Los ecologistas piden que la Junta declare "inviable" la urbanización de la finca portuense La China

El Puerto/Ecologistas en Acción ha solicitado a la delegación de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía que se declare “ambientalmente inviable” el PERI La China, ya que “consagra un modelo de desarrollo insostenible, atentatorio al interés general, y provocaría graves impactos al patrimonio natural y paisajístico de El Puerto”.

Los ecologistas insisten en que la protección de la finca La China es necesaria desde el punto de vista ambiental y viable legal y económicamente, “pues la indemnización o expropiación sería por la valoración actual del suelo, sin expectativas derivadas de la edificabilidad prevista”.

En todo caso, añaden, habría que hacer una valoración comparativa entre la posible expropiación de esa finca y la deuda real existente entre la empresa promotora de Puerto Sherry y el Ayuntamiento.

Los ecologistas señalan que La China es una de las últimas zonas forestales de la Costa Oeste, y advierten que El Puerto no necesita nuevas urbanizaciones de segunda residencia, ya que la prioridad debe ser rehabilitar el casco urbano, sobre todo para alquiler para jóvenes.

El nuevo Plan Especial pretende urbanizar la finca La China y terminar el Pueblo Marinero de Puerto Sherry, “y sería la culminación de un gigantesco fraude. Su finalidad es aumentar la edificabilidad, colmatar el frente litoral, y recalificar suelos hoteleros y comerciales a residencial, con el objetivo de aumentar las plusvalías de los propietarios de los terrenos”.

Los ecologistas señalan que en el PGOU de 1991, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, “en connivencia con los promotores de Puerto Sherry”, declararon suelo urbano el relleno de Puerto Sherry y la finca La China, “sin cumplir ninguna de las condiciones legales. Urbanizar era el verdadero interés de los promotores, y no el complejo náutico”.

La declaración de los terrenos como suelo urbano, añaden los ecologistas, se hizo en base a un convenio por el que la promotora de Puerto Sherry se comprometía a diversas actuaciones “en compensación” por la privatización de la playa de La Colorá y del relleno al mar. No obstante, “nada se hizo y todas esas actuaciones las han ejecutado las administraciones públicas”.

Estiman que la deuda de Marina Puerto de Santa María S.A. con el Ayuntamiento de El Puerto podría ascender a 24 millones de euros en estas casi cuatro décadas. Los convenios suscritos entre el Ayuntamiento y dicha empresa fueron aumentando la edificabilidad en el Pueblo Marinero y La China y cambiando usos hoteleros por residenciales. “Todo un ejemplo de ingeniería urbanística al servicio de la especulación”.

Posteriormente, se produjo la quiebra de la empresa, rescatada por Autoridad Portuaria, con un coste de 85 millones de euros. “Para colmo, una vez saneada, se devolvió a los mismos empresarios que la habían arruinado; y nunca se devolvió ese dinero público”.

En el nuevo PERI se recoge ese aumento de edificabilidad y del número de viviendas en relación con las estipulaciones del PGOU en vigor, “se permiten cambios de uso comercial a residencial y se suprime la parcela hotelera para reconvertirla en viviendas, de manera que de toda la edificabilidad un 69,68% es residencial, un 21,71% comercial y tan sólo un 8,61% hotelero”.

Los ecologistas concluyen que la falta de evaluación ambiental del actual PGOU de El Puerto “obliga a analizar la necesidad y viabilidad de esta nueva urbanización, así como opciones alternativas para su desarrollo”, y advierten que "el crecimiento desproporcionado e incontrolado del municipio está llevando a un colapso de la ciudad y de los servicios públicos".