Cataluña gestionará el control de fronteras y la devolución de inmigrantes "en coordinación" con el Estado

El acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts establece la delegación de competencias estatales fundamentales en la gestión migratoria, como la seguridad de puertos y aeropuertos, que asumirán los Mossos junto a la Policía y la Guardia Civil, la gestión de los CIE y la devolución de migrantes.

Así se refleja en la proposición de Ley Orgánica de Delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de Competencias Estatales en Materia de Inmigración, registrada a primera hora de este martes.

El texto consta de una larga exposición de motivos, trece artículos, tres disposiciones adicionales y una disposición final única que marca que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

En el texto, PSOE y Junts aseguran que se dan "todas las condiciones" precisas para que la Cortes aprueben esta proposición de ley orgánica, para lo que es necesario mayoría absoluta en las Cortes y, por tanto, el apoyo de todos los socios de investidura de Pedro Sánchez.

De momento, Podemos ha expresado su rechazo a la proposición tras proclamar que sus votos son para conquistar derechos, no para que "los arreglos del PSOE con Junts le abran la puerta al racismo".

Estas son algunas de las claves de la proposición de ley registrada este martes bajo el sello de los dos grupos:

Los Mossos, "policía integral" en puertos y aeropuertos

A través del acuerdo, el Gobierno delega en la comunidad autónoma el ejercicio de todas las funciones comunes en los puertos y aeropuertos a través de los Mossos, a la que designa como "policía integral".

Cita entre estas funciones garantizar la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, el mantenimiento del orden, la seguridad ciudadana y la prevención e investigación de actos delictivos.

Se delega a la Generalitat "la emisión del informe previo favorable para la habilitación de puestos habilitados para el acceso de personas extranjeras en puertos o aeropuertos".

La Junta de Seguridad de Cataluña será "el órgano bilateral de coordinación y cooperación de las facultades en materias de inmigración que ejerzan las fuerzas y cuerpos de seguridad de ambas administraciones".

El acuerdo incluye un aumento de la plantilla de los Mossos d'Esquadra, que deberá llegar "progresivamente" a los 26.800 efectivos en 2032, lo que supone un aumento de 1.800 efectivos respecto a la situación actual.

Y fija que será este cuerpo el que ejercerán las funciones para la prevención, persecución, protección y asistencia de las víctimas de trata y explotación de seres humanos.

Expulsión de migrantes

En cuanto a la expulsión y devolución de migrantes, se delegan las facultades de control de frontera relativas a la ejecución de la normativa del Estado en materia de devolución de personas extranjeras en Cataluña. Y, a estos efectos, los Mossos, "como policía integral", actuará en los puestos habilitados para el acceso de personas extranjeras en puertos y aeropuertos en colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de acuerdo a los criterios que se establezcan en la Junta de Seguridad de Cataluña.

La proposición ley hace una precisión y señala que la Generalitat ejecutará las expulsiones que no requieran la tramitación de un expediente y, en el resto, se ejecutarán a partir de la propuesta formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña.

Gestión integral de los CIE

El acuerdo alcanzado por PSOE y Junts establece la delegación a Cataluña de la gestión integral de los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE), que incluye la dirección, coordinación, gestión e inspección de los centros.

Se hace referencia expresa a la designación de los empleados públicos que desempeñen funciones de dirección y seguridad y a la adoptación de actuaciones para la prestación de servicios de asistencia sanitaria, social, jurídica, cultural y lingüística.

También se establece la delegación de los traslados de internos en el interior del territorio y que la Generalitat fijará los mecanismos de control e inspección policial y administrativo del funcionamiento de los CIE, en los términos establecidos en el reglamento que los regula.

Expedición de NIE

Con el acuerdo, queda delegada la emisión de tarjetas de identificación de las personas extranjeras autorizadas por Cataluña para vivir, estudiar o trabajar, "comunicándoselo a la Dirección General de la Policía" y bajo los criterios establecidos de la Junta de Seguridad de Cataluña.

Permisos de estancia de larga duración y de residencia temporal y de larga duración

Se delega a la comunidad autónoma de Cataluña la competencia para tramitar las autorizaciones de estancia de larga duración de las personas extranjeras que vayan a permanecer en Cataluña para realizar una actividad académica, los permisos de residencia temporal y los de larga duración, así como las posibles prórrogas, recursos o extinciones de tales autorizaciones.

Contrataciones en origen

Se delega establecer la previsión anual de las ocupaciones y, en su caso, de las cifras previstas de empleos que se puedan cubrir a través de la gestión colectiva de contrataciones en origen en un período determinado en relación a las necesidades de Cataluña.

Para ello, la Generalitat recabará las solicitudes formuladas por las organizaciones empresariales y sindicales catalanas y, en cuanto a las demandas de las empresas, una delegación de la comunidad estará presente en las comisiones de selección creadas en los acuerdos firmados entre España y terceros países.

Mediante este acuerdo, el Gobierno de España se compromete a informar a la Generalitat sobre la negociación de instrumentos internacionales con terceros países en esta materia, sin perjuicio de que la comunidad autónoma podrá consignar sus propios acuerdos en los términos establecidos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Colaboración con el Estado

En su artículo 12, titulado Normas generales de la delegación, la proposición establece que el ejercicio de todas las competencias delegadas se ejercerán en coordinación, cooperación y colaboración con la Administración del Estado y ambas administraciones se informarán mutuamente para su correcto funcionamiento.

En la Comisión Bilateral será donde se resuelva las discrepancias, si las hubiera, y en caso de que no se alcanzara un acuerdo, ambas administraciones se reservan "los mecanismos de control constitucionales, estatutarios y legales" establecidos en la Constitución.

El acuerdo fija que el traspaso de competencias requiere un traspaso de medios personales, patrimoniales y presupuestarios, que serán asumidos por Cataluña en un plazo máximo de seis meses de la entrada en vigor de la ley.

Y que ambas administraciones cooperarán y colaborarán para asegurar la plena inclusión e integración de la población extranjera en la región.