El Gobierno amplía la cobertura de la factura de la luz para los más vulnerables

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que, entre otras medidas, amplía hasta el 31 de marzo la cobertura del bono social a los consumidores vulnerables, que tendrán un descuento del 60% en el recibo de la luz frente al 2 % habitual, y los severos tendrán un 70% en lugar del 40% de ahora.

Según ha explicado este martes la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, al terminar la reunión del Gobierno, los consumidores vulnerables también dispondrán de un dinero extra con cargo al bono social térmico, un cheque de 90 euros por familia para cubrir necesidades de calefacción que el Ministerio quiere esté disponible en diciembre.

La ministra ha explicado que este nuevo decreto tiene una triple finalidad: impulsar la protección a los consumidores vulnerables, incrementar la transparencia de los mercados eléctricos y gasistas y favorecer la estabilidad de los consumidores industriales.

Casos exentos de minoración

Respecto a la transparencia, Ribera ha insistido en que la minoración a las compañías eléctricas solo se aplicará en caso de que una empresa o tecnología se haya beneficiado de la subida del precio del gas. "Los que no lo hayan incorporado, no entran dentro de la minoración", ha señalado.

Asimismo, ha detallado que están exentos de esta minoración los contratos a plazo fijo firmados con anterioridad al 16 de septiembre, momento en el que se aprobó el real decreto de minoración, así como los que introduzcan ampliaciones de cobertura con precio fijo.

Por el contrario, la parte de los contratos que quede indexada a los mercados sí entrará dentro del perímetro a partir del cual se aplicará la minoración por beneficiarse de los beneficios extraordinarios vinculados al precio del gas, siempre de forma proporcional.

De esta forma, la ministra ha informado que las comercializadoras de electricidad y de gas natural tendrán que reportar, con un mes de antelación, cualquier modificación en los contratos y remitir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una información transparente y actualizada de las ofertas disponibles.

También entrarán en vigor nuevas obligaciones de información en el mercado mayorista con el objetivo de reforzar la capacidad de supervisión sobre los mecanismos de formación de precios, tanto en contratos intragrupo como con terceros, incluida la cobertura financiera.