El juicio por las pistas cubiertas del Club Náutico de El Puerto será el 14 de enero

El próximo 14 de enero se celebra en Cádiz el juicio por la instalación de las pistas deportivas cubiertas en las instalaciones del Real Club Náutico, un asunto que se remonta al mes de mayo de 2022, cuando la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) permitió al titular de la explotación de estas pistas a realizar obras de mejora en las mismas, autorizando también la cubrición de las pistas mediante una estructura metálica de siete metros de alto. En dicha autorización se dice también que el organismo portuario tenía un informe favorable por parte del Ayuntamiento portuense, firmado por el jefe de servicio de Medio Ambiente, Antonio Caraballo.

Como explica el responsable de las pistas, un empresario argentino que ya había puesto en marcha con anterioridad otros negocios, como las pistas cubiertas de pádel en el complejo deportivo de Afanas, contrató a la misma empresa que cubrió dichas pistas y otras de padel en La Cancha, recibiendo la empresa especializada contratada a tal fin las indicaciones necesarias por parte de un arquitecto municipal del departamento de Licencias, recibiendo incluso el formulario para presentar una declaración responsable y las instrucciones para cumplimentarla.

Las obras comenzaron en el año 2022 pero pronto empezaron las quejas vecinales, así como de otros colectivos, que consideran que la instalación tiene un enorme impacto visual en una zona cercana al río Guadalete, junto al nuevo paseo fluvial.

El empresario que gestiona las pistas recuerda que antes de instalarse esa cubierta el Club Náutico ya tenía las pistas tapadas con una lona de cinco metros, por lo que considera que “yo no le he tapado a nadie la visión del río”. Sin embargo, pasados unos meses se le citó desde el área municipal de Urbanismo, como promotor de la obra, así como al gerente del Club Náutico y el arquitecto de la empresa instaladora. En esa reunión les dijeron verbalmente que la obra era ilegal por una serie de motivos técnicos, y les daban un plazo para desmontarlo todo, advirtiéndoles que en caso de no hacerlo vendrían las multas correspondientes.

El empresario, ante esta situación, se pregunta “cómo un altísimo cargo de Licencias en Urbanismo nos dice que presentemos una declaración responsable y luego, a raíz de las denuncias, en un año electoral y ante la presión mediática, se echan para atrás y dicen lo contrario”.

Desde entonces, y a pesar de tener pruebas del asesoramiento recibido por personal municipal de alta cualificación, este empresario argentino ha recibido ya varias multas por importe de más de 16.000 euros cada una, y sigue pesando sobre las instalaciones la orden de demolición, una medida que tampoco puede acometer por la dificultad técnica para hacerlo.

Tras el cambio de criterio sobre la declaración responsable, el empresario solicitó licencia de obras, de la que aún no sabe nada a pesar de los meses transcurridos.

“¿Cómo quieren que desmonte la cubierta de las pistas de pádel si el Ayuntamiento ha cortado la avenida de la Bajamar desde hace 20 meses, y es imposible acceder con camiones grúa y elevadoras?”, se pregunta este empresario. Todas las alegaciones han sido rechazadas, argumentando que sí puede acceder con elevadoras eléctricas por el paseo marítimo, pero como afirma el empresario “toda la tornillería está por dentro de la cubierta y no por fuera y entre el paseo marítimo y la pista de pádel hay un desnivel de 50 centímetros que ninguna elevadora lograría escalar. En el caso de construir una rampa para que dicha elevadora acceda al interior de la cubierta, no tendría espacio para hacer la maniobra y subir ese escalón. ¿Dónde se van colocando y guardando todos los hierros y lonas del desmontaje? ¿Tengo que hacerlo dentro del paseo marítimo, obstruyendo el paso y poniendo en riesgo la seguridad de los paseantes?,¿pueden pedirme que lo corte y ocupe sin ni siquiera haber pedido informe a la Autoridad Portuaria? No parece que eso tenga sentido, y si atiendo a lo que ha pasado por seguir las instrucciones anteriores del Ayuntamiento, seguramente me multarán también por invadir un espacio público por el tiempo que me lleve desmontar semejante estructura, un mínimo de15 días”, explica.

También lamenta que en otros casos como las pistas de Afanas o las de La Cancha, la cubierta no compute como edificabilidad, y ahora el Ayuntamiento argumente lo contrario en este caso. “ No entiendo esta diferencia de criterios y estoy considerando la posibilidad que el Ayuntamiento tenga algo personal hacia mí por ser argentino”, asegura este empresario.

El responsable de las pistas lamenta que el Ayuntamiento haga alarde de que “van a reducir los plazos para licencias urbanísticas, que van a atraer y fomentar nuevos inversores, cuando son unos burócratas y con su política urbanística solo logran que los inversores como yo salgamos corriendo a invertir en otro municipio”, lamenta.

Las entidades denunciantes ante la instalación de la cubierta fueron Izquierda Unida, Betilo, Ecologistas en Acción y varios particulares. El empresario, que también está sufriendo en su negocio los efectos de las interminables obras del tanque de tormentas, con una gran pérdida de clientes por los efectos negativos de las mismas, asegura tener en su poder pruebas de que todos los pasos que ha ido dando contaban con el respaldo de las administraciones competentes, así como de la propiedad del club, y confía en poder demostrar en pocos días ante la jueza que ha sido el más perjudicado por todo este procedimiento.