Nueva demanda de los vecinos de Misericordia al Ayuntamiento de El Puerto

El Puerto/Cinco comunidades de propietarios y más de una veintena de particulares del entorno de la calle Misericordia presentaron el pasado mes de noviembre, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 4 de Cádiz, una demanda por vulneración de derechos fundamentales contra el Ayuntamiento de El Puerto, “tras muchos años de denuncias y escritos de reclamación sin que se haya hecho nada para mitigar los daños y perjuicios generados a multitud de vecinos por el incumplimiento continuado de las leyes y ordenanzas que regulan las licencias de apertura, concesión de terrazas, ocupación de la vía pública y superación de niveles acústicos”, explican.

Si bien el Ayuntamiento dio respuesta al Defensor del Pueblo el pasado 15 de octubre, “esta se dio con más de año y medio de retraso y tras numerosos recordatorios y requerimientos. El Ayuntamiento ni siquiera dio respuesta a los requerimientos de la Delegación Territorial de Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, tras otra denuncia de las comunidades de propietarios”, lamentan.

Los damnificados se preguntan “cómo es posible que el Ayuntamiento traslade que no puede hacer nada por el hecho de no existir una Ordenanza de Terrazas, cuando existen las leyes autonómicas donde se estable que corresponde a los Ayuntamientos la vigilancia y cumplimiento de dichas leyes, y también ordenanzas municipales, como Fiscal 19, en la que se establece cómo actuar contra la invasión del espacio público”. También recuerdan la existencia del Informe de Ruidos realizado por la Unidad Móvil de Medida de la Contaminación Acústica Junta de Andalucía (ante la inactividad municipal) realizado para un pub de la calle Misericordia en el que se confirmaba el incumplimiento de los niveles sonoros, tanto en el interior de la vivienda como en el exterior, y muy superiores a los niveles que ponen en grave peligro la salud de las personas, según especifica la Ley y que tantos daños, y por mucho tiempo, generó a multitud de vecinos. Dicho informe fue remitido al alcalde, Germán Beardo, y a distintas áreas municipales, “sin que se haya conocido por ahora orden de cierre o requerimiento de subsanación de los aislamientos acústicos, permitiendo los responsables municipales que recibieron dicho informe, durante ocho meses más, los daños y perjuicios de los vecinos afectados, y todo ello a pesar de llevar años denunciando a este establecimiento y personándose la Policía Local a diario”. Únicamente se le abrieron tres expedientes por puertas abiertas y dos por tener equipos audiovisuales en la terraza, “con sanciones irrisorias, minoradas por pronto pago, sin aplicar graduación, reincidencia e intencionalidad”.

Por estos hechos ya se presentó en 2024 una demanda penal contra los responsables municipales, así como contra los propietarios y gerentes del local, que cerró poco después de admitirse a trámite la querella.

Los demandantes creen que “es injusto señalar a los vecinos como los malos de la película, acusándoles de que se quieren cargar la hostelería, cuando lo único que piden es que se cumpla la normativa y recalcan que no están en contra de ninguna actividad. La normativa que permite a los hosteleros hacer uso de la vía pública, por ejemplo hasta las 2:00 de la madrugada, es la misma que indica que siempre prevalecerá la salud y el descanso de las personas, la misma que indica cuál es el procedimiento para la concesión de una terraza en vía pública, la que indica cuáles son los valores sonoros (dBA) máximos permitidos en zona residencial y en caso de superarse, qué medidas debe tomar la administración para que dichos valores máximos se cumplan. El problema es que los hosteleros sólo quieren leer la parte de la ley que les interesa, máxime, cuando son los grandes beneficiados por la peatonalización de las calles, encontrándose con mesas y sillas de las que antes no podían disponer”.

También lamentan que “hemos estado más de 4 años solicitando una reunión a Germán Beardo, que nunca fue concedida”. En todos los escritos se le recordaba “que de no cambiar la situación por falta de cargo y permisividad por parte del Ayuntamiento, así como de abuso por parte de los hosteleros, no tendríamos más opción que emprender acciones legales, por cualquier vía y contra todo aquel con responsabilidad en los hechos denunciados, en aras de defender nuestros derechos fundamentales, que llevan siendo vulnerados desde hace muchos años”.

Concluyen advirtiendo que “no dudaremos en emprender nuevas acciones judiciales y por la vía oportuna contra todos aquellos que, siendo conocedores de las infracciones, llevan permitiendo por su irresponsabilidad, falta de cargo y posibles resoluciones contrarias a ley los daños y perjuicios a multitud de familias”.