El Puerto no ha iniciado aún los trámites para implantar la Zona de Bajas Emisiones

El Defensor del Pueblo insta al Ayuntamiento a la puesta en marcha de la ZBE y urge al alcalde para que en el plazo de un mes facilite una respuesta

Tan sólo 13 municipios de España no han dado todavía los pasos para delimitar esta zona libre de humos

El Defensor del Pueblo abre actuaciones contra El Puerto por no haber implantado aún la Zona de Bajas Emisiones

 

Los ecologistas, durante una protesta en el Ayuntamiento para que se tomen medidas frente al cambio climático.
Los ecologistas, durante una protesta en el Ayuntamiento para que se tomen medidas frente al cambio climático.

Aunque la instauración de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es una obligación que emana de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obligaba a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a tenerla aprobada y en vigor antes del 1 de enero de 2023, y a pesar de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico prorrogó el plazo en 18 meses, finalizando este el 30 de junio, el Ayuntamiento de El Puerto no ha realizado ninguna gestión para la implantación de este espacio urbano libre de humos. 

Así lo ha confirmado Ecologistas en Acción, que ha subrayado en este sentido que el Ayuntamiento portuense "no ha hecho nada", a pesar de los numerosos requerimientos realizados por la organización, a quienes el alcalde Germán Beardo "ni siquiera ha respondido, constatándose, además de su descarada insumisión a las leyes, su falta de educación".

Ante esta "inacción municipal", Ecologistas en Acción se dirigió al Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, exponiendo la ausencia de respuesta a los escritos presentados, en los que se advertía de la obligación de tener aprobado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y la Zona de Bajas Emisiones.

El Defensor del Pueblo se dirigió al Ayuntamiento para “solicitar que resolviese expresamente, sin más dilaciones, el escrito presentado por la parte promotora de la queja", informando posteriormente a la asociación sobre la gestión realizada. De esta forma los ecologistas señalan que el Defensor del Pueblo "nos ha informado que a pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud el pasado 20 de marzo de 2024, y de haber reiterado la misma, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de ese organismo. De tales circunstancias no cabe más que extraer la existencia de un reconocimiento tácito de la falta de respuesta denunciada por la parte promotora de la queja”.

Ante esta situación, Jesús Maeztu ha remitido al alcalde portuense una Resolución, recordándole la obligación de resolver la solicitud de Ecologistas en Acción, dándole un plazo de un mes para que le “facilite respuesta escrita a la presente Resolución”.

"Y no es la única ley que incumple el alcalde", señalan los ecologistas. El máximo representante en la ciudad de un partido "que está todo el día acusando a los demás de inconstitucionales, se ha declarado insumiso a leyes autonómicas y estatales y a Directivas de la UE: ley andaluza 8/2018 de Cambio Climático, que obliga a los ayuntamientos a tener un Plan Local de Medidas frente al Cambio Climático; la ley estatal 7/21 de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a instaurar zonas de bajas emisiones, reduciendo el tráfico y favoreciendo la peatonalización, las bicicletas y el transporte público; o la ley 7/2022 de residuos y para una economía circular, que obliga a la recogida separada de la fracción orgánica de las basuras, y a su compostaje".

Ecologistas en Acción critica que esta "insumisión" de Germán Beardo, "además de ocasionar un grave perjuicio a la ciudadanía que debe de soportar la contaminación generada por el tráfico, impide al Ayuntamiento acceder a subvenciones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la UE para mejorar el transporte urbano, por no tener aprobado el Plan de Movilidad".

"Es muy lamentable tener un alcalde que incumple de forma reiterada las leyes, que ningunea al Defensor del Pueblo y al que parece preocuparle más su imagen y aparentar que gestiona los problemas públicos que el cambio climático. Le recordamos que cobra su sueldo como alcalde por gobernar en beneficio de toda la ciudadanía", concluyen los ecologistas.

 

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