Los desahucios, como arma arrojadiza

El drama de los desahucios está alcanzando tal dimensión social que los partidos políticos ya lo utilizan, cada vez con más frecuencia, como arma arrojadiza en sus luchas contra el adversario.

Ayer el Partido Andalucista lanzaba una nota de prensa en la que acusaba a la Junta de Andalucía de querer dejar en la calle a una familia, mediante la ejecución de un desahucio previsto para el próximo 7 de junio. El portavoz andalucista, Antonio Jesús Ruiz, pedía al delegado territorial de Obras Públicas, Manuel Cárdenas, que reconsiderara la decisión, ya que la vivienda es propiedad de la Junta.

El titular de la delegación provincial, sin embargo, explicaba una situación muy diferente, al indicar que no se trata ni mucho menos de un desahucio al uso, por un motivo de impago, sino que se trata de unas viviendas destinadas exclusivamente a trabajadores de Obras Públicas (anteriormente pertenecían al Ministerio, el MOPU) ubicadas cerca del parque comercial Bahía Mar y la terminal de contenedores de Adif.

De las doce viviendas existentes, explicaba el delegado, seis están ocupadas de forma irregular por personas que ya no trabajan en Carreteras, algunas de ellos por viudas de trabajadores y otras incluso se encuentran vacías. En el caso concreto que denuncia el PA, Cárdenas asegura que el ex-trabajador de Carreteras se jubiló en el año 2003, por lo que desde entonces ocupa la casa de modo irregular, hasta que el piso ha sido reclamado por un trabajador en activo que sí reúne las condiciones necesarias para disfrutarla. El delegado asegura, además, que el ex-trabajador ni siquiera vive en ese piso, ya que reside en Cádiz, aunque al parecer la vivienda sí está ocupada pero la Junta, propietaria del inmueble, no sabe por quién. "Estas viviendas no son parque público, sino que están destinadas a los trabajadores que las necesitan", explica el delegado, quien además recuerda que este y otros expedientes del mismo conjunto de viviendas llevan ya abiertos varios años, al menos desde 2009, y es ahora cuando van a comenzar a resolverse.

El delegado insiste en que son viviendas gratuitas, por las que los inquilinos no pagan nada, y están únicamente a disposición de los trabajadores de Obras Públicas en activo. "No vamos a dejar a nadie en la calle porque estas personas tienen otra vivienda y hace años que no tienen derecho a disfrutar de esta, el PA solo trata de desacreditar a la Junta", asegura.

En la nota de prensa emitida ayer el portavoz andalucista señalaba que "la administración autonómica no puede predicar una cosa y hacer la contraria" y pedía al delegado territorial que negociara con la familia. También consideraba Antonio Jesús Ruiz "muy contradictorio que meses atrás Cárdenas se empleara a fondo en solicitar la paralización de los desahucios y ahora vaya a ejecutar uno en El Puerto, después de haber estado incluso recogiendo firmas sobre la dación en pago", dijo.

En el escrito de Ruiz se afirma que la familia en cuestión se quedaría en la calle "ya que no poseen otra propiedad", aunque los datos de los que dispone la Junta son otros y afirman que los beneficiarios ni siquiera residen en la ciudad.

Ruiz Aguilar insistía en su nota de prensa en la necesidad de alcanzar "una solución" y reclamaba al ejecutivo andaluz "que no se esfuerce en maquillar la realidad, porque llamar desalojo forzoso a un desahucio no va a evitar que la ciudadanía se entere, especialmente los propios afectados". Finalmente, el portavoz andalucista recordaba que El Puerto, por acuerdo plenario, es municipio libre de desahucios, por lo que recordaba que el Ayuntamiento no puede apoyar ninguna medida que pueda facilitar la ejecución de un lanzamiento en el término municipal portuense, por lo que considera que el previsto por la Junta "tampoco puede ser auxiliado".

Uno de los vecinos de los pisos del MOPU ya intervino en el pleno municipal celebrado el pasado mes de abril, y ya entonces la edil de IU Angelines Mancha indicó que no se trataba de un desahucio por impago, sino de una vivienda para la cual sus actuales ocupantes ya no cumplen los requisitos requeridos de vinculación laboral a Obras Públicas.