La Fiscalía y la Abogacía defienden en el Supremo la amnistía de Puigdemont por malversación

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido este lunes a un tribunal de apelación del Supremo que amnistíe la malversación al ex presidente catalán Carles Puigdemont. En el caso de la fiscal, ha considerado que el magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, --así como la Sala de lo Penal-- se "inventa" que los encausados experimentaran un enriquecimiento personal al cargar al erario público la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Así se han pronunciado en la vista pública celebrada este lunes para la exposición de los recursos de apelación presentados contra la decisión del Llarena de no aplicar la ley de amnistía a los procesados en rebeldía. La Sala de Apelaciones, conformada por Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Polo, ha escuchado también a la acusación popular ejercida por Vox y a las defensas.

La vista tiene lugar después de que el pasado julio Llarena rechazara aplicar la amnistía al delito de malversación por el que están procesados Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Las defensas recurrieron aquella en reforma, pero el magistrado se ratificó en su postura dos meses después, en septiembre. Finalmente, presentaron un nuevo recurso, que han defendido este lunes.

La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, se ha mostrado a favor de que el tribunal estime dichos recursos y les aplique la amnistía. "Cualquier persona que sepa leer las normas y que conoce los hechos de esta causa sabe que caen dentro del ámbito objetivo y temporal de la ley", ha señalado, al tiempo que ha defendido que no se puede "pretender obviar" la aplicación de la norma.

La Fiscalía ha defendido que la actuación de Puigdemont, Comín y Puig es amnistiable porque ni hubo enriquecimiento personal ni afectaron los intereses financieros de la Unión Europea. "Señalar que los actos se realizaron para obtener un beneficio personal patrimonial es cuanto menos sorprendente", ha manifestado.

Ha incidido en que en la causa "nunca" se ha señalado "ni por el instructor, ni por la acusación pública, ni por la particular, ni por la popular" que se tuviera por acreditado que la actuación fuera encaminada a obtener un beneficio personal patrimonial, al tiempo que asegura que el tribunal ahora se "inventa" dicho ánimo.

Además, ha reiterado que "no han sido empleados fondos europeos". "Los fondos pertenecían a la Generalitat exclusivamente y esto está acreditado hasta la saciedad en la causa", ha apuntado.

Así, Sánchez Conde ha defendido la postura de la Fiscalía, que desde el pasado junio sostiene que se deben amnistiar la malversación y la desobediencia que se les atribuye a los líderes del procés al entender que no hacerlo "dejaría prácticamente vacío de contenido lo dispuesto" en la norma.

Este lunes también se ha pronunciado la Abogacía del Estado, que ha pedido al tribunal de apelación del Supremo que estime los recursos de apelación que presentaron Puigdemont, Comín y Puig.

Las defensas reclaman la amnistía

Por su parte, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha centrado su intervención en defender que el Supremo no es competente para aplicar la ley de amnistía a los procesados del procés. "Sin lugar a duda tenemos razón", ha dicho. A su juicio, "esta facultad y deber de aplicación de la ley corresponde al TSJ de Cataluña y no a la Sala Segunda del Supremo (...) porque Puigdemont fue elegido diputado de Cataluña".

Al hilo, ha señalado que "a estas alturas no es necesario entrar en un gran debate sobre la aplicación o inaplicación de la ley. "Podemos acogernos al voto particular de Ana Ferrer, que explica por qué esta ley debe ser aplicada", ha añadido.

Con todo, ha incidido en que cualquier decisión que adopte el Supremo "conllevaría la vulneración del juez prestablecido por la ley", porque entiende que quien debería pronunciarse es el TSJ catalán.

En la misma línea se ha manifestado el abogado de Puig, Jaume Alonso Cuevillas, quien ha coincidido en que la competencia para aplicar la amnistía es del TSJ de Cataluña, al tiempo que ha defendido que debe aplicarse la amnistía. "Basta saber leer para entender que la ley (de amnistía) es plenamente aplicable al supuesto que nos ocupa", ha señalado el letrado al inicio de su intervención

Sobre este extremo, ha incidido en que "cualquier ciudadano español es plenamente consciente de que (...) esta ley está pensada para este supuesto". A partir de aquí, cualquier interpretación que intente apartarse de lo que clara y manifiestamente ordena la ley no es sino un intento de imponer la propia voluntad por encima del mandato del legislador", ha añadido.

La defensa de Puig ha instado al tribunal a corregir la decisión de Llarena al considerar que "no pueden mantenerse unos razonamientos absurdos como los que mantiene la resolución recurrida".

En la vista de este lunes también ha intervenido la defensa de Marta Rovira para pronunciarse en contra del recurso de Vox, que se opuso a que Llarena viese amnistiable el delito de desobediencia por el que está procesada. Con todo, su letrado, Íñigo Iruin, ha defendido --al igual que el de Puigdemont-- que el órgano judicial competente para estudiar su caso es el TSJ catalán y no el Supremo. "El instructor se declaró incompetente", ha recalcado en referencia al delito de desobediencia.

Vox, en contra de los recursos

Por el contrario, Vox ha mostrado su oposición a corregir la decisión de Llarena de no amnistiar la malversación del 'procés' y ha afeado a la defensa de Puigdemont que insista en que el Supremo no es el órgano competente para pronunciarse.

"Si un acto es ilícito no puede ser amparado por ninguno de los instrumentos de derecho, mucho menos por esta ley de amnistía. No es porque el Supremo haya tenido una interpretación extravagante, es porque así lo dijo el Constitucional con las leyes de desconexión", ha señalado en la vista la coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro.

Ya en declaraciones a la prensa a la salida del TS, Boye se ha mostrado "sorprendido" de que "en un día como hoy Vox venga a hablar de malversación", aludiendo así a la investigación que la Fiscalía Anticorrupción lleva a cabo por presunta financiación ilegal del partido político en base a una denuncia presentada el pasado diciembre por el PSOE, que señala un préstamo de un banco húngaro.

En lo tocante al recurso de apelación, ha incidido en que se han remitido al voto particular de la magistrada progresista Ana Ferrer para denunciar lo que entienden como una "evidente" vulneración de derechos fundamentales" por la no aplicación de la amnistía, al tiempo que ha afeado al TS que "lleva cuatro interpretaciones del delito de malversación en siete años".

Asimismo, ha recalcado que la aplicación de la amnistía debería estudiarla el TSJC porque, si bien han discutido la competencia del TS desde "el día uno", "a partir de que ninguno de los afectados es eurodiputado creo que no hay discusión posible". En la misma línea, el abogado de Rovira ha confiado, también en declaraciones a la prensa, en que el caso de su cliente acabe en la Audiencia Provincial de Barcelona.

En cuanto a Vox, Castro ha defendido ante los medios que "esta ley es inaplicable" porque "destroza los principios constitucionales" y "la separación de poderes", al tiempo que "se aparta sustancialmente de la doctrina que ha venido manteniendo el Tribunal Supremo sobre la malversación desde hace más de 50 años".

"Se pretende que los jueces no hagan su trabajo. Se pretende que venga una legislación a la carta para lograr que los siete votos que fueron necesarios para la configuración de este Gobierno ahora sean amnistiados, la corrupción legal, política, económica y moral del Gobierno y de sus socios", ha remachado.