Achique de espacios al Estado

Una evidencia: mientras una parte de Cataluña está en las cosas de comer, otra sigue cebando la ensoñación del Estado por venir. Mientras el Gobierno catalán con Salvador Illa a la cabeza teje un plan de inversiones por 18.500 millones con el objetivo de impulsar una nueva edad de oro de su comunidad, el líder fugado y sus terminales institucionales (¡esos siete votos!) continúa alentando una idea ya fracasada –hoy sin fuerza pero latente– de nación, fijándose en uno de sus elementos troncales: la frontera. Para el nacionalismo la xenofobia es condición consustancial. Y la frontera es el muro físico contra lo diferente. Por la frontera pasan los otros, los que no son nuestros. Los que tienen que demostrar que ameritan ser recibidos, acogidos y encajados en nuestra sociedad. Mientras las empresas regresan, con la fundación La Caixa haciendo el despeje definitivo de la plaza, Puigdemont y los suyos le pegan la enésima vuelta al dogal al presidente del Gobierno y le arrancan una delegación de competencias que les permitirá gestionar buena parte de las competencias sobre inmigración. El control de la inmigración para un ultranacionalista es parte del sueño. Aunque en sus manos los sueños producen monstruos y se convierten en pesadillas.

Un paso más allá

La proposición de ley que irá al Congreso y cuya aprobación está en el aire a expensas básicamente de Podemos (y veremos si Más Madrid, incluido en el bloque de Sumar), delega en el Gobierno catalán la instrucción, resolución y autorización de la residencia temporal, las estancias largas, las académicas, la residencia y el permiso de trabajo de los inmigrantes, así como los procedimientos sancionadores, de devolución y expulsión. Los Mossos será “la Policía integral” en puertos y aeropuertos así como gestionarán los centros de internamiento de extranjeros. Y por supuesto, exigen quedar fuera del reparto de menores inmigrantes no acompañados. Se puede discutir y, de hecho, se discutirá en las instancias correspondientes, la constitucionalidad de la medida. Pero lo que es indiscutible es que este es un paso más allá respecto a cesiones de competencias del Estado. Es una delegación, sí, pero la delegación es una figura que se eterniza y se convierte en cesión. Cualquier cesión es políticamente irreversible por la ley del agravio. Dar es fácil, quitar es imposible. El nacionalismo avanzará mientras tengan votos. Siempre hacia adelante mientras retrocede el Estado.

Baviera, mal ejemplo

El Gobierno del PSOE se ha fijado en el modelo bávaro para justificar este acuerdo. En Baviera la custodia de las fronteras es compartida entre el länder y el Gobierno federal como resultante de una sentencia de su Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la ley que permitía los controles efectivos en la frontera y la cesión de las expulsiones por el Gobierno bávaro. Esas competencias recaen ahora en la policía federal y el Ministerio del Interior. Pero el de Baviera no es un buen ejemplo porque es fijarse en un territorio con una fuerte connotación nacionalista y que representa el 18% del PIB alemán, el territorio con el PIB más elevado. Mal ejemplo: nacionalistas, ricos que no quieren seguir sosteniendo con sus impuestos a los territorios con menos recursos y excluyentes, aunque los independentistas bávaros nunca han tenido un apoyo social mayoritario.

No es la exposición de motivos, son los motivos

Pero la constitucionalidad es sólo el primer escalón para analizar las consecuencias y el significado de la delegación de competencias fronterizas a Cataluña. No es la letra, es el espíritu. No es la exposición de motivos de la proposición de ley, son los motivos en sí mismos: la motivación de los independentistas. No es lo que se pacta, es como lo van a utilizar. No es el texto, es el espíritu. No es el alcance limitado de la ley, es la utilización política e ideológica que le conferirán. No es un éxito administrativo, es un triunfo identitario. Que sea legal y constitucional –si así se acredita– es lo mínimo. Bajamos mucho el listón de la calidad democrática cuando circunscribimos cualquier acto político a su mera constitucionalidad.

Esto es el resultado de pactar con un tipo huido de la Justicia y ese tipo de alianzas sólo puede tener consecuencias exóticas. De hecho, se la han colado a los socialistas en el preámbulo de la ley cuando afirman que “el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera” o que el 25% de los catalanes no han nacido allí. Explíquese qué tiene que ver la pura gestión administrativa, que es el argumento en el que se escuda el PSOE para la delegación de competencias, con lo que tiene el fugado en la cabeza: “Cataluña estará mucho mejor preparada para su futuro como nación”. Y no vale resolverlo todo diciendo que eso es pura retórica.

El grado de "catalanidad"

¿Qué tratará de hacer Puigdemont con la delegación de competencias? En primer lugar, presionar a Illa –flaco favor le hacen desde Madrid– para que el desarrollo de la norma ignore los límites de lo que la ley le obliga o al menos que se sitúe en el perímetro. Ir más allá, en definitiva. Los independentistas actúan como los adolescentes: buscan dónde están los límites y tratan de saltárselos. Además, Illa no va a durar toda la vida. Junts puede volver a gobernar un día. En su devenir xenófobo, la Junts del fugado, ha establecido ya cuál es la barrera de entrada: establecer por ley el “grado de catalanidad” que se le exigirá a una persona para acceder a los permisos de residencia y de trabajo porque “sin integración no hay nación”. El afán xenófobo de todo esto espanta. Por supuesto, va mucho más allá de lo que marca el texto pactado con el PSOE. Pero los socialistas no pueden extrañarse. Saben con quién están sentados a la mesa.

No hay ley que exija esa condición para acceder a nuestro país ni para obtener permisos de residencia. Hay una cierta vaguedad por parte de la UE respecto al uso de la lengua. El catalán no es lengua oficial de la UE, aunque Puigdemont anda en ello, pero sobre todo, Bruselas apuesta por el multilingüismo “como una característica clave de Europa en todos los sentidos”. Se supone que el español, que es la otra lengua oficial en Cataluña, forma parte del multilingüismo y su manejo ya debería bastar para acceder a los permisos si es que fuera un requisito previo. Es lógico que quien se integra en una comunidad ajena a su cultura aprenda la lengua. Básicamente porque le va a dar más oportunidades. Pero imponer o pedir como requisito previo el uso de un idioma cercenaría de raíz todos los movimientos migratorios en el mundo. La inmensa mayoría de los republicanos españoles que se exiliaron a EEUU tras la guerra civil no habrían podido acceder a ese país.

Integración o exclusión

Los gobiernos más conservadores de Europa, desde hace una década han ido endureciendo los requisitos: del contrato de integración de Sarkozy, a los exámenes de nacionalidad de Reino Unido, leyes ad hoc en Alemania o la idea de Berlusconi, que fue pionero en exigir hablar italiano para acceder a un empleo o la residencia. Incluso el PP llegó a hablar de un contrato que incluyera como obligatoriedad hablar español. Es otro absurdo exigirle de entrada el mismo nivel de dominio de la lengua a un jornalero que a un médico. Necesitan conocerla a niveles diferentes. La realidad ha ido haciendo fracasar todos esos intentos. Imponer no es el camino. Consiste en instruir, en dar oportunidades de aprendizaje. Esa es la verdadera integración. Lo otro es exclusión.

Pero está claro que la lengua es la singularidad más específica que pueden exhibir y utilizar como argumento ante “el riesgo” de que se diluya la “catalanidad”. Hay que tener en cuenta que para un turboindepe la catalanidad solo tiene una forma de expresión: la suya. Cualquier otra concepción de lo que significa ser catalán –la que hoy se expresa mayoritariamente en el parlamento catalán y, por lo tanto, en Cataluña– es cosa de malos catalanes. A la ley le queda un camino empedrado. Necesita los votos de Podemos y de los diputados de Más Madrid. A la vez, el PP, a través de sus presidentes autonómicos que no quieren ser “el patio trasero de Cataluña”, lo que traducido resulta, que no quieren recibir a los inmigrantes que Cataluña pudiera rechazar utilizando arteramente la ley, van a recurrir la norma. El propio PP lo hará en Bruselas.

El exprimidor

Ítem más: este acuerdo tampoco garantiza al PSOE que Junts vaya a aprobar unas nuevas cuentas. Ventajistas como pocos, los de Junts ya han avisado que la de los presupuestos será otra negociación. Igual piden gestionar su espacio aéreo. Nunca se sabe qué será lo próximo. ¿Que los inmigrantes lleguen a la frontera con la barretina puesta?

No se trata solo de que el Estado se va desnaturalizando mediante la cesión permanente de competencias, es que se trata, además, de delegaciones competenciales a la carta. Se ceden en función del número de votos que se necesitan al territorio concreto del partido que posee esa fuerza institucional y no como parte de un proyecto de país, que podría ser discutible si respondiera a un diseño integral respecto a cómo los gobiernos autonómicos pueden implicarse en el control de fronteras y la gestión de la inmigración. La ley de amnistía, la financiación singular -tal y como la entienden los independentistas a falta de concreción-, y ahora la delegación de estas competencias a Cataluña construye una España asimétrica en derechos. Justo lo contrario a la igualdad entre ciudadanos y territorios. No es esto lo que se espera de la izquierda, sino lo contrario.

BREVERÍAS

El veneno y el cianuro

Escribió García Márquez que una cucharada de cianuro mata mucho más que una de veneno. En el ámbito de la corrupción política también es así. Los 25 millones de euros que el constructor y ex presidente del Real Madrid Fernando Martín pagó a la trama Gürtel para adjudicarse un pelotazo inmobiliario en Arganda del Rey (Madrid) cuando gobernaba el PP, mata menos que la sordidez que rodea a Ábalos. El daño causado por el ex ministro es contablemente muy inferior pero escandaliza más. Es el tipo que metió en las instituciones a una trama en la que se mezcla la corrupción, la prostitución y la amoralidad más absoluta. El otro solo es un constructor más corrompiendo a políticos. Los delitos de guante blanco son más asépticos. Llevan menos grasa adherida. Es la microcirugía de la corrupción. Pero cuando el dinero se convierte en prostitución, áticos, mariscadas, viajes oficiales a Abu Dabi, Londres o Moscú y en trabajos en dos empresas públicas para una novia, envenena mucho más. Tan deplorable es un caso como otro y Ábalos debería haber dejado su escaño hace tiempo. Ese tipo de comportamientos es cicuta para el socialismo. Lo de la Gürtel es un pozo sin fondo. La investigación acreditó que se movieron al menos 120 millones de euros en la trama corrupta. La confesión de Martín es solo un paso más.

Vox, el partido antipatriótico

Vox está con Trump o está con España. La decisión es así de divisiva. No hay más. Se aprueban y aplauden los aranceles anunciados del 25% que perjudicarán notablemente a sectores como la automoción, la banca o la energía o se rechazan y se está en contra. Trump ya le ha puesto fecha a los aranceles al campo europeo: el 2 de abril. Abascal y Vox (veremos si sus votantes) están a favor, aunque después vuelvan a subirse a un tractor pidiéndole el voto a los hombres y mujeres del campo. Lo apoyan todo acríticamente. Todos los disparates que impulsan Trump y su banda, la alianza y blanqueo de Putin, la humillación a Zelenski, la ruptura de alianza con la UE (culpando a los europeos, por supuesto) y cualquier ocurrencia. Vox es hoy el partido más antipatriota de España. Paradojas de quienes han hecho carrera política salvando la patria, salvo de ellos mismos.

Rajoy no se enteraba de nada

Rajoy no sabía nada de la operación Cataluña. Hablamos de las acciones concertadas desde el Ministerio del Interior para inculpar a líderes independentistas y familiares en supuestos casos de corrupción. Para ello utilizaron a las fuerzas de seguridad del Estado, con personajes turbios como el comisario Villarejo por medio, fabricaron dosieres falsos con la complicidad de medios que lo publicaban y después se judicializaban. Hasta 167 operaciones policiales se atribuyen a la llamada policía patriótica. “Desconozco todo sobre la política patriótica. Se han equivocado de interlocutor. Yo no pinto nada aquí”, dijo Rajoy esta semana en la Comisión de investigación del Congreso. Jorge Fernández Díaz, el ex ministro del Interior que estuvo al frente del tinglado, no sólo dijo desconocerlo todo, sino que elevó la negativa: “Lo juro ante los evangelios, la tal Operación Cataluña jamás existió”. Fernández está imputado judicialmente, al igual que su ex secretario de Estado, por esa operación. Los jueces parecen creer que sí existió y que además tiene nombres y apellidos. Rajoy, el hombre que no se enteraba de nada, aunque teniendo un ministro como Fernández, de torpeza legendaria, igual es que prefería no saber. .

La inversión latinoamericana se dispara en España

Las operaciones inmobiliarias de los inversores latinoamericanos se dispararon durante 2024 hasta los 523 millones de euros, cifra récord, según datos de la consultora CBRE. En 2023 la cifra fue sólo de 173 millones. México, Brasil, Argentina, Venezuela o Chile son los países de donde procede la mayoría del capital. La mayor parte de la inversión (75%) se concentra en Madrid, básicamente en propiedades de lujo y dentro del perímetro de la M-3O, seguido de Baleares y Andalucía y representa ya el 3,7% de la inversión total en el sector inmobiliario español. En reciprocidad, las empresas españolas está intensificando sus inversiones en Latinoamérica, especialmente en México, Colombia, Chile, Perú y Brasil. El 82% de las compañías que ya opera en aquel continente espera aumentar su negocio allí y reducirlo en la UE, EEUU, Canadá, Asia y África. La actual agresividad de Estados Unidos respecto a las empresas europeas impulsará este crecimiento. Mientras, Google Maps ya subtitula el Golfo de México, como Golfo de América, en cumplimiento de los deseos de Trump. La geografía siempre ha sido determinante en las estrategias bélicas. Ahora ha empezado por el nomenclator.