El fiscal sospecha que el número dos de Interior alertó a González

La Fiscalía Anticorrupción se opone a la excarcelación de Ignacio González, en prisión por el caso Lezo, ante el riesgo de fuga y de manipulación de pruebas, y vincula al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, con la "chivada" que supuestamente alertó al ex presidente madrileño de la operación Lezo.

En su informe, en respuesta al recurso de apelación interpuesto para reclamar su puesta en libertad tras su ingreso en prisión el 21 de abril, la Fiscalía destaca que el juez Eloy Velasco valoró ya en el auto de prisión "la gravedad de la comunicación con el secretario de Estado de Seguridad por lo que ello puede implicar",

Recuerda en este sentido la conversación que se grabó en el despacho del ex presidente madrileño a los hermanos Ignacio, Isabel (diputada madrileña) y Pablo González, éste último también en prisión eludible bajo fianza de 4 millones de euros.

En esa conversación, del 6 de marzo, se "evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación chivada del secretario de Estado de Seguridad", refiriéndose a Nieto, quien admitió una reunión con Pablo González dos días después de la reunión de los hermanos.

Los fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen García, relatan cómo antes de esa reunión Pablo González contactó con sus hermanos y en una de esas llamadas al hablar de Ignacio dice: "Le habían avisado de que tenía pinchados los teléfonos... Vamos, vamos se quedó un poco preocupado".

Añade además que el propio González admitió que contactó "con algún alto cargo de la Policía Nacional para saber "cómo estaban algunas cosas y conocer si tenían algún informe que le afectase" y también reconoció que recurrió algún miembro del Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal o de la Policía "para conocer el estado de sus casos, aunque manifestó no recordar con quien".

"Los investigados han ampliado su círculo de acción a distintos sectores de la administración pública con influencias en el ámbito de las carreras judicial y fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, todo ello para lograr la impunidad de sus acciones", destacan los fiscales.

"Para ejecutar esta acción de entorpecimiento de la investigación" González y su hombre de confianza en

Latinoamérica, Edmundo Rodríguez, recurrieron "a personas perteneciente al ente público Canal de Isabel II, a la del Cuerpo Nacional de Policía y a personas vinculadas a la política y el Poder Judicial".

El secretario de Estado de Seguridad exigió a los fiscales al frente de la operación Lezo que aclararan si le imputan algún delito o que, en caso contrario, emitieran una nota aclaratoria matizando o desmintiendo este extremo. En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, remitido ayer por la tarde a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Nieto exigió saber si "los cargos que se le imputan y sobre la base de qué hechos objetivos". Anticorrupción aclaró al respecto que "en modo alguno se quiere imputar ningún delito" a Nieto.

Sobre el desvío de fondos, la investigación tiene ya acreditado que el ex presidente madrileño "disfrutaba de un nivel de vida incompatible con sus fuentes de renta" y en cuanto al arraigo familiar invocado para obtener su excarcelación, la Fiscalía apunta a que la "mayor parte de los miembros de la familia" "presuntamente han intervenido en las actividades investigadas".

En otro informe, los fiscales también se oponen a la puesta en libertad de Edmundo Rodríguez, cesado hace un año como presidente de Inassa, la filial latinoamericana del Canal de Isabel II. Principalmente porque el "ingente dinero público desviado permanece oculto", afirma el fiscal, que hace hincapié en el "uso indiscriminado" que se hizo de la empresa pública que presidió Rodríguez de 2003 a 2016.