ha derribado el quiosco que existía en la zona, que tuvo que ser apuntalado por las vibraciones y que finalmente se ha eliminado.
El alcalde, a la sazón presidente de Apemsa, también intervino en este punto, insistiendo en que todas las incidencias serán atendidas, con la consiguiente responsabilidad civil que marca la ley. También dijo algo hasta ahora desconocido, y es que la constructora Gyocivil, adjudicataria de la obra, tendrá que pagar una penalización de 20.000 euros por cada día de retraso que sufran los trabajos, una penalización que será cuantiosa teniendo en cuenta que el plazo inicial de conclusión era el pasado mes de marzo. Ahora la fecha de conclusión se ha retrasado hasta noviembre, aunque incluso fuentes de la constructora dudan de que este plazo se pueda cumplir.
Beardo calificó de "legítimas" las reivindicaciones de los vecinos y les mostró su disposición a mantenerles informados y al tanto de las incidencias, aprobándose el punto por unanimidad. "¡Que no nos dejen tirados!", se escuchó al final del debate, entre las protestas de algunos vecinos a los que no gustó el tono empleado por el primer edil.
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