Dos grandes comunidades de Valdelagrana anuncian acciones legales si no se paralizan las atracciones

El Puerto/Dos de las grandes comunidades de propietarios de Valdelagrana, Blegamar y Vigalpe 500 -que agrupan a más de 1.000 propietarios- han remitido un burofax al alcalde, Germán Beardo, en el que le dan un plazo de 48 horas para que se paralicen las nuevas atracciones instaladas en una de las bolsas de aparcamiento de la urbanización.

Los vecinos, a través del bufete de abogados Flores, recuerdan que la zona en la que llevan funcionando estas atracciones desde el pasado 1 de julio tiene uso residencial, aparcamiento y zona verde y recuerdan que "el derecho al descanso forma parte del derecho fundamental a la integridad física, así como del derecho fundamental a la intimidad, siendo así que las actividades que se están permitiendo por el Ayuntamiento son acústicamente contaminantes, siendo responsabilidad inexcusable del Ayuntamiento garantizar su ejercicio por los vecinos".

También explican que el pasado 10 de julio se le trasladó personalmente este malestar de los vecinos al concejal de Fiestas, David Calleja, por lo que el Ayuntamiento tiene constancia de este malestar.

También denuncian que "las atracciones feriales no cuentan con ninguna de las tres licencias que son preceptivas, a saber, la licencia de ocupación para uso común especial del dominio público, la licencia de instalación y la licencia de puesta en funcionamiento y apertura al público".

Hasta la fecha, y pese a los numerosos requerimientos vecinales de suspensión de actividad que se han realizado, el Ayuntamiento no sólo no ha paralizado la actividad, sino que incluso ha omitido realizar cualquier actuación en orden al restablecimiento de la legalidad urbanística conculcada", denuncian.

Por todo ello estos propietarios, a través del citado bufete de abogados, instan al alcalde a que disponga lo necesario "en orden a la inmediata paralización, desmontaje y desalojo de las atracciones feriales y recreativas instaladas", añadiendo que "el funcionamiento de las citadas atracciones supone un grave riesgo para la salud de las personas, dada la actual situación de emergencia sanitaria". En este sentido, recuerdan que "la propia Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, ha dirigido a todos los Ayuntamientos la recomendación de que no autoricen ni celebren actividades recreativas y espectáculos públicos de carácter ocasional o extraordinario ni, en general, cualquier otro evento en el que se propicie la coincidencia masiva de personas, mientras persista la situación de emergencia sanitaria motivada por el Covid-19, la cual no ha desaparecido aún".

Según el escrito dirigido al alcalde "la ocupación del dominio público para uso común especial, así como la

instalación y puesta en funcionamiento y apertura al público de las citadas atracciones recreativas se han llevado a cabo con flagrante y manifiesto incumplimiento de lo dispuesto en la ley. La instalación vulnera de modo flagrante la ordenación urbanística de la ciudad y se vulneran asimismo la vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica, con grave vulneración de los derechos fundamentales de los vecinos".

Las comunidades denunciantes piden "que se depuren las responsabilidades de toda índole en las que hubiera podido incurrir cualquier autoridad o empleado público del Ayuntamiento que por acción u omisión haya tolerado, permitido, propiciado o fomentado la situación descrita, con especial atención a las siguientes conductas: la del concejal de Patrimonio Histórico y Fiestas, David Calleja, quien, en reunión mantenida el pasado viernes 10 de julio, vino a admitir de manera expresa ante un nutrido grupo de vecinos afectados que desde esa Corporación municipal se está dispensando un trato de favor a los particulares responsables de la ocupación, instalación y actividad denunciadas, eximiéndolos de la obligación de obtener las licencias preceptivas y prescindiendo, por tanto, total y absolutamente del procedimiento legal y reglamentariamente establecido; la del mando de la Policía Local de esta ciudad (Rafael Muñoz Leonisio), que, de verificarse lo manifestado reiteradamente por agentes de dicho Cuerpo, cuantas veces han sido requeridos en relación a este asunto, haya podido ordenar a los efectivos bajo su dependencia que se abstengan de actuar ante cualquier denuncia o requerimiento que puedan recibir de los vecinos afectados".

Por todo ello, si estos requerimientos no son atendidos "en sus justos términos en un plazo de 48 horas, y sin perjuicio de las acciones que se pudieran ejercitar en otros órdenes jurisdiccionales, nos veremos obligados a poner los hechos relatados en conocimiento de la Fiscalía y del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, por si los mismos pudieran ser constitutivos de delito", advierten.