Los alojamientos turísticos explican su rechazo al parking de caravanas

La decisión del Consejo de Administración de la empresa municipal Impulsa El Puerto, acerca de prohibir la presencia de autocaravanas en el parking público de la Pasarela, ha levantado esta semana una gran polvareda, provocando reacciones en grupos como Izquierda Unida, Levantemos El Puerto -que incluso ha decidido dejar el Consejo- o los ecologistas.

El colectivo de empresarios turísticos de El Puerto, que lleva tres años trabajando en la regulación de un asunto que consideraban un problema para la ciudad, ha querido explicar a Diario de Cádiz su postura.

Estos empresarios, entre los que se encuentran propietarios y directores de hoteles, hostales y apartamentos turísticos, así como el concesionario del camping Las Dunas, quiere aclarar, ante la polémica suscitada, que “no se trata de un problema de competencia con el camping, que es como se está haciendo ver desde algunos sectores, sino de un problema de legalidad y sobre todo de seguridad”.

Estos empresarios recuerdan que fue el anterior equipo de gobierno, mientras gobernaba el PP, el que permitió de forma oficiosa que las autocaravanas pernoctaran en este aparcamiento, llegándose a firmar un convenio en junio de 2015 entre Impulsa El Puerto y una empresa del sector de las autocaravanas para incluir este parking en una ruta de estacionamientos autorizados.

Posteriormente, ya cuando se comprobó que los autocaravanistas pernoctaban en un estacionamiento sin ninguna clase de servicios, fue cuando los hoteleros comenzaron a moverse para pedir a Impulsa que impidiese el uso de este estacionamiento con una zona de acampada, al no reunir los requisitos que pide la Ley para ello.

De hecho, el decreto 26/2018 de 23 de enero, para la ordenación de los campamentos de turismo, establece claramente cuáles son las normas para autorizar las zonas de autocaravanas, y entre otras cosas se prohíbe expresamente este tipo de establecimientos en terrenos no autorizados por la normativa reguladora de Costas, terrenos situados en cauces de agua naturales, en un radio inferior a mil metros de monumentos históricos, en terrenos situados en zonas de protección de una carretera o en terrenos susceptibles de ser inundados. El parking Pasarela, por tanto, incumpliría según los hosteleros varios de estos requisitos, al estar junto a un río y una carretera y muy cerca de la iglesia del Espíritu Santo, un monumento histórico.

Estos empresarios insisten en destacar que no se trata, como se ha dicho por parte de algunos colectivos como Ecologistas en Acción, de beneficiar al único camping que existe en la ciudad -que por cierto dejó de ser municipal en 2017, al no renovar el Ayuntamiento la concesión que mantenía con la Junta de Andalucía- sino de garantizar la seguridad y los servicios que requiere una instalación de estas características. “¿Qué pasaría” -se preguntan- “si hay una crecida del río y se lleva por delante a varias caravanas?. Los accidentes ocurren y cuando sucede una desgracia todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Se trata de evitar que ocurran cumpliendo la ley y las normas establecidas”, insisten.

Los empresarios afirman que si cualquier empresario o la propia sociedad municipal Impulsa quisiera regularizar este parking de autocaravanas cumpliendo con la normativa legal, podría hacerlo, aunque dudan de que la iniciativa prosperara por las características de este aparcamiento. Señalan, no obstante, que nadie se opondría a que se habilitara una zona de autocaravanas en cualquier punto del término municipal que reuniera los requisitos legales necesarios. Es más, afirman que “la competencia es siempre buena”, siempre que sea “en igualdad de condiciones”.

En este punto colocan la situación en un plano parecido a lo que ocurre con los apartamentos turísticos piratas, que no cumplen con ninguna obligación y sí perjudican al sector hotelero.

También recuerdan que una zona de pernocta de autoracavanas requiere, según dicta la ley, servicios como una recepción, personas formadas en Turismo, un seguro de responsabilidad civil, un registro, servicios químicos, aseos, agua y electricidad, así como cámaras de vigilancia, zona arbolada y parcelas, condiciones todas ellas incumplidas por este aparcamiento.

También habría que hacer, como es lógico, un estudio de viabilidad económico-financiera.

Por último, estos empresarios se preguntan “qué opina de esto la Autoridad Portuaria, propietaria de estos terrenos”.