IU alerta de una "amputación del Estado de bienestar"

El diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, avisó ayer de que "no es aceptable" que "un Parlamento moribundo" tramite una reforma de la Constitución para fijar un límite de déficit y adelantó que su formación exigirá que esa modificación sea sometida a referéndum porque, a su juicio, supone "la amputación del Estado de bienestar".

"Es un tema suficientemente serio como para que sea sometido a referéndum", señaló Llamazares en los pasillos de la Cámara Baja al ser preguntado por la iniciativa del presidente del Gobierno que fue tan bien acogida por el PP.

Para Llamazares, no es de recibo que unas Cortes "que prácticamente tienen convocadas ya las elecciones decidan sobre algo tan importante". Y es que, en su opinión, la reforma constitucional que propugnan los dos partidos mayoritarios plantea una disyuntiva a los ciudadanos: "O Estado con Estado de bienestar o Estado en el que funciona únicamente la ley de la selva o la ley del mercado".

La Carta Magna prevé que los cambios constitucionales que no obligan por sí mismos a ser ratificados en referéndum se sometan a este tipo de consulta si así lo reclama un 10% de los miembros del Congreso o el Senado, una cifra a la que no llega la suma de todos los partidos minoritarios.

Diferentes vertientes del Movimiento 15-M también mostraron ayer su rechazo a la reforma constitucional para introducir un techo de déficit al considerarla "un nuevo golpe de Estado financiero". Así lo manifestó plataforma ciudadana Democracia Real Ya a través de un comunicado en el que asegura que dicha reforma "supondrá una pérdida de soberanía".

Alemania ancló ya a comienzos de 2009 en su Constitución lo que bautizó como el "freno al endeudamiento" y estableció que, a partir de 2016, el déficit del Estado no puede superar el 0,35 % de l PIB.

Los obstáculos que plantea una reforma constitucional se pueden ver ahora mismo en Francia, donde Sarkozy lucha por obtener el respaldo necesario para cualquier enmienda, los tres quintos de las dos cámaras legislativas. La oposición se ha pronunciado repetidamente en contra.

También en Italia se debate ya esta cuestión, después de que el pasado 5 de agosto el primer ministro, Silvio Berlusconi, la describiera como un pilar básico de sus reformas ante la presión de los mercados.

En España, el Gobierno aprueba cada año el techo de gasto como decreto ley y lo eleva al Congreso y el Senado para que lo ratifiquen.

El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, se preguntó ayer por qué tanta prisa en acometer la reforma si el límite de déficit que pretende fijarse en la Carta Magna no se aplicará en principio hasta 2018, una vez concluido el actual proceso de consolidación fiscal.