Visto para sentencia el procedimiento judicial por la falta de recogida selectiva de todos los residuos en El Puerto

El procedimiento judicial ante el Juzgado Contencioso-administrativo nº 4 de Cádiz por la falta de recogida selectiva de residuos en El Puerto, así como en los municipios de Jerez, Rota y Arcos, ha quedado visto para sentencia tras la práctica de las últimas pruebas, especialmente de informe pericial y de diversa documental administrativa donde se evidencia lo ya conocido por toda la ciudadanía: la ausencia permanente por estos ayuntamientos de realizar la recogida separada de todos los residuos de material plástico y metálicos (y no solo, como hasta ahora, de los envases de plástico y metal que realiza la entidad Ecoembes), así como de los residuos orgánicos domésticos.

Desde el año 2015 estos ayuntamientos están obligados a la implantación y gestión de todos los residuos plásticos y metálicos de forma separada por contenedores específicos o de forma puerta a puerta, y desde el año 2021 a la recogida separada de los biorresiduos, exigencias éstas establecidas por las Directivas europeas específicas de residuos, y ya desde la anterior Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, y la actual Ley 7/2022 de la prevención y reducción residuos y suelos contaminados.

Estas fechas límites para la implantación de los sistemas de recogida separada de estos residuos son de carácter obligatorio y de directa aplicación para los ayuntamientos, y no tienen carácter de recomendación o de medidas a promover voluntariamente como pretenden justificar la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y los ayuntamientos.

"Estos ayuntamientos recogen hasta la fecha estos tipos de residuos junto con los demás genéricos en los contenedores de la fracción resto y son llevados a la planta de tratamiento de Las Calandrias, en el término municipal de Jerez, donde desde hace años se realiza una ínfima separación de los diferentes tipos de estos residuos, con porcentajes casi inexistentes de reciclaje de los mismos, lo que queda reconocido en los propios informes anuales que realiza la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente sobre la gestión de esta planta de tratamiento, y que constan en los autos judiciales", insisten desde la asociación.

Ecologistas en Acción espera que por parte del Juzgado de lo contencioso se dicte una pronta sentencia "que haga cumplir las exigencias legales vigentes, de carácter nacional y europea, ignoradas todos estos años, y que se están vulnerando de forma generalizada por los ayuntamientos de la provincia de Cádiz".