La Fiscalía pide hasta 25 años para los líderes del 'procés' por rebelión; la Abogacía del Estado la mitad por sedición

madrid/La Fiscalía acusa a los líderes del proceso soberanista catalán de un delito de rebelión y pide 25 años de prisión para el ex vicepresidente Oriol Junqueras; 17 años para los Jordis y la ex presidenta del Parlament o catalán Carme Forcadell; y 16 años para cada uno de los cinco ex consejeros presos. La Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, pide en cambio 12 años de cárcel para Junqueras; 11 años y medio para 5 ex consejeros; 10 años para Forcadell; y 8 años para los líderes ANC y Ómnium Cultural.

Petición de la Fiscalía

En el escrito de calificaciones provisionales del fiscal, presentado este viernes ante el Tribunal Supremo, el Ministerio Público solicita la pena más alta para Junqueras por considerarle el líder de la rebelión y añade a la petición de prisión 25 años de inhabilitación absoluta. Para el ex líder de ANC y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, la Fiscalía pide 17 años de cárcel solo por rebelión y otros 17 de inhabilitación absoluta, la misma pena que solicita para la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, por considerarles también "promotores y/o jefes principales".

Diferentes penas para los consejeros

Un escalón por debajo están los ex consejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa, para quienes solicita 16 años por rebelión, uno menos que los anteriores por no atribuirles ese papel de jefes de la rebelión, a lo que suma 16 años de inhabilitación absoluta. A estos cinco ex miembros del Gobierno catalán, junto a Junqueras, les acusa de un delito de rebelión que absorbe la "distracción ilegal de caudales públicos", es decir el delito de malversación. Para los otros tres ex consejeros -Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila- el Ministerio Público pide 7 años de prisión, 16 años de inhabilitación absoluta y multa de 30.000 euros por un delito de malversación de caudales públicos y otro delito continuado de desobediencia grave cometido por autoridad pública. Por este último delito, la Fiscalía también pide al Supremo que les imponga un año y 8 meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.

Para los cinco miembros de la Mesa del Parlamento catalán que tramitaron las denominadas "leyes de desconexión" -Lluis Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet- solicita 30.000 euros de multa y un año y ocho meses de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de desobediencia grave, misma pena que plantea para la ex presidenta de la CUP en la cámara catalana Mireia Boya.

"Salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia"

En su escrito, firmado por los cuatro fiscales del caso, el Ministerio Público considera que el proceso secesionista catalán que derivó en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) estuvo "salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia", una palabra que aparece escrita en 14 ocasiones en las 127 páginas del documento.

Los cuatro fiscales señalan que los principales promotores fueron Junqueras, Forcadell y los Jordis "en unión de otros procesados huidos", en alusión al ex presidente Carles Puigdemont.

El plan que todo ellos urdieron, dice la Fiscalía, tenía como principal objetivo "orillar la aplicación" tanto de la Constitución como del Estatuto de Autonomía para llegar a una independencia "que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden judicial". Y otorga una "crucial" responsabilidad a los Jordis por llevar a cabo "una movilización popular como instrumento de presión para obligar al Estado a capitular frente al nacimiento de una nueva República".

Solicitud de la Abogacía del Estado

Como ya se filtró, en su escrito de conclusiones provisionales, la Abogacía solicita las penas más altas para Junqueras, 12 años, y los cinco ex consejeros que se encuentran en prisión dado su estatus de "autoridad" al haber "inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Gobierno" catalán. Les atribuye sendos delitos de sedición y malversación y pide para ellos los mismos años de cárcel que de inhabilitación absoluta. Para el resto de ex miembros del Ejecutivo catalán que se encuentran a disposición de la Justicia (Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila) la Abogacía pide siete años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta. Todos ellos constituirían un primer grupo de responsabilidad en los hechos debido a que jugaron "el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias para realizar" el referéndum del 1-O.

No ve "estatus de autoridad" en los Jordis

Un escalón más abajo estarían el ex líder de ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Aunque considera que los Jordis fueron responsables de un delito de sedición, no les atribuye el estatus de autoridad que sí tenían los entonces miembros del Gobierno catalán ahora encarcelados, y por eso pide 8 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación.

Su papel, según el escrito, habría sido el de liderar la movilización social "como medio para la consecución de los fines relativos al incumplimiento de la legalidad y la desobediencia a las resoluciones administrativas y judiciales" que exige el delito de sedición. El tercer núcleo de esta actuación presuntamente delictiva, dice la Abogacía, estuvo formado por los antiguos cargos del Parlamento catalán, encabezados por Carme Forcadell, para quien pide 10 años de prisión y los mismos de inhabilitación por sedición puesto que, como los antiguos consejeros, tenía condición de autoridad.

Por debajo estarían los entonces miembros de la Mesa Lluis Corominas, Lluis Guinó, Anná Simó y Ramona Barrufet, que se enfrentan a una petición de multa de 30.000 euros e inhabilitación especial para cargo público de un año y ocho meses por desobediencia grave. El mismo delito que achaca a Joan Josep Nuet y a la ex presidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya, para quienes las condenas reclamadas se reducen a 24.000 euros de multa y un año y cuatro meses de inhabilitación.

Los entonces miembros de la Mesa, a juicio de la Abogacía, "debían haber inadmitido a trámite y paralizado todas las propuestas contrarias al orden constitucional" y, a pesar de "las múltiples advertencias" del TC para que no tramitasen las denominadas "leyes de desconexión", "votaron sistemáticamente a favor de su admisión".