Las amenazas como método de hacer política

LOS socialistas aragoneses son los últimos españoles en sufrir los modos dictatoriales del presidente del Gobierno: Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar que no acepta a nadie que no haya sido elegido personalmente por él para asumir alguna responsabilidad en el partido, y ha vuelto a demostrar también que aquel que le planta cara tiene todas las de perder.

Los socialistas aragoneses, que era cosa sabida que no estaban conformes con la candidatura de Pilar Alegría a la secretaría general aunque llegara avalada por Moncloa, y se inclinaban mayoritariamente por el candidato de Lambán, han visto cómo ese candidato renunciaba a presentarse a las primarias en el último minuto, provocando así que Alegría tenga camino libre para erigirse en la próxima líder del PSOE aragonés.

Las razones de Darío Villagrasa para retirarse, buscar la unidad, no convencieron a nadie: tenía muchas papeletas para ser el elegido, hasta horas antes del anuncio de su retirada seguía luchando valientemente contra las consignas monclovitas y, además, se había convertido en la cabeza de los defensores de Javier Lambán, ex presidente del Gobierno aragonés y hombre de principios que siempre antepuso los intereses de Aragón a los intereses de Pedro Sánchez. Nadie cree que Villagrasa ha renunciado en aras de la unidad, sino que las presiones han sido insoportables.

Le ha ocurrido lo mismo que a Luis Tudanca en Castilla y León, a Juan Espadas en Andalucía o Juan Lobato en Madrid. Se resistió Miguel Angel Gallardo en Extremadura, y ganó la batalla, se impuso al candidato de Pedro Sánchez. Un Sánchez que no se atrevió con Emiliano García-Page, el único socialista que ganó las autonómicas con mayoría absoluta y que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha actúa según le dicta su propio criterio y, porque gana gracias al respaldo de los manchegos, se permite el lujo de hacer públicas sus discrepancias con Pedro Sánchez incluso en el discurso que pronunció una vez reelegido secretario regional de su partido el pasado fin de semana.

Las presiones, cuando llegan desde la presidencia del Gobierno, son difíciles de soportar: a las acusaciones de deslealtad se suman amenazas a los que intentan resistir: no formarán parte de la ejecutiva federal, se pueden ir despidiendo de candidaturas al Congreso o al Senado, alguna embajada o un cargo en algunas de las instituciones del Estado. Sin contar que ser un proscrito para el líder del partido supone que sus compañeros de partido, que en muchos casos son los amigos personales más cercanos, se van distanciando poco a poco del que se ha convertido en maldito.

Lo más curioso es que, en muchos casos, el candidato monclovita se resistía a presentarse a las primarias. La idea de Sánchez, que recibió el varapalo más importante de su vida política cuando perdió estrepitosamente las elecciones municipales y autonómicas de 2023, en las que el PP se hizo con la mayoría de los Gobiernos regionales y la casi totalidad de las alcaldías de las capitales, es presentar en las próximas elecciones a ministros que, por el cargo que ocupan, son conocidos en toda España.

Fueron serias las reticencias de María Jesús Montero y de Óscar López, que tienen difícil ganar a Juanma Moreno o a Isabel Díaz Ayuso, pero finalmente aceptaron no sólo porque han sido obligados a hacerlo, sino porque se les permitirá continuar en sus cargos hasta las próximas elecciones. Si no aceptaban, asumían riesgo de dejar en precario su futuro político.

Contra la corona

Sánchez es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en Moncloa. Cualquiera, sin tener en cuenta principios ni promesas. A estas alturas lo sabe toda España y, sobre todo, lo saben sus compañeros de partido y de Gobierno, que saben muy bien lo que les espera si no asumen sus instrucciones.

No conforme con haber diseñado un PSOE con dirigentes que no asumen más palabra que la que pronuncia Pedro Sánchez aunque contradiga a las que ellos defendían, Sánchez está tomando iniciativas muy precisas para alejar los peligros que pueden poner fin a sus ansias de permanecer en el poder. Para ello, no duda en desprestigiar a jueces y periodistas o colocar en centros de poder a jueces y periodistas afines. Y también le preocupa el Rey.

Don Felipe es un patriota en el sentido más amplio y comprometido de la palabra, nadie discute que su prioridad es la defensa de los intereses españoles y el prestigio de la Corona.

Pedro Sánchez le ha puesto infinidad de trampas para tratar de romper su trayectoria inequívocamente respetuosa con las leyes y con las competencias que le asigna la Constitución, pero el Rey no ha caído en ninguna de ellas. Tan burdas que se advertía a la legua que se trataba de maniobras, que tuvieron el efecto contrario al que se pretendía: hoy la mayoría de los españoles no sólo respetan al Rey, sino que se agranda su figura al ver cómo neutraliza las operaciones para minar su crédito.

Los periodistas son un peligro menor para el Gobierno, es fácil neutralizarlos colocando peones de lealtad absoluta al sanchismo en medios tan influyentes como Radiotelevisión España, Prisa o algunos periódicos –digitales sobre todo– siempre dispuestos a dar excelente trato a Moncloa. Recibe a cambio informaciones exclusivas o invitaciones para viajes presidenciales que antes, no ahora, estaban abiertos para todos los medios nacionales.

En cambio, a Moncloa preocupan los jueces, entre otras razones porque son los que debe investigar las informaciones que publican los periodistas “rebeldes” y decidir conforme a la ley. Preocupan especialmente en Moncloa todos los asuntos relacionados con la mujer y el hermano de Sánchez, las investigaciones sobre Ábalos –mano derecha de Sánchez durante años– y la imputación del fiscal general del Estado, a quien el propio presidente del Gobierno alienta para que aguante en el cargo.

Gobernar más allá de la legislatura

En el terreno judicial, lo que más inquieta al Gobierno es lo relacionado con la amnistía de los condenados por el procés, porque de la misma manera que Puigdemont ya no presta a Sánchez su apoyo incondicional, podría producirse una situación similar en ERC. Sánchez confía en que el Tribunal Constitucional le haga un nuevo favor y se pronuncie a favor de que la ley de amnistía pueda aplicarse sin la intervención indispensable de los jueces, pero es complicado. Aunque ante una situación complicada Sánchez no duda en recurrir al decreto ley para cambiarla.

Pretende hacerlo ahora, cuando llega la hora de que el Consejo General del Poder Judicial aborde los nombramientos de docenas de cargos, aplazados por los cinco años de bloqueo del CGPJ. El desbloqueo se llegó cuando PSOE y PP, bajo el paraguas de la Unión Europeo, acordaron un nuevo Consejo con 10 miembros de cada bloque, que elegiría al presidente conjuntamente y se comprometía a cambiar la fórmula de nombramiento de los consejeros. El PP propuso como presidenta a una magistrada considerada progresista, elegida por unanimidad… pero el PSOE no acepta las decisiones que se están tomando por mayoría y tampoco aborda el compromiso de elaborar y aprobar la nueva fórmula de elección.

Hoy el Consejo ha llegado a una situación impensable, con la presidenta, los consejeros elegidos por el PP y el consejero elegido por Sumar defendiendo las mismas causas. Entre ellas, los más importantes nombramientos, los presidentes de Sala del Supremo.

Dos magistrados de trayectoria intachable profesionalmente, Pablo Lucas y Andrés Martínez Arrieta, son los que cuentan con más posibilidades de elección porque les apoya el voto mayoritario, aunque les falta uno para la mayoría absoluta. Al Gobierno se le ha ocurrido una fórmula para impedirlo si la mayoría lograra finalmente el voto necesario: un decreto ley que obligue a que los nuevos presidentes de Sala del Supremo a permanecer en el puesto los cinco años de mandato. Tanto Lucas como Arrieta tienen 70 años, están a punto de tenerlos, y podrían continuar como jueces hasta los 72, pero no llegarían a final de mandato.

Por el Madrid político corre la especie de que Pedro Sánchez se plantea convocar elecciones. Si es cierto, sólo él lo sabe. Pero lo que se percibe es que está dispuesto a aguantar lo que sea porque no tiene garantías de gobernar si hay elecciones. Así que, mientras, legisla exclusivamente para llegar a final de legislatura… y más allá.