El Gobierno aprueba una reforma que "blinda" el sistema de la dependencia y diseña nuevo modelo de cuidados

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros, en primera vuelta, el anteproyecto de ley presentado por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, para la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que "blinda el sistema de la dependencia" y se adapta a "las necesidades del siglo XXI".

"Esta reforma que presentamos hoy acaba con los recortes del Partido Popular, blinda el sistema de la dependencia y diseña un modelo de cuidados que fortalece el estado del bienestar y lo proyecta hacia las necesidades del siglo XXI", ha manifestado Bustinduy este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según ha indicado, el desafío "no es solo atender a más personas" sino "hacerlo de tal manera que se garantice el derecho al bienestar, el derecho a la autonomía, el derecho a una vida independiente" y "avanzar hacia un modelo que permita que las personas permanezcan en su domicilio" el tiempo que deseen, con los apoyos y los servicios necesarios.

Entre otras medidas, el ministro ha destacado que se aprueban dos derechos: el derecho a la teleasistencia, que pasa a ser entendido como un derecho subjetivo, con un enfoque preventivo; y el derecho a la accesibilidad universal, como requiere el artículo 49 de la Constitución.

Entre otros objetivos, la reforma busca "agilizar los procesos administrativos, evitando sobrecargas burocráticas" y, por ello, la reforma incluye medidas como la asimilación de las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia (en cualquier grado) a una discapacidad del 33%.

Asimismo, con el objetivo de "eliminar rigideces e ineficiencias" y mejorar la "flexibilidad" del sistema, el anteproyecto suprime el régimen de incompatibilidades entre distintas prestaciones que, según recuerdan fuentes del Ministerio, fue "impuesto con los recortes de 2012. Esta medida permitirá a las personas recibir varias ayudas simultáneamente, por ejemplo, el centro de día y la ayuda a domicilio.

Igualmente, se elimina el periodo suspensivo de dos años que retrasaba el acceso a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y se simplifican los trámites administrativos en la revisión del Programa Individual de Atención (PIA).

Al mismo tiempo, se establece un procedimiento de urgencia para situaciones de especial vulnerabilidad, en la misma línea que la ley ELA, en caso de demencias, aislamiento social, violencia de género o precariedad económica, factores que permitirán reordenar el tratamiento de los expedientes.

Por otro lado, se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, permitiendo que también pueda recibir la ayuda cuando el cuidado sea prestado por parejas, amigos u otras personas allegadas, respondiendo a nuevas situaciones de convivencia o a situaciones de personas que viven solas.

Además, el servicio de ayuda a domicilio que estaba centrado en necesidades de cuidado personal y domésticas, se extiende a actuaciones en el entorno comunitario, pudiendo ampliarse a actividades como hacer la compra o ir al médico.

La reforma también incluye una serie de medidas para facilitar esa concreción del derecho a la accesibilidad universal, como la creación de un fondo para la promoción de la accesibilidad universal, que se va a ocupar de emprender todos los trabajos que sean necesarios para que los espacios y los servicios públicos sean accesibles, por ejemplo, dentro del Sistema Nacional de Salud o en los museos estatales.

Esfuerzo "sin precedentes" en la financiación

En definitiva, Bustinduy ha destacado que es "una reforma ambiciosa" y "extraordinariamente positiva" para el cambio del modelo de cuidados, y ha asegurado que "va acompañada de un esfuerzo sin precedentes en la financiación de la dependencia". Según ha precisado, en el año 2024 se alcanzaron los 3.411 millones de financiación para el sistema de la dependencia desde la Administración General del Estado.

"Esto es un máximo histórico. Supone un 150% más que respecto al año 2018 y un 200% más que respecto al año 2014. Hay pocos precedentes en el ámbito de las políticas públicas y de las políticas sociales de un esfuerzo presupuestario de esta naturaleza", ha enfatizado.

Así, ha añadido que a pesar de estar en un contexto de prórroga presupuestaria, la contribución de la Administración General del Estado "incrementó en 213 millones de euros" los fondos destinados a esta materia y completó las transferencias a las comunidades autónomas del componente 22 del plan de recuperación de los fondos europeos, con "transferencias por un valor de 2.628 millones".

"Quiero desmentir categóricamente que se hayan congelado los fondos para la dependencia", ha subrayado el ministro, al tiempo que ha insistido en que "el compromiso de este Gobierno con mejorar la financiación del sistema de la dependencia está fuera de toda duda". "Ratifico el compromiso reflejado en el acuerdo de Gobierno de mantener esta senda de incremento histórico en los próximos presupuestos generales del Estado", ha asegurado.

Por ello, ha apelado a los grupos parlamentarios para conseguir un consenso como el que se alcanzó para la reforma del artículo 49 de la Constitución Española. "Confío en que el mismo consenso social y político que permitió la reforma del artículo 49 de la Constitución permita que estas reformas vean la luz cuanto antes y que por tanto avancemos hacia el modelo público universal de cuidados que la ciudadanía de este país demanda y que creo que nuestro Estado del Bienestar merece", ha zanjado.

Además, ha destacado que con la reforma de estas leyes, una de las cosas que están intentando hacer es aplicar lo aprendido en la pandemia del Covid-19. "En la pandemia aprendimos que el modelo de las macro residencias no es lo que deseamos para nosotros ni para ninguna de las personas a las que queremos. Se trata de hacer todo lo contrario", ha resumido Bustinduy, concretando que "el tiempo de las macro residencias se acabó".