La Plataforma de Afectados por el PGOU insiste en que no se recurra al Supremo

El Puerto/Tras las últimas reuniones de la Plataforma de Afectados por el PGOU, de cara a analizar la anulación del documento urbanístico, este colectivo ha valorado muy positivamente el cambio de posición municipal expresado por la concejala de Urbanismo, Danuxia Enciso, sobre la ausencia de decisión municipal sobre el recurso de la sentencia del TSJA. Esta plataforma cree que la postura que vela más adecuadamente por los intereses generales de los portuenses “pasa por respetar y acatar la sentencia, sin persistir en avanzar por una senda hacia ninguna parte, sin contribuir a un resultado previsible de absoluta incertidumbre y que ha venido implicando un elevado coste personal para los propietarios desde que el PGOU fuese aprobado parcialmente en 2012, un tiempo y esfuerzo invertido que es difícilmente compatible con la tranquilidad demandada por el Ayuntamiento”, señalan.

A juicio de estos vecinos “la sentencia dota al Ayuntamiento de un escenario más favorable para poder tomar unas vías de regularización más eficaces, integradoras y menos costosas que las previstas en el PGOU declarado nulo, sin que lo ejecutado hasta ahora quede convertido en papel mojado”.

Asimismo, se califica de “alentador” que el Servicio de Planeamiento y Gestión municipal esté iniciando los trabajos para un nuevo documento urbanístico “que arbitre los mecanismos legales para amparar a los todos los portuenses afectados por las constantes fluctuaciones normativas autonómicas y municipales para la regularización de las viviendas”.

Según este colectivo “es ahora, gracias a la contundente sentencia del TSJA, cuando se permite revivir la aplicación del PGOU de 1992 en el presente escenario normativo autonómico”, añadiendo que ello “permite la simplificación de los trámites urbanísticos para la regularización de los miles de viviendas afectadas en las condiciones más respetuosas y adecuadas para el medio ambiente y al mismo tiempo dotando a estos ciudadanos de los servicios públicos de obligado cumplimiento y de la seguridad jurídica exigible acerca del futuro de sus viviendas, como de hecho viene ocurriendo en otros municipios que también padecen el mismo fenómeno urbanístico”, concluyen.