El Alambique
María González Forte
Contradicciones sociales
Está a punto de concluir el plazo de diez días otorgado por el Ayuntamiento para el desalojo del kiosko La Estación, el establecimiento ubicado junto a la explanada del Monasterio de La Victoria que lleva en pie desde 1971, siendo lo más parecido que ha funcionado durante muchos años como bar de la estación, hasta que la remodelación de la actual permitió dotarla de este servicio.
Son muchos los viajeros que durante décadas han acudido a este bar para desayunar o tomar un refrigerio antes o después de un viaje, y también durante años fue punto de venta de los billetes de autobús a Madrid, al no contar El Puerto hasta ahora con una estación de autobuses.
Tras el jarro de agua fría que supuso la orden de desalojo municipal los dueños del kiosco, Juani Abucha y Alejandro Rodríguez, Alex, resisten en su negocio sin intención de abandonarlo, a la espera de que se les asigne un abogado de oficio, algo que ya no ocurrirá hasta después de las fiestas navideñas. Y es que la fecha elegida para el desalojo no ha podido ser menos oportuna, en plenas navidades, lo que ha supuesto que Alex se haya resentido del ictus que sufrió hace dos años. La pareja tiene dos hijos menores de edad y este mismo lunes han presentado un escrito al Ayuntamiento, solicitando la prórroga del proceso hasta no contar con un abogado que los pueda defender.
La que abrió el negocio en 1971 fue la abuela de Alex, y tras ella lo han regentado sus tíos y su padre, que fallecio hace cuatro años. En aquel momento Alex y Juani no cambiaron la titularidad del negocio por desconocimiento y siguieron funcionando con normalidad. Hace unos meses, una visita de Sanidad les obligó a hacer una serie de reformas que acometieron, con licencia municipal, invirtiendo una importante cantidad de dinero, y entonces fue cuando pidieron el cambio de titularidad del negocio, tras solicitar la licencia de obras, aportando a petición de Urbanismo documentación como el libro de familia de Alex y la renuncia de sus hermanos a regentar el bar. "No lo solicitamos antes porque lo desconocíamos", se defiende Juani, que dice que todos los trámites que le han solicitado los ha ido cumpliedo religiosamente.
La sorpresa se la llevaron hace tan solo unos días, cuando recibieron una carta del Ayuntamiento en la que se les daba un plazo de diez días para el desalojo. Tras acudir al Ayuntamiento pudieron hablar por teléfono con responsables municipales y aseguran que se les dijo que en el lugar que hoy ocupa el kiosko está previsto construir viviendas en un futuro, al hilo del proyecto de remodelación del entorno del Monasterio de la Victoria cuya redacción ya se ha adjudicado recientemente. Esta llamada fue un jarro de agua fría, porque se les dijo que si no cerraban el local acudiría la Policía y tendría que pagar el coste del derribo. No obstante hoy desde el Ayuntamiento aclaran que no es en ese lugar concreto donde se van a construir las nuevas viviendas.
La familia está recibiendo numerosos apoyos desde que se conoció la orden de desalojo y aseguran que resistirán hasta el final para evitar el desahucio forzoso. Este mismo viernes han acudido los concejales de Vox El Puerto, para expresarles su respaldo.
Desde el Ayuntamiento portuense recuerdan que el titular de la autorización provisional en precario falleció en 2020. Su familia aportó el certificado de defunción a la Administración el pasado 12 de junio de 2024, es decir, cuatro años después del fallecimiento, para solicitar un cambio de titularidad. Lógicamente el servicio de Patrimonio le comunicó que el Ayuntamiento se veía obligado a desestimar esta solicitud en base a lo dispuesto en el Artículo 100 de la Ley 33/2003 del 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas donde textualmente expresa que “las concesiones y autorización demaniales se extinguirán por las siguientes causas: muerte o incapacidad sobrevenida del usuario o concesionario individual o extinción de la personalidad jurídica. El fallecimiento del titular de la concesión constituye causa de extinción de la autorización concedida e implica el desalojo del terreno.
En cuanto a la inspección de Sanidad y las obras acometidas, ellos dicen que el Ayuntamiento les autorizó a hacerla, "aunque realmente lo que hicieron fue una declaración responsable, que no es lo mismo", explican fuentes municipales.
Todo esto se les comunicó oficialmente, pero además hace aproximadamente una semana, comprendiendo los inconvenientes que esta situación causa a la familia, desde el Ayuntamiento se volvieron a poner en contacto con ellos para explicarles el procedimiento para solicitar una nueva concesión municipal a través del registro del Ayuntamiento.
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