González y los efectos colaterales

Un mal sueño", confesaba abiertamente Fernando Martínez-Maíllo a las horas de conocerse la detención de Ignacio González y otros ex altos cargos del Canal de Isabel II. Las noticias sobre la detención del ex presidente de Madrid y ex vicepresidente con Esperanza Aguirre han provocado que de nuevo el PP se presente ante la opinión pública como el partido que anida a docenas de corruptos y que, lo que es más grave, ampara y ha amparado a la mayoría.

Es un mal sueño para el coordinador general del PP porque el partido sufre una absoluta convulsión interna y una fuerte dosis de descrédito por delitos cometidos hace años por personas que ya no tienen poder ejecutivo. Mal que le pese a Maíllo, la sombra de la corrupción se ha asentado en Génova, y él lo sabe. Y tanto Maíllo como los actuales dirigentes creen que sufren una situación injusta. Entre otras razones porque a Rajoy no le ha temblado la mano para dejar caer a muy altas torres por corrupción; y porque las iniciativas judiciales contra González, investigado desde hace tiempo, recibieron un importante impulso cuando su sucesora en Madrid, Cristina Cifuentes, envió a la Fiscalía el informe que ordenó elaborar cuando el nuevo responsable del Canal de Isabel I, nombrado por ella, detectó irregularidades y Cifuentes encargó un análisis en profundidad de las cuentas de esa entidad pública sobre la que existían sospechas de malversación.

Es también un mal sueño porque los episodios que salen ahora a la luz impiden que los ciudadanos valoren el trabajo del equipo de Rajoy para erradicar la corrupción: nuevas leyes de financiación de los partidos, prohibición de donaciones por parte de personas jurídicas, y con cantidades limitadas, más control del Tribunal de Cuentas, prohibición de que entidades públicas financien a fundaciones vinculadas a los partidos, prohibición de condonar deudas o de concederles créditos en condiciones más ventajosas que las del mercado, endurecimiento de las penas para los corruptos, regulación de la Ley de Contratos... La lista es muy amplia y el PP se sentía orgulloso. Quería presentarse implacable contra los corruptos, pero esa imagen ha saltado por los aires y, hoy, el dedo acusador le llega de todas partes; incluido el socio de Cifuentes en Madrid, Ciudadanos, que ha dicho que la presidenta está obligada a dimitir obviando que ha sido la que ha impulsado su detención y la de una veintena más de personas que formaron parte de su círculo familiar, amistoso... y político.

tsunami empresarial

La presunta corrupción de ex dirigentes del Gobierno madrileño y del Canal de Isabel II no se ha circunscrito al ámbito político, sino que sus consecuencias han alcanzado a empresas de gran prestigio, algunas en lugares de honor en el Íbex 35. Que la Guardia Civil haya entrado con orden judicial en auténticos templos empresariales para registrar los despachos no sólo ha tenido repercusión en la Bolsa, sino que ha convulsionado la economía, donde proliferan los personajes que se consideraban intocables; el auténtico poder, los que cambian gobiernos o dañan las estructuras del Estado.

Y también ha afectado la operación Lezo a la comunicación con la imputación del director de La Razón, Francisco Marhuenda, y del presidente del diario, Mauricio Casals, que comparecieron ante el juez para explicar su relación profesional con Cifuentes, a la que supuestamente presionaron para que no enviara al fiscal el informe sobre el Canal.

Aseguró Marhuenda que nunca se había producido esa presión ni la publicación de noticias falsas para intentar desprestigiar al Gobierno madrileño, pero la citación demostró la fuerte rivalidad entre medios, que no dudaron en publicar las conversaciones que dejaban en situación incómoda a quienes utilizaban un vocabulario coloquial que, negro sobre blanco, resultaba hiriente, cuando no grosero. Será al juez quien pronuncie la última palabra, pero es evidente que en el caso Lezo no sólo González sus más directos colaboradores, y algunos importantes empresarios, saldrán tocados aunque se archiven las causas que tienen abiertas. Una vez más la filtración de sumarios secretos hace el papel que quieren quienes lo cuentan, el personal de la Justicia.

Javier López Madrid es el personaje que provoca más interés, si no morbo. Yerno de Villar Mirar y consejero delegado de sus empresas, lleva dos años complicados porque no sólo tiene problemas judiciales -ha aprendido a golpes que acudir al polémico comisario Villarejo tiene graves consecuencias-. Pasó la noche del jueves al viernes en un calabozo, a pesar de ser uno de los hombres más influyentes de la vida empresarial y social española.

También sale malparada Esperanza Aguirre, uno de los personajes más relevantes del PP, que tuvo un gran respaldo de militantes y dirigentes que la animaban a optar a la sucesión de Rajoy cuando perdió en 2008. No es hoy un juguete roto porque siempre ha sabido encontrar fuerzas para salir adelante, pero su carrera queda definitivamente truncada para ser candidata a la Alcaldía de Madrid, como quería. Su pecado, no haber hecho caso durante años a quienes la alertaban sobre los negocios poco claros de Francisco Granados y de Ignacio González.

Del primero no tanto, pero del segundo ponía la mano en el fuego y aseguraba que, cuando alguien le llegaba con rumores, le pedía datos concretos. Y nunca, nadie, le puso delante nada que hiciera pensar que su hombre de absoluta confianza era de no fiar.

¿y Rajoy?

"¿Qué más puede hacer el presidente, matar a Nacho? -dice un dirigente del PP-. Ha procedido a su suspensión inmediata de militancia. No se debe ir más lejos hasta conocer las decisiones del juez". Sin embargo la oposición, unánimemente, señala a Rajoy. Es su obligación. Está anímicamente muy afectado, aunque mostró serenidad cuando apareció en público antes de entrar el jueves en la CEOE. Presentó la situación como de "normalidad" ante la actuación de la Justicia, a la que reiteró su respeto y su intención de declarar según la fórmula que dictamine el tribunal que lo ha citado para testificar en el caso Gürtel.

El rumor de que Ignacio González había sido alertado por un miembro del Gobierno sobre su inmediata detención se difundió, pero lo niegan en el entorno del Ejecutivo. Lo que sí confiesan es que la operación Lezo ha sido todo un torpedo en la línea de flotación del PP y del Gobierno, aunque esperan que su efecto no sea mortal.