Se suspende por cuarta vez el juicio contra el Consejo de Administración de Suvipuerto durante el gobierno de Hernán Díaz

Para los próximos días 23 y 24 de enero estaba señalado en Cádiz el juicio por el caso de Suvipuerto, en el que están encausados desde hace más de dos décadas los miembros que formaron parte del Consejo de Administración de la empresa municipal de vivienda portuense entre los años 2003 y 2006, coincidiendo con los años de gobierno de Independientes Portuenses en coalición con el PSOE.

Finalmente tampoco será en esta ocasión cuando el juicio se celebre, ya que se ha anulado por coincidencia de otros juicios para algunos de los abogados que intervienen en la causa. Sería ya la cuarta ocasión en la que este juicio se suspende, por distintos motivos, para desesperación de alguno de los investigados, que no ve ya el momento de quitarse de encima este asunto.

Entre los nombres más conocidos de esta denuncia están los del ex alcalde portuense Hernán Díaz y el del actual concejal del Partido Popular Carmelo Navarro, que precisamente por estar imputado en esta causa judicial tuvo que renunciar a participar en el primer gobierno de Germán Beardo en colaboración con Ciudadanos, entre 2019 y 2023, en cuya candidatura figuraba como número dos, debido a las exigencias del partido que entonces encabezaba en El Puerto Curro Martínez, que había marcado como una de sus líneas rojas el incorporar a las instituciones a personas investigadas judicialmente.

La tramitación de esta causa ha sido tan larga que por el camino han pasado muchas cosas. Una de ella fue la muerte del ex concejal de Urbanismo en época de Hernán Díaz Juan Carlos Rodríguez, fallecido en febrero del pasado 2024 tras una larga enfermedad.

Otro de los ex integrantes del Consejo de Administracion de la empresa que ha quedado eximido de la causa ha sido el arquitecto Álvaro Aguirre, ex consejero de la empresa a propuesta del PSOE, que padece una enfermedad en fase avanzada. Todos los investigados -salvo Carmelo Navarro, que hoy en día es concejal de Empresas y Autónomos y de la Plaza de Toros en el equipo de gobierno de Germán Beardo- están retirados ya de la política activa y algunos de ellos, como Hernán Díaz, tienen una edad avanzada. En su caso sus abogados pidieron por escrito incluso que no tuviera que declarar en persona en el Juzgado gaditano por los problemas de salud del ex regidor municipal.

El resto de los integrantes del Consejo de Administración de la Empresa en aquel entonces que figuran en la causa son Luis Márquez Carrascosa (ex-consejero delegado nombrado por Independientes Portuenses); Antonio Bollullos Altamirano (consejero a propuesta del PSOE); José Galán Rosado (consejero a propuesta del PP); José Manuel Vela Cordones (consejero a propuesta de Izquierda Unida); Yolanda Nimo Pérez (propuesta por IP) y Manuel Lores Romero.

El juicio es un caso del Juzgado número 2 de lo Penal de Cádiz, pero el juicio iba a celebrarse en la sede de la Audiencia Provincial, en la Cuesta de las Calesas, debido a la falta de espacio en el juzgado gaditano ante la cantidad de encausados en este asunto, un total de ocho.

El fiscal pide para todos los encausados penas de inhabilitación para cargo público relacionado con materia urbanística como responsables de un delito de prevaricación. No obstante, la Fiscalía considera que en esta causa concurre la atenuante de dilaciones indebidas, habida cuenta la demora que ha sufrido, por lo que, en caso de condena, supondría una rebaja de la misma.

El informe que dio lugar a este proceso judicial se inició en el mes de noviembre de 2007, firmado por el entonces interventor municipal, Juan Raya, fallecido ya también hace unos años, sobre algunos expedientes de la empresa municipal Suvipuerto. En el informe se ponían de manifiesto irregularidades en adjudicaciones de obras por encima del precio de licitación sin justificar, perjuicio económico en algunas operaciones de compra venta de terrenos y actuaciones acordadas por el Consejo de Suvipuerto sin estudios previos o sin publicidad. Entre otros asuntos figuran dos promociones de viviendas en El Juncal, la venta de tres parcelas en Jardín de Cano, la venta de otra parcela en Ronda de Valencia y una operación de compra venta de suelo en Caja de Aguas. Esta última fue una de las operaciones más cuestionadas, al tratarse de unos terrenos que Suvipuerto adquirió en septiembre de 2005 y vendió en enero de 2006 con pérdidas para la sociedad municipal, sin valoraciones ni informes previos.

El informe del entonces interventor se elevó a pleno con una propuesta para que los servicios jurídicos municipales analizaran lo ocurrido y se diera cuenta del mismo al Tribunal de Cuentas, pero Izquierda Unida lo llevó a la Fiscalía, que fue la que inició las actuaciones que ahora están pendientes de juicio.

Cada uno de los encausados lo está por diferentes asuntos, existiendo un total de cuatro casos, en los cuales algunos están implicados en todos ellos y otros tan solo en uno. En el caso de Carmelo Navarro se le investiga por la venta de los terrenos de Caja de Aguas, ya que él perteneció al Consejo de Suvipuerto tan solo en la etapa final de ese mandato municipal entre los años 2005 y 2007.

Fue en abril de 2019 cuando el Juzgado portuense cerró las diligencias sobre este asunto, ordenando la apertura de un juicio oral que más de cinco años después, sigue sin celebrarse.