Presentado un recurso contra la aprobación municipal para urbanizar Rancho Linares, en El Puerto

Ecologistas en Acción denuncia que todo el expediente "es un despropósito para favorecer a una empresa privada"

Advierten del impacto de la urbanización, que desmontaría una dehesa de acebuches y parte del bosque con mayor biodiversidad del término municipal

"La Junta ha usado todo tipo de falacias para aprobar el proyecto en Rancho Linares"

Una imagen de una de las concentraciones a favor de la conservación del bosque de Rancho Linares.

Ecologistas en Acción ha presentado en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María un Recurso de Reposición y distintas alegaciones contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local que ha dado el visto bueno a la aprobación definitiva del proyecto de urbanización del sector PP-CN4 Rancho Linares. Dicho órgano municipal aprobó el proyecto urbanístico el 13 de junio de 2024, acuerdo que no fue comunicado a los ecologistas "a pesar de ser parte interesada", siendo publicado en el BOP el 5 de julio, abriéndose el plazo de un mes para la presentación de Recurso de Reposición, al que los ecologistas añaden alegaciones.

Los ecologistas, que llevan años movilizándose y promoviendo acciones contra la urbanización en dicho bosque, denuncian que "todo el expediente es un despropósito para favorecer a una empresa privada, habiéndose incurrido en numerosas ilegalidades".

Según afirman los ecologistas el acuerdo de la junta de gobierno se basa en dos informes favorables, uno técnico y otro jurídico, "que adolecen de graves deficiencias y omisiones". Los dos informes "obvian que el proceso de modificación del PGOU se aprobó sin someterse a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). También obvian que son terrenos protegidos por el POTBC, que prevalece sobre el Plan General. Pero lo que es de suma gravedad es que en el informe jurídico no se hace mención de otro informe del jefe de servicio de la asesoría jurídica del Urbanismo del Ayuntamiento, de 1 de abril de 2022, en el que se reconoce la nulidad de la modificación del PGOU en el ámbito del Rancho Linares por no haberse sometido a la preceptiva EAE, por lo que habría que declarar su nulidad. Estos dos informes son arbitrarios y contrarios a derecho, y podrían incurrir en una presunta falsedad documental".

Ecologistas en Acción solicita al Ayuntamiento en el recurso que proceda a revisar de oficio el acuerdo de aprobación definitiva por la Junta de Gobierno Local del Proyecto de Urbanización del Sector PP-CN4 Rancho Linares, "por ser contrario a derecho"; que no se conceda ninguna licencia de obra durante el proceso de anulación del proyecto de urbanización; que se revise de oficio la Modificación Puntual del PGOU de 1992 en el ámbito del Rancho Linares, por no haber sido sometido a la preceptiva EAE y que se proceda a integrar en el PGOM en tramitación la totalidad del Rancho Linares en la red de Sistema Gemeral de Espacios Libres (SGEL), "garantizando la protección de la totalidad de estos terrenos forestales".  

Ecologistas en Acción advierte que la probación de un proyecto de urbanización para construir 1.200 viviendas en el bosque con mayor biodiversidad del término municipal "es una decisión de enorme gravedad, que demuestra el desprecio del equipo de gobierno (PP) del Ayuntamiento de El Puerto". Y hace un repaso de los antecedentes del proyecto, que tiene su origen en 2008, cuando se comenzó la tramitación de una modificación puntual del PGOU de El Puerto de 1992, en la que se cambiaba la calificación de esta zona, "de terreno forestal destinado a parque público (SGEL), según determina el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (POTBC), a suelo residencial".

Terrenos de la finca de Rancho Linares, ubicada junto a la antigua N-IV, a la entrada de El Puerto.

"Este proyecto ha incurrido en múltiples irregularidades, la más grave, el no haberse sometido la modificación del PGOU a la preceptiva EAE, según determina la Directiva Europea 2001/42/CE, y su transposición en la Ley 9/2006, sobre evaluación de planes y programas. Las administraciones que tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de la legalidad urbanística y medioambiental vulneran conscientemente la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Tribunal Supremo (TS) que han anulado numerosos planes, entre ellos el mismo PGOU de El Puerto de 2012, por no haberse sometido a dicha Evaluación Ambiental. Estos altos tribunales han establecido además el principio de no regresión en materia medioambiental. Un suelo protegido no se puede desproteger si sigue manteniendo sus valores ambientales".

Ecologistas en Acción ha venido advirtiendo "de la nulidad de esta modificación del PGOU, y por tanto de todo su desarrollo, pero tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía han seguido apoyando y tramitando este proyecto urbanístico a pesar de su manifiesta ilegalidad".

Existen, además, "alternativas viables para la construcción de viviendas". Así, en La Florida, de titularidad pública, con Plan Parcial aprobado, está prevista la construcción de 3.360 viviendas, 2.409 de VPO; en Las Marías 1.200 viviendas; y junto al centro comercial El Paseo, otras 960 , de las que un 55% serían VPO. En 'Bahía Alta', colindante a Rancho Linares, quedan parcelas para construir 700 viviendas.

Los impactos de esta urbanización "serían tremendos", señalan los ecologistas. "Supondría el desmonte de toda la dehesa de acebuches y parte del pinar, donde están inventariadas más de 200 especies de plantas; la mayor biodiversidad del término municipal. En el ámbito del Rancho Linares existen dos Hábitats de Interés Comunitario (HICs): Matorrales termomediterráneos y Arbustedas termófilas mediterráneas Asparago-Rhamnion, lo que ha sido ocultado por la empresa, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. También es hábitat de especies protegidas, como el camaleón y la única araña protegida por la UE, y la de mayor tamaño del continente, la Macrothele calpeiana".

Ecologistas en Acción advierte al Ayuntamiento que, "de seguir con este despropósito", presentarán recurso contencioso-administrativo contra la aprobación del Proyecto de Urbanización y de la modificación del PGOU, "y estudiaremos acciones legales en el ámbito penal por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental".

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