España se encamina a un nuevo estado de alarma para imponer el toque de queda

Presión al PP y a las comunidades gobernadas por este partido, para que respalden una declaración del estado de alarma en las próximas horas. Así debe entenderse la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ayer. Según su descripción, España está inmersa en una segunda ola del Covid, la situación es muy grave, pero el Gobierno central esperará a que sean las comunidades autónomas las que soliciten el estado de alarma si lo necesitan para dar cobertura legal a las restricciones.

Ya son ocho las que lo han solicitado y el Gobierno no descarta que este fin de semana pueda reunirse el Consejo de Ministros para decretar otra vez el estado de alarma en España.

Pedro Sánchez compareció ayer por la mañana desde Moncloa, sin opción a preguntas, en una conferencia con la que urgió a las autonomías a adoptar medidas de restricción de la movilidad personal. Algunas de ellas, como Andalucía, ya lo están haciendo, pero queda la duda de si los tribunales lo terminarán aceptando. Poco después, el lehendakari Urkullu solicitaba el estado de alarma para el País Vasco, a lo que se sumaron también Cataluña, Extremadura, Asturias, La Rioja, Navarra, Castilla- la Mancha, Cantabria y la ciudad autónoma de Melilla.

“Debemos adoptar las medidas necesarias para frenar los contagios causando el menor daño a la economía posible y las menores restricciones posibles para la libertad”, explicó. Pedro Sánchez sí marcó un objetivo nacional: reducir la tasa de incidencia casi 13 veces respecto a la actual en “varias semanas”. Se trata de bajar los actuales 348 nuevos casos de Covid de las últimas dos semanas a los 25. Según el presidente, se puede hacer, porque se consiguió la primavera pasada.

Como Andalucía, Valencia y Castilla y León han acordado toques de queda en parte de su comunidad o en el territorio completo, pero se desconoce si los tribunales respaldarán que los ciudadanos tengan prohibido salir de sus casas entre las 11 de la noche y las seis de la mañana mediante simples órdenes autonómicas. Si requiriesen otras cobertura, el Gobierno central aprobaría el estado de alarma para esos territorios de acuerdo con las comunidades.

En el caso andaluz, el toque de queda sólo se aplicará, de momento, en la ciudad de Granada y su área metropolitana, pero la orden aún no se ha publicado en el BOJA. El Gobierno andaluz ha realizado, antes de ello, una consulta al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En las ciudades de Sevilla, Córdoba y Jaén se aplican desde este fin de semana otras restricciones menores, una de las cuales es cerrar bares y restaurantes a partir de las 22:00.

El mensaje de Pedro Sánchez es bien claro, pero la operativa no tanto. España debe restringir más los contactos entre personas para bajar el número de contagios; si no fuese así, el país se vería abocado a otro confinamiento personal como el de la primavera pasada. Esto es algo que, según el presidente, ni la economía ni los ciudadanos se pueden permitir, pero deja en manos de los gobiernos autonómicos la responsabilidad de la adopción de las medidas.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, habló ayer con Pedro Sánchez y le solicitó la declaración del estado de alarma en todo el país, se ofreció a darle apoyo en el Congreso, pero es evidente que el Gobierno no desea llevarlo a la Cámara si no es con el respaldo del PP y de todas las comunidades autónomas.

El Ministerio de Sanidad acordó con las comunidades un panel de criterios para adoptar estas decisiones. Entre las más graves se sitúa el toque de queda, pero Cataluña y el País Vasco se oponen a que el Gobierno central declare el estado de alarma sólo en sus territorios.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha preferido prohibir los contactos entre no convivientes desde la medianoche, pero quiere salir de un estado de alarma que concluye hoy. Fue ante esta disparidad de opiniones por lo que Sánchez intervino con lo que se debe entender como una advertencia a las comunidades autónomas.

Pedro Sánchez formuló un “reto” para todo el país, la de pasar de una tasa de 348 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días a 25. Las herramientas han quedado fijadas por el Ministerio de Sanidad y las comunidades, pero sin el amparo constitucional del estado de alarma para adoptar las restricciones más duras.

Sanidad y las comunidades acordaron el jueves pasado, en el Consejo Interterritorial de Salud, un panel de criterios que se divide en cuatro estados: bajo, medio, alto y extremo. Los criterios se basan en varios parámetros que miden la incidencia del virus y la afectación a la asistencia sanitaria. A partir de una tasa de incidencia de 250, el estado es extremo. En esta situación se encuentra Andalucía, aunque los otros criterios que completan el panel se encuentran en mejor situación.

Tres millones de infectados

El presidente explicó que en España han sido contagiadas, desde principios de 2020, tres millones de personas y que ahora se diagnostican el doble de casos de Covid que en los peores días de la primavera. “Si las cifras de hospitalizados y fallecidos son inferiores –agregó–, se debe a que ahora se están haciendo muchos más test que entonces”, alegando que se ha pasado de realizar 30.000 PCR diarias en los peores momentos de marzo y abril a “más de 100.000” en estos momentos. “Ahora se detecta la mayoría de casos, en torno al 70%, mientras que en primavera el virus se difundía sin control, pues apenas se diagnosticaba el 10 por ciento del total de contagios”, ha esgrimido.

El presidente insistió en que durante la primera ola “ningún país podía precisar el número de contagios con exactitud”, pero que, gracias a los estudios de seroprevalencia, en España se conoció que el número real de infectados al fin de la primera ola era “diez veces superior”, puesto que se detectaron aproximadamente dos millones de personas con anticuerpos, en comparación con los alrededor de 200.000 casos notificados oficialmente.