Joaquín Benítez
Luces y sombras en navidad
Ocho días después de que Antonio Camacho prometiera su cargo como nuevo ministro del Interior, el PP pidió ayer en el Congreso de los Diputados su dimisión por ser "acompañante necesario" de su antecesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, "la X del caso Faisán", según argumentó el diputado popular Ignacio Gil Lázaro. Su compañero de partido, Alfonso Alonso, imputó al ministro responsabilidades morales y políticas tras el procesamiento de tres altos mandos policiales en este caso. En una interpelación urgente, Ignacio Cosidó completó la ofensiva popular.
Por su parte, Camacho respondió a los populares que mientras que no haya una sentencia firme no pueden exigir responsabilidades y les pidió que cesaran en la "causa general" abierta contra "funcionarios de la policía que han acreditado una larga y acrisolada historia de lucha contra el terrorismo, incluso jugándose su propia vida".
Los diputados del PP Ignacio Gil Lázarro, Alfonso Alonso e Ignacio Cosidó reclamaron ayer en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados la dimisión de Camacho tras el procesamiento de tres altos cargos policiales por el caso Faisán.
Gil Lázaro pidió a Camacho que aclarara si había sido informado un día antes del chivatazo de la operación judicial en curso y defendió que el procesamiento del ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, "no puede quedar sin sanción política".
Este diputado popular basó la petición de dimisión en "la gravedad de los hechos" que se imputan a quienes eran subordinados directos de Camacho y en que "es impensable que señor García Hidalgo tomara esa decisión por sí mismo".
Gil Lázaro negó que el caso siga vivo por la candidatura de Rubalcaba a la Presidencia del Gobierno y rechazó que el chivatazo hubiera sido "inocuo". "Permitió a ETA ocultar información e ingresar en sus arcas 54.000 euros procedentes de la extorsión", añadió.
A modo de conclusión, el diputado valenciano dijo que, "en términos políticos, el señor Rubalcaba es la X del Faisán y usted fue acompañante necesario".
En otro tono, pero con la misma contundencia, el popular Alfonso Alonso le preguntó directamente a Camacho si era el "principal responsable del chivatazo" y le auguró que estaba "en víspera" de convertirse en el ministro del Interior "más breve de la democracia", por delante incluso de Antoni Asunción, que dimitió tras pocos días en el cargo al fugarse el entonces director general de la Guardia Civil, Luis Roldán.
Alonso no le imputó a Camacho responsabilidades penales en este caso, pero sí responsabilidades morales y políticas, y aprovechó para vincularlo a su antecesor. "Usted representa el mismo pasado que el señor Rubalcaba. A él le ha dejado sin tiempo y, a usted, sin futuro político", concluyó.
A propósito de una interpelación urgente sobre el cumplimiento de la legalidad en el Ministerio del Interior, Cosidó acusó a sus responsables de haber "violado la ley en la lucha contra el terrorismo, como pone de manifiesto el caso Faisán".
Básicamente, el ministro del Interior les respondió a los tres diputados populares con el mismo argumento: sólo de una sentencia firme pueden derivarse responsabilidades. "Usted sabe perfectamente que el procedimiento final, la verdad material, se fija en la sentencia y no en las resoluciones que tiene un carácter provisional", le espetó a Alonso.
Además, Camacho acusó al PP de estar utilizando la lucha antiterrorista de forma irresponsable y defendió como una sentencia no recurrible su gestión como secretario de Estado de Seguridad. "733 detenidos de la banda terrorista (ETA), 395 en materia de terrorismo islamista, 239 en kale borroka y 7 cúpulas desarticuladas en cuatro años. Eso son datos, y ahora dicte sentencia", le dijo a Gil Lázaro.
Asimismo, el ex secretario de Estado de Seguridad pidió a los populares que cesen en la "causa general" abierta contra "funcionarios de la Policía que han acreditado una larga y acrisolada historia de lucha contra el terrorismo, incluso jugándose su propia vida".
A Cosidó le recordó que el apoyo incondicional del presidente del PP, Mariano Rajoy, al ya ex presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, pese a que éste está a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por el caso de los trajes.
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