El Alambique
Rafael Morro
Periodismo de Urgencia
La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento firmaron ayer un convenio para que algunos menores condenados con penas de régimen abierto puedan cumplirlas con trabajos sociales. El acuerdo fue suscrito por el alcalde, Enrique Moresco, y el delegado de la Junta en Cádiz, Manuel Jiménez Barrios.
Tal y como establece la ley, la pena que se le imponga a un menor puede ser de tres tipos siempre y cuando sean para desarrollar en régimen abierto. La primera de ellas es la prestación de servicio en beneficio de la comunidad que tienen carácter voluntario y no están retribuidas. La salvedad para no realizarlas es que no pueden atentar contra la dignidad del menor y que deben aportar un contenido educativo orientado a su desarrollo integral. Mientras, la tarea socioeducativa incluye la realización de alguna actividad de contenido educativo y encaminada al desarrollo del menor. Finalmente, las reparaciones en favor de la sociedad derivan del proceso de conciliación y reparación y se traducen, por regla general, en actividades análogas o similares a las prestaciones en beneficio de la comunidad.
En base al acuerdo suscrito ayer, el Ayuntamiento ha presentado un listado de actuaciones que podrán acometer los menores siempre y cuando lo autorice el Juzgado de Menores. Así se prevén arreglos en las vías públicas, mobiliario urbano y alumbrado, el apoyo a las labores de limpieza en playas y jardines, el mantenimiento de instalaciones deportivas o acciones de educación vial. Este convenio contempla, además, el compromiso municipal de aportar los medios necesarios para estas actividades así como la prestación de asesoramiento y la realización de un informe de su grado de cumplimiento. Mientras, la Junta de Andalucía se encargará de dar asistencia para la elaboración del proyecto de trabajo individual, el seguimiento directo de la medida, la evaluación de su efectividad y la detección de otros apoyos socioeducativos al menor.
Tras la firma, el alcalde apuntó que con este convenio se conseguirá que determinadas sanciones "se traduzcan en medidas formativas para el infractor y en trabajos para el beneficio del a sociedad". Por su parte, el delegado de la Junta en Cádiz indicó que será el Ayuntamiento el que realice la propuesta de actividades y un calendario mientras que el juzgado correspondiente será el encargado de aceptarlo o no. Mientras tanto, las administraciones autonómica y local se encargarán de hacer un control y seguimiento.
Acto seguido el representante de la Junta indicó que la sociedad debe apostar por la "reinserción" de estos menores y que este tipo de trabajos sociales contribuyen a ello. El organismo autonómico entiende que la Ley del Menor tiene por finalidad que el penado "comprenda que la comunidad o determinadas personas han sufrido de forma injustificada unas consecuencias negativas derivadas de su conducta" por lo que entiende que lo que se pretende es que "el joven asuma que actuó de modo incorrecto, que merece un reproche formal de la sociedad y que las medidas judiciales que se le exigen constituyen un acto de reparación justo".
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