Germán Beardo también “pasa” del Defensor del Pueblo Andaluz

Ecologistas en Acción lamenta que el Ayuntamiento de El Puerto haya incumplido hasta cuatro resoluciones del Defensor del Pueblo Andaluz aceptando quejas presentadas por el colectivo sobre distintas actuaciones municipales.

En diciembre de 2024 la Asociación Ecologistas en Acción presentó reclamación ante el Defensor del Pueblo Andaluz por incumplimiento por parte del Ayuntamiento portuense de la elaboración de un Plan de Movilidad y la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el municipio. La queja fue admitida por el Defensor, requiriendo información al Ayuntamiento en varias ocasiones. Ante la negativa municipal a facilitar información, el 1 de julio de 2024 se remitió una dura resolución dirigida al alcalde, Germán Beardo, en la que se le insta a que cumpla con la obligación de resolver a cargo de la administración pública, así como facilitar el derecho ciudadano a una buena administración con el cumplimiento de los principios rectores de la actuación administrativa contenido en el artículo 103 de la Constitución y el 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 9/1983 de 1 de diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, se instó al alcalde para que en el plazo de un mes se diera respuesta a la resolución emitida y se informara a Ecologistas en Acción sobre el motivo por el que se ha incumplido la Ley 7/2021 de 20 de mayo de cambio climático y transición energética, que establece la obligación a los municipios de más de 50.000 habitantes a adoptar planes de movilidad y la implantación de zonas de bajas emisiones.

Ante el incumplimiento por parte del alcalde de la resolución de julio 2024, el Defensor el 29 de agosto reiteró la contestación al Ayuntamiento, que sigue haciendo oídos sordos, por lo que el 2 de octubre se procedió a contactar telefónicamente con responsables municipales para recordar el requerimiento incumplido.

Recientemente, Ecologistas en Acción recibió un oficio del Defensor del Pueblo Andaluz en el que se indica que se sigue sin obtener respuesta por el Ayuntamiento, por lo que de nuevo se ha procedido a reiterar la resolución que se emitió ya hace cuatro meses.

Idénticos resultados negativos se han obtenido en resoluciones dictadas por el Defensor del Pueblo en quejas más antiguas planteadas por Ecologistas en Acción, que no han sido respondidas, con un desprecio absoluto ante el trabajo realizado por el Defensor del Pueblo Andaluz.

En uno de los casos se solicita que se aporte también informe de un técnico municipal, en otro que se reinicie el expediente de protección de la legalidad por una construcción que había sido archivado con la excusa de no localizar al propietario, y un tercero por falta de respuesta a numerosos escritos presentados por los ecologistas.

La asociación ha tenido que acudir en numerosas ocasiones tanto al Defensor del Pueblo como al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía para reclamar su derecho a obtener respuesta a sus escritos y acceso a documentos públicos lo que ocasiona una carga innecesaria de trabajo a estas instituciones.

“No se trata de casos aislados ni en relación a reclamaciones de Ecologistas en Acción, ya que tenemos constancia que es la práctica habitual de este Ayuntamiento, amparándose como siempre en la falta de personal, cuando en realidad es una falta de voluntad”, lamentan, y añaden que “los actuales dirigentes del Ayuntamiento de El Puerto no solo no creen en la participación ciudadana ni en las demandas de la ciudadanía, sino que además, haciendo alarde de una falta de colaboración interadministrativa, ignoran deliberadamente las resoluciones del Defensor del Pueblo Andaluz. Beardo y su equipo alardean de transparencia, pero los hechos los desmienten cuando se niegan a facilitar información a la que tienen derecho las asociaciones y ciudadanos en general, como son los casos que aquí se refieren y que no dejan de ser un botón de muestra de lo que realmente ocurre en esta administración local”.

El alcalde incumple la normativa estatal mientras ensalza a Milei, negacionista del cambio climático

Hace tan solo unas semanas el alcalde portuense, Germán Beardo, viajaba a Argentina y se reunía con miembros del gobierno de aquel país, alabando en los medios de comunicación en los que fue entrevistado las políticas del presidente Javier Milei, uno de los principales abanderados del negacionismo climático.

El presidente argentino considera el cambio climático como una “mentira socialista”, en la línea de Donald Trump, que lo ha calificado como “una de las mayores estafas del siglo”, llegando a retirar a la delegación de su país de la reciente cumbre del clima. 

No sabemos si esta simpatía que siente el alcalde por el neoliberalismo y sus mantras es la que le ha llevado a desatender hasta ahora todos los requerimientos que le han llegado desde diferentes instituciones para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida auspiciada desde la Unión Europea para reducir la contaminación urbana, reducir los niveles de gases de efecto invernadero y para mejorar la movilidad de los peatones. 

Esta acción es obligatoria para todos los municipios del país con más de 50.000 habitantes y cada Ayuntamiento puede elegir el espacio urbano donde implantar estas zonas, con acceso restringido al tráfico rodado. La mayor parte de los Ayuntamientos ha obtenido fondos comunitarios para el desarrollo de esta medida, y también para otras como el fomento del uso de los autobuses urbanos, pero no El Puerto, que ni siquiera se ha presentado a las diferentes convocatorias.

Recientemente el Defensor del Pueblo tiraba de las orejas a Beardo por no atender sus requerimientos para la puesta en marcha de esta medida, pero de momento el alcalde sigue a lo suyo, haciendo “política internacional” mientras tiene la casa sin barrer.