Jesús Garay se acoge a su derecho a no declarar como investigado en la trama del trenecito a Puerto Sherry

El Puerto/El teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Garay, ha sido el gran protagonista ausente de este viernes en el pleno municipal celebrado en el Ayuntamiento de El Puerto. Y es que mientras que se desarrollaba la sesión, desde las nueve de la mañana, dos horas más tarde el concejal de Germán Beardo estaba citado en el Juzgado para declarar como investigado en la trama del trenecito a Puerto Sherry, una de las piezas separadas que se abrieron a raíz de la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en el verano de 2023, y que se hicieron públicas en enero de 2024 a raíz de la detención del exjefe accidental de la Policía Local, Rafael Muñoz Leonisio, y el técnico municipal José Manuel Camacho.

Jesús Garay se ha acogido a su derecho a no declarar tras haberse producido un error en su citación por parte de la Policía Nacional, un documento en el que se le convocaba en calidad de testigo, cuando lo cierto es que el juez le requería en calidad de investigado. Tras constatarse por parte del juez su citación en dicha condición, y no como testigo, Garay ha preferido no declarar, haciendo uso de su derecho constitucional.

Precisamente en el pleno celebrado este viernes la principal línea argumental del Partido Popular, en palabras del portavoz Javier Bello, ha sido insistir en que se trataba de una declaración como testigo, cuando finalmente se ha demostrado que no era así y que Garay está investigado, tras haber declarado antes otras dos veces como testigo.

El juez a Garay: "Ha salido hasta en el Diario de Cádiz"

En la vista el propio juez se ha sentido hasta molesto con Garay y su abogado al entender que debían saber de sobra su condición de investigado, ya que era público y notorio, pudiendo haber acudido al Juzgado a confirmalo en caso de duda ante un posible error. De hecho, le ha llegado a decir que su citación como investigado se había publicado hasta en Diario de Cádiz.

Y es que el escrito del fiscal que figura en las diligencias previas del caso es más que claro y se le acusa de dos delitos, uno de negociaciones prohibidas como cooperador necesario y otro delito de prevaricación omisiva como autor. Según el escrito del fiscal Jesús Garay, como delegado entonces de la Policía Local, permitió en el verano de 2023 que un trenecito explotado por el hijo del entonces jefe accidental de la Policía Local circulara entre El Puerto, Vistahermosa y Puerto Sherry, "como habían planeado el intendente Rafael Muñoz Leonisio, su hijo Rafael y el técnico José Manuel Camacho, omitiendo conscientemente y a sabiendas de su ilegalidad, y de acuerdo con ellos, cualquier actuación que pudiera haber impedido dicha explotación del tren por parte del hijo del intendente".

El concejal del PP, según la investigación llevada a cabo, habría hecho la vista gorda y miró hacia otro lado, "no mandando a los agentes a controlar si el tren iba a circular sin licencia". En el escrito el fiscal dice que "Jesús Garay era perfectamente consciente de sus competencias y que tenía la potestad y obligación de haber impedido lo sucedido".

Otros responsables municipales que han declarado como testigos en la causa, como Millán Alegre o Pedro Serrano, aseguraron que la competencia para la autorización del tren le correspondía en última instancia al delegado de Tráfico, Seguridad y Policía Local, es decir, Jesús Garay.

La denuncia que ha terminado en los tribunales partió de una ciudadana que se montó en el tren el 6 de agosto de 2023, que relató cómo el vehículo circulaba lleno de personas y de forma temeraria, haciendo zig zag. La usuaria llemó a la Policía pero se extrañó de que no hicieran nada, por lo que optó por enviar un vídeo de los hechos al correo de atestados de la Jefatura de Policía, atestado que fue remitido al Juzgado de guardia, dando lugar a un procedimiento en materia de seguridad vial.

"El tren estuvo funcionando durante tres días por la ciudad en pleno mes de agosto, manteniendo Jesús Garay una actitud totalmente pasiva tolerante y omisiva, incumpliendo las obligaciones propias de su cargo, siendo conocedor de que el tren circularía a sus anchas y sin autorización", afirma el fiscal en su escrito, y añade que "de no haberse producido un accidente cuado iba repleto de personas a bordo, en la madrugada del 6 de agosto, hubiese circulado durante todo el mes sn licencia y con la permisividad del delegado de Tráfico, Seguridad y Policía Local, Jesús Garay".

Durante el pleno de este viernes la oposición en su conjunto ha reclamado explicaciones al alcalde, Germán Beardo, que no las ha dado, limitándose a insistir en que Garay estaba citado como testigo y llegando a pedir que se retirara la moción. Todos los grupos de la oposición han coincidido en denunciar no ya la posible responsabilidad penal del concejal de Seguridad, que se dilucidará en el Juzgado, sino la responsabilidad moral y política que requiere, al menos, de alguna explicación por parte del gobierno municipal.

Incluso varios grupos le han reprochado al alcalde que, en lugar de ofrecer estas explicaciones, se haya premiado a Garay con una gran subida de sueldo, con un salario de 63.000 euros anuales, "más de lo que ha cobrado antes ningún alcalde en El Puerto".

En las diligencias previas se hace alusión a numerosas llamadas entre los diferentes investigados en la causa, aunque faltan aún por llegar al Juzgado los ordenadores que se incautaron en su día tanto a Rafael Muñoz Leonisio como a José Manuel Camacho, terminales que aún están en poder de la Policía.

Contratación de un abogado por parte del Ayuntamiento

El Ayuntamiento, por otro lado, ha contratado un abogado externo para llevar a cabo la representación y defensa de los intereses municipales, "por periodo de tiempo de seis meses ampliable en su caso por otros seis, en los procedimientos judiciales tramitados en todo orden jurisdiccional e instancia en los que a fecha actual es parte este Ayuntamiento, o pudiera serlo durante el indicado periodo de tiempo".

Dentro de este procedimiento se ha contratado al bufete Yrigoyen, por un importe de 7.200 euros. El abogado Miguel Pérez de Yrigoyen ha sido el que ha acompañado este viernes a Garay en el Juzgado