"Es inmoral que Jesús Garay, con un sueldo de 63.000 euros, pretenda que los portuenses le paguemos el abogado"

El Puerto/Los grupos de la oposición municipal en El Puerto han elevado al pleno de este viernes una moción conjunta instando al gobierno local a modificar el Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Municipal del Ayuntamiento de El Puerto (ROGAM), incorporando una cláusula expresa que establezca que "los gastos de defensa jurídica asumidos por el Ayuntamiento a favor de un concejal o cargo público, derivados de procedimientos judiciales relacionados con su actuación pública, deberán ser reintegrados en su totalidad a la Hacienda Municipal en caso de que dicho cargo público resulte condenado por resolución judicial firme".

Asimismo, y para los casos en los que esta devolución no se produzca de manera voluntaria, se propone además que dicha cláusula recoja que el Ayuntamiento procederá a exigir judicialmente el reintegro de esas cantidades por la vía legal correspondiente.

Esta iniciativa refrendada por los cuatro grupos de la oposición, PSOE, VOX, UP e IU, viene a dar respuesta a la indignación ciudadana tras conocerse que el concejal popular Jesús Garay, actualmente imputado en dos causas judiciales, ha solicitado por registro oficial "la designación de abogado y procurador externos para la asunción de defensa en procedimiento indicado”; una cuestión que, a juicio de los portavoces, “es absolutamente inmoral, ya que estamos hablando de un concejal que cobra la friolera de 63.000 euros del Ayuntamiento, y además con una gestión que deja bastante que desear, pues más allá de las dos causas en las que se encuentra investigado, la de Puerto III y la del trenecito a Puerto Sherry, poco más se le conoce de su labor municipal”.

Desde PSOE, VOX, UP e IU señalan que “no podemos permitir que los vecinos y vecinas de El Puerto paguen las consecuencias de actuaciones personales de cargos públicos, como en este caso, ya que, lejos de defender a la ciudad, podría haber actuado en su perjuicio”, añadiendo que “para proteger los recursos municipales y garantizar la responsabilidad personal de los cargos públicos hacemos esta propuesta para que quien cause daño al erario público, directa o indirectamente, responda de ello y no se beneficie de recursos de todos para defenderse de actos que puedan ser delictivos”.

La oposición denuncia "la inmoralidad y la falta de escrúpulos de este gobierno, cuyo alcalde, Germán Beardo, cuando imputan a uno de sus concejales lo premia dándole más poder y subiéndole el sueldo, y ahora además pagándole el abogado con el dinero de todos los portuenses”, han finalizado los portavoces.