Vox se reafirma en el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad

Política Penitenciaria

La diputada nacional Blanca Armario asegura que ningún gobierno "del PP ni del PSOE" ha materializado las reivindicaciones que el colectivo realiza desde hace décadas

Durante una reunión con el sindicato TAMPM ha anunciado que impulsarán iniciativas para que el trabajo de estos funcionarios se considere profesión de riesgo

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Blanca Armario, con los representantes sindicales de TAMPM.

Vox sigue abogando para que los funcionarios de prisiones sean reconocido como agentes de la autoridad. En este sentido, la diputada de Vox por Cádiz en el Congreso, Blanca Armario, ha expresado la "apuesta en firme" de su partido para que estos funcionarios públicos obtengan dicho reconocimiento.

Tras un encuentro con representantes del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) en la provincia, Armario ha incidido "en la necesidad de atender las reivindicaciones de este colectivo para que puedan desarrollar su actividad en condiciones de seguridad".

En febrero de 2020, el Grupo Parlamentario Vox en el Congreso presentó una Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios públicos de prisiones en el desempeño de su labor profesional.

Además, desde la pasada Legislatura Vox ha venido registrando múltiples preguntas dirigidas al Gobierno de Pedro Sánchez "con el fin de conocer las medidas previstas para impedir las agresiones a funcionarios de prisiones, así como la mejora del material antidisturbios disponible para los citados funcionarios".

“Hasta ahora, ningún gobierno ni del Partido Popular ni del Partido Socialista ha materializado todas estas reivindicaciones que el colectivo de funcionarios de prisiones viene realizando desde hace décadas”, apunta la diputada nacional de Vox.

Armario ha anunciado que desde Vox "vamos a seguir impulsando iniciativas encaminadas a la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones, una mayor dotación de medios materiales y humanos, el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad, que su trabajo sea considerado profesión de riesgo y también que el Gobierno aporte datos e información sobre las agresiones que sufren los funcionarios de prisiones”, concluye.