La Florida, la tierra prometida

Son muchos los proyectos anunciados para El Puerto que por uno u otro motivo se han estancado y a pesar de sus evidentes bondades, no han terminado de cuajar o su tramitación ha sido tan larga que ha terminado por aburrir a la ciudadanía. Uno de estos proyectos es el de La Florida, una parcela de 82,5 hectáreas perfectamente integrada en la trama urbana de la ciudad y que fue adquirida por la Junta de Andalucía en el año 2000.

Este suelo se declaró urbanizable con el PGOU de 1992, que hoy sigue en vigor tras la anulación del Plan de 2012, y no cuenta con ningún impedimento medioambiental ni de ningún otro tipo que justifique su falta de desarrollo hasta la fecha. 

En el año 2000 la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía anunciaba la redacción de un proyecto de urbanización de cara a la construcción de 3.600 viviendas en la zona, anunciando incluso el inicio de las obras para el año 2001. En 2002, sin haberse movido un dedo hasta entonces, se pospuso esa intención de empezar la urbanización hasta finales de ese mismo año, rebajándose entonces el número previsto de viviendas a 3.400 y anunciándose también la intención de convocar un concurso de ideas. 

No fue hasta el año 2004 cuando la Junta de Andalucía abrió el concurso para adjudicar las obras de ampliación de la avenida de Valencia, la principal arteria del nuevo desarrollo previsto, y aún habría que esperar cuatro años más, hasta 2008, para la firma de un convenio entre el Ayuntamiento -siendo alcalde el popular Enrique Moresco- y la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. El entonces consejero, Juan Espadas, explicaba la intención de la Junta de empezar a construir las primeras viviendas durante los primeros meses de 2010, una vez se hubiesen superado los trámites administrativos y la redacción de los proyectos de obras necesarios, que se desarrollarían en 2009.

A finales de ese año entraba en escena otro de los actores de este culebrón, el estado, de la mano de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). La firma del convenio entre ambas administraciones se realizó en Sevilla durante un acto al que asistieron la entonces ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, que seguía siendo Juan Espadas.

Ambas administraciones pactaron su participación en este proyecto a través de sus sociedades con responsabilidad en materia de suelo, por parte estatal Sepes y por parte de la Junta la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (Epsa), comprometiéndose el gobierno central a aportar 33 millones de euros para la urbanización de la zona. Pero el tiempo siguió corriendo y ni rastro de las esperadas obras en La Florida. 

En 2011 la entonces consejera de Vivienda de la Junta, Josefina Cruz, achacaba el retraso a la complejidad técnica del proyecto. Poco a poco el retraso en la urbanización de la zona fue teniendo daños colaterales, ya que la parcela ofrecía espacio para equipamientos como un centro de salud o un centro social que se construyó con el Plan E de Zapatero y que se levantó en La Florida literalmente en mitad de la nada, ya que no existía la urbanización alrededor y ni siquiera había viales para llegar hasta el edificio. El Ayuntamiento tuvo que destinar 200.000 euros a crear un acceso provisional, pues de otra forma no se hubiese podido poner en uso el edificio.

La crisis económica también influyó en el despropósito, porque afectó de lleno al sector del ladrillo y echó por tierra muchos proyectos urbanísticos en todo el país. No fue hasta 2018 cuando de nuevo se volvió a hablar del proyecto, siendo alcalde el socialista David de la Encina, tras una reunión mantenida con el gobierno central para tratar de reactivar este desarrollo urbano. Pero no iba a ser tan fácil. En 2019 se repetía la historia y volvía a existir un problema con la falta de urbanización de la zona, en este caso por la conclusión de las obras del centro de salud Ángel Salvatierra, que como ya ocurrió con el centro de emergencia social se levantó sin estar urbanizado su entorno. De la Encina y su socio de gobierno Antonio Fernández (IU) tuvieron que ir a Madrid para negociar con Sepes una solución de urgencia, que finalmente pasó por adelantar el Ayuntamiento 300.000 euros del dinero que la entidad estatal debía aportar para la urbanización.

Una vez solventado este asunto, el proyecto volvió a dormir el sueño de los justos hasta prácticamente este año, cuando el pasado mes de febrero el Ayuntamiento, a través de la empresa municipal de Suelo y Vivienda (Suvipuerto) acordaba instar a la Sepes a la convocatoria de la comisión de seguimiento para llevar a la práctica el convenio firmado en 2009, que contempla 1.181 viviendas protegidas (498 pertenecientes a Sepes, 499 a la Junta de Andalucía, a través de AVRA y 184 al Ayuntamiento).

Por fin esta comisión de seguimiento se celebraba esta pasada semana en Sevilla, con una nueva cifra sobre la mesa, la promoción de 2.413 viviendas, la mayoría de ellas protegidas. Tras la reunión, convocada por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), se informaba del desbloqueo del convenio firmado en 2009 para poner en marcha el desarrollo urbanístico de estos suelos, aunque aún quedan varios flecos por cerrar como la actualización del documento, después de 13 años. Las partes se han emplazado para una próxima reunión técnica antes de la siguiente comisión de seguimiento. A ver si esta vez la tierra prometida se convierte en una realidad.