Antonio Hernández Rodicio
'Borraxeira' política
Dietario de España
La buena marcha de la economía española se ha convertido en el mayor logro del Gobierno. Las previsiones se renuevan periódicamente al alza. Esta semana, el FMI ha revisado el crecimiento para España para este año añadiéndole 0,5 puntos (hasta el 2,9%), dos décimas por encima de lo que calcula el propio Ejecutivo y muy por encima del pírrico 0,8 de la Eurozona, lastrado, entre otras cuestiones, por el parón crítico de la economía alemana, en pleno cambio de modelo productivo, con déficit de inversión en infraestructuras e innovación y sobre todo por el final abrupto de un tiempo en el que la energía barata llegaba desde Rusia y China.
El resultado que se vaticina para España es el mejor entre las grandes economías del planeta. Sólo EEUU con un 2,8% le aguanta el ritmo. Incluso el INE, experto en subestimar el crecimiento, ha sumado 77.000 millones más al PIB entre 2021 y 2023. Hay 21 millones de personas empleadas (11,2%), el PIB alcanza 1,5 billones y los ingresos públicos superan los 600.000 millones. Las cosas van bien. Eso dicen los datos. Y los datos son incontestables.
Sin embargo, España es un griterío permanente. La siembra de la idea del caos oscurece cualquier claro en el cielo. Y el marcaje adverso e hiperbólico a toda acción del Gobierno ha creado un marco tan negativo que impide ver los árboles. Sin embargo, no es el motivo principal por el que el Ejecutivo es incapaz de hacer que esos datos permeen y el optimismo sea compartido. Porque mucho más poderoso que cualquier campaña a la contra es el hecho de que los ciudadanos no perciben que este crecimiento mejore sus vidas. La macro y la micro. La buena marcha de la economía española está desacoplada del día a día.
La inflación, aunque empieza a estar bajo control, deja unos precios altísimos que nadie espera que bajen, lo que anula parcialmente el efecto de la subida salarial. Los productos básicos están caros o muy caros. Los alquileres, imposibles. La compra de vivienda es una utopía para la mayoría de la población. Los salarios no crecen lo suficiente para cerrar el gap. Y el consumo está un 4% por debajo de los niveles previos al Covid. Las rentas de las familias sigue por debajo de la que disfrutaban hace 18 años y el panorama general, a pie de calle, es que la vida está cuesta arriba. Los datos de la macro son estupendos y mejor no pensar en lo contrario, si estuviéramos a pique de una crisis y entrando en una espiral de destrucción de empleo. Pero lo cierto es que la gente no siente que las cosas les vayan bien. Y contra eso sólo sirven los hechos. Ningún relato sustituye a la contundencia de los hechos.
El consejero delegado del Banco Santander España, Ignacio Juliá, ha demandando esta semana al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar que el crecimiento de estos años sea sostenible en el futuro. A su juicio, no se está haciendo lo correcto. Básicamente porque sostiene que el marco regulatorio no ayuda a la financiación de las inversiones transformadoras de la economía. Está bien. Juliá hace su trabajo. El problema es saber quién piensa en adoptar medidas para que la bonanza económica se proyecte directamente sobre la vida de la gente y no sólo sobre la economía financiera, que incide lógicamente sobre las economías domésticas pero a su manera, a su ritmo y según sus propios intereses.
Hay buenas ideas que quedan varadas en el debate parlamentario, otras que fracasan por meros intereses partidistas (la aplicación de zonas tensionadas para vivienda, por ejemplo) y otras iniciativas necesarias que simplemente ni se formulan. Las ayudas alivian pero no alteran la realidad. No se trata de eso: la clave es que los ciudadanos perciban que sus expectativas de futuro mejoran. Tener 250€ más en el bolsillo coyunturalmente sólo es una tirita para una patología que requiere cirugía.
El Banco de España ha enumerado con claridad las tareas pendientes: mejora de la productividad (se sitúa hasta un 15% por debajo de la Eurozona) debido al pequeño tamaño y la mortandad de nuestras empresas, entre otras causas; aumentar el número de empresas innovadoras (muy escaso); la mejora de los presupuestos para investigación, desarrollo e innovación; la recuperación de la confianza institucional y de la eficiencia de las administraciones; políticas públicas de calidad y evaluables. El informe del Banco de España exige afrontar los desafíos urgentes: cambio tecnológico: robótica e IA, y el envejecimiento de la población trabajadora, cuya edad media ha aumentado sólo en seis años de 37,5 a 43,5 años, como fórmula que permita rebajar la tasa de paro, que pese a su nivel de empleo histórico sigue duplicando a la de la UE. Entre los riesgos adicionales de país, la entidad bancaria señala tres: dificultad en el acceso a la vivienda, elevado riesgo de pobreza o exclusión social y la exposición al cambio climático. Acometer con éxito ese paquete de tareas va mucho más allá de sostener el crecimiento al modo en que lo entienden los bancos y su ejecución haría comprender a los ciudadanos que la economía, en efecto, va viento en popa también para ellos.
Hacen falta estrategias económicas realmente transformadoras, pero posiblemente también urge encontrar otras fórmulas económicas para medir el progreso real de la población. El PIB permite comparar el tamaño de todas las economías del mundo pero no mide el bienestar.
La economista india Jayati Ghosh, profesora en la Universidad de Massachusetts Amherst y vinculada a la Red Internacional de Economistas Heterodoxos del Desarrollo, sostiene que debe cuestionarse el PIB como medida de progreso, que sigue siendo el indicador básico, pero cuyos defectos impide que la gente perciba la buena nueva que anuncia la trompetería macroeconómica. Durante el Covid sí se percibió al Estado. Las ayudas a empresas, a autónomos, los ERTE y demás acciones del catálogo de medidas extraordinarias dibujaron a un Estado que rescataba a la población de sus horas más negras. Las medidas actuales –a salvo de emergencias– se hacen pequeñitas ante los problemas cotidianos de la ciudadanía.
Enfrente, con fuerza creciente y a la espera de las elecciones en EEUU para comprobar si el discurso y la acción excede los límites, la conversación se intensifica en torno a la supuesta eficiencia de los mercados financieros sin regulación, al efecto dañino de las políticas fiscales para la creación de empleo, a la necesaria contención de los salarios y la urgencia de poner límites a las políticas de protección climática. Y por supuesto, un discurso ya casi mainstream contra la inmigracion, pese a que es uno de los vectores clave para el sostenimiento del estado de bienestar. El presidente de la empresa familiar, Ignacio Ribera, ha llamado estos días al Gobierno a "no pasarse de rosca". La Agencia Tributaria elevó los beneficios del margen empresarial durante 2023 al 12,8% sobre ventas, un récord histórico desde la serie disponible, que empezó en 2009. Los gravámenes y tasas debe manejarlos el Gobierno con cuidado y evitar la doble imposición sobre el beneficio. Pero la boyantía del sector empresarial no es compatible con sus renuencias, alertas y amenazas de desinversión.
"El pecado original podría ser que se ha excluido del discurso económico el concepto del poder, y eso no hace sino reforzar las estructuras y los desequilibrios de poder existentes. Se encubre el mayor poder del capital en comparación con los trabajadores; la explotación insostenible de la naturaleza; el trato diferenciado de los trabajadores en función de la segmentación del mercado laboral social; el abuso privado del poder del mercado y la búsqueda de rentas económicas o el uso del poder político para impulsar intereses económicos privados", dice Gosh, autora de Un planeta para todos, un alegato sobre límites del crecimiento, las desigualdades y la sostenibilidad.
No se le puede pedir a España que sea líder en nada cuando no lo es la UE. No es líder Europa ni en tecnología ni en industria ni en Defensa, por citar tres áreas básicas para definir los liderazgos en el siglo XXI. Ninguna de las diez grandes big tech del mundo son europeas. Muchas de las grandes industrias europeas se deslocalizaron en los ochenta buscando mano de obra barata y apartando las actividades molestas. Y así India o China se han encaramado al podio. El informe sobre la competitividad europea de Enrico Letta es contundente: la UE no competirá en el mercado global si no se integran los mercados financieros, las telecomunicaciones, la energía y la defensa. La fragmentación actual es música para los oídos de EEUU, China, India e incluso para los países emergentes.
La UE se ha quedado con dos liderazgos. El primero es el de los derechos. Es el territorio del planeta que más derechos garantiza a sus habitantes, pero sin las palancas económicas que produzcan la riqueza suficiente para pagar y garantizar el disfrute de los mismos. El segundo es el del patrimonio y la belleza, de cuyo reverso emerge una Europa como parque temático incomparable para turistas adinerados del resto del planeta.
La política tiene la obligación de transformar las realidades deficientes y de dar soluciones a los problemas. Si se queda en pura retórica de derechos se asfixiará por ineficaz y se terminará cuestionando la grandeza de los sistemas democráticos. No faltan corrientes en el planeta que defienden que incluso ser cuna de la democracia está sobrevalorado: hay informes que acreditan que los países que dejan de ser una democracia mejoran su PIB. También hay otros de signo contrario y calculan que el aumento global de la democracia en el mundo durante el último medio siglo (más de un 30%) ha generado un PIB mundial un 6% más elevado. Las libertades civiles, la inversión privada y la minimización de los conflictos sociales son elementos consustanciales a una democracia que coadyuvan al crecimiento. Parecería que China sería el ejemplo a seguir dada la capacidad de su Ejecutivo de imponer las decisiones políticas orientadas a la mejora de la economía, máxime en plena crisis de las democracias liberales, incapaces de combatir las desigualdades y la desconfianza en las instituciones.
Podemos parece agarrarse a la idea de que la crisis de la vivienda explosionará y generará otro 15-M que traerá aparejado nuevas oportunidades políticas. No es fácil saber si llegará a tanto, pero es obvio que es un asunto que ya arde en llamas. Salarios bajos y vivienda inaccesible son dos variables que combinadas dibujan un negro panorama para la que decimos que es la generacion mejor formada de la historia de España. El deterioro alarmante de la sanidad pública es un acelerador letal para cualquier Gobierno. La caída del sistema sanitario es tal que necesitará muchos años para recuperar el tono. En realidad, si se mira bien, el Gobierno tiene suerte de que no haya ya barricadas en la calle. Barricadas de gente frustrada y a punto de hacer las maletas entre titulares que proclaman la fortaleza de la economía española, que no deja de ser una verdad acreditada.
El fraude que representa la salida de Errejón de la política debido a denuncias por acoso sexual es el puro paradigma de la contradicción política entre el discurso y la práctica. Entre lo que se dice en la tribuna y cómo se conduce en su vida privada. Una decepción más de la generación política emergida con el 15-M. Errejón –el Congreso pierde a uno de sus mejores oradores– tendrá que afrontar al menos una denuncia por supuestos delitos de acoso a una conocida actriz. En su despedida se ha marcado un discurso barroco y que vira entre la admisión de los hechos y lo autoexcupatorio. Y algo que dice especialmente grave: "En la primera línea política y mediática se subsiste y se es más eficaz con una forma de comportarse que se emancipa a menudo de los cuidados, de la empatía y de las necesidades de los otros". Aparte de que el discurso pide un diván urgente, sostener que sólo se puede ejercer responsabilidades políticas comportándose como un depredador y dando rienda suelta a psicopatías varias es un dislate añadido. Pues no lo parece, la mayoría de los políticos ejercen su oficio con dignidad, sin avasallar ni pisar a nadie y sin creerse con derecho a hacerlo. Cree el Errejón que todos son de su misma condición.
Zapatero se inventó la geometría variable para tejer acuerdos con casi todo el arco parlamentario. Lo de Sánchez es más complejo. Sumar se ha desmarcado votando con el PP. El Gobierno no podrá enviar tropas a conflictos bélicos sin la autorización del Congreso. Ese es el resultado, en el que también ha estado Podemos, integrado en un Grupo Mixto sui generis, con dos ex ministros: Ábalos y Belarra.
Decía Iñaki Gabilondo que los partidos creían que al ganar unas elecciones en el lote iba una tele pública y unas cajas de ahorros. Las cajas ya no existen y la tele ya veremos si sigue siendo prescindible a efectos de servicio público. El decreto ley aprobado esta semana para desbloquear la interinidad de la presidencia del ente público es difícil de tragar. Reduce la necesidad de grandes acuerdos para elegir consejeros, que podrán ser electos en segunda ronda con mayoría absoluta en las cámaras. Entre los 15 miembros habrá representantes de ocho partidos. Lo que no está garantizado es que esta reforma sirva para ganar en profesionalidad ni para garantizar la independencia editorial de la televisión pública.
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